El dia 7 de julio de 2010 una colega latinoamericana preguntaba sobre la “problemática de la ley de aborto en España”. A esta colega le contaba públicamente que este día entraba en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que permitía a las mujeres que vivimos por estas latitudes interrumpir embarazos sin explicar nada a nadie hasta la semana 14. Con esto, el aborto libre dejaba de ser un delito y se convertía (25 años después de la ley que estaba vigente hasta entonces), en un derecho real y gratuito.
La ley del 2010 equiparaba por fin al “reino”, a esta España borbónica, conservadora y que aun no logra separar Iglesia de Estado, a la mayoría de los países europeos marcando un plazo de aborto libre hasta la semana 14 del embarazo, pero con un período previo de reflexión obligatorio de tres días. “¿Tú te imaginas? – le decía a mi colega- ¡72 horas “te dan” para “repensar” lo que quieres hacer!”. ¿Qué se debe hacer ante esto? ¿Dar las gracias, por intentar convertirme en un espíritu libre y reflexivo? Al día de hoy no entiendo por qué alguien me tiene que obligar a reflexionar sobre una decisión que habría tomado –por supuesto- no a la ligera.
Me trae a la memoria la consulta popular que hizo Felipe González a la ciudadanía por allá por los 80’s. En esta consulta se decidiría si se entraba o no en la OTAN. Como la gente dijo que no, González, sabedor de que el pueblo atraviesa por una infancia per omnia saecula saeculorum, incapaz de dilucidar entre qué es bueno o malo, se tuvo que repetir la consulta y retorcer retóricamente la pregunta para que fuese imposible negar la entrada a esta alianza. En el caso de las mujeres, por su naturaleza antagónica al hombre (bichas hormonales, de pensamientos erráticos y caóticos, sin el menor sentido común, ese que caracteriza a la humanidad androcéntrica), nos debemos pensar muy bien las cosas, y en el mejor de los casos, el padre Estado y la madre Iglesia deben tomar las decisiones por nosotras, porque -en definitiva- somos sólo mujeres y en realidad no sabemos lo que realmente nos conviene o hasta donde llegan nuestras libertades y derechos.
Con esta reforma del 2010, a partir de la semana 14 y hasta la 22, se puede abortar cuando la vida de la madre corra grave riesgo. En este punto, debatíamos con esta colega que es una lástima que en ningún momento se evalúe el grave peligro que corren las “oportunidades” de las mujeres al ser madres. Esto no es “justiciable”, pero debería serlo, por razones obvias. Tras las 22 semanas de gestación, se permiten sólo los abortos por malformaciones graves del feto. Este supuesto es examinado por un comité médico.
Con la ley anterior a la del 2010, las mujeres sólo podían recurrir al aborto por violación (hasta la semana 12), por malformación del feto (hasta la 22), o por grave riesgo de salud de la madre, motivo al que -sobre todo por salud mental- se acogía la casi totalidad de las mujeres: un 96,69% en 2008. Gallardón aseguró la semana pasada que “ninguna mujer irá a la cárcel” y que el gobierno del PP “no va a retroceder ni en la defensa de los derechos de la mujer, ni tampoco en los derechos del concebido y no nacido, sino que va a buscar una solución jurídica en el caso en el que ambos entren en conflicto”, remarcando que “sí que es un retroceso eliminar uno de esos dos derechos”. Al parecer, esta vendría a ser la reforma prioritaria de lo que clama el actual (que no moderno) ministro de justicia: los derechos del concebido no nacido.
Aparte de las mojigaterías con rasgos misóginos de diversos estamentos de la sociedad y grupos políticos (Iglesia y PP, fundamentalmente), otra de las principales controversias radica en que las mujeres (nótese que digo mujeres, no niñas o adolescentes), desde los 16 años, pueden abortar sin permiso paterno, lo que quiere decir que pueden tomar la decisión solas, aunque tienen que informar a uno de sus padres y acudir con ellos a la clínica. Las que consideren que decirlo en casa les puede crear un conflicto grave, no tienen que hacerlo. Es el médico que la atiende quien decide si esos miedos son fundados. Al respecto, Ana Mato quiere un “plan de apoyo” para que las jóvenes embarazadas “no se vean abocadas a la decisión de abortar”, pero no definió las fórmulas para evitar los embarazos no deseados. ¿Es raro que Mato no haya mencionado a “LOS” jóvenes en este supuesto plan? Por supuesto que no: ya sabemos que la responsabilidad de los fetos no deseados en esta sociedad corresponde únicamente a “LAS” jóvenes y a sus familias.
¿Cómo se aplica?
Para quien – como mi colega latinoamericana- no conozca mucho de la división política y territorial de este país, les informo que existen 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Cada una elige/decide cómo se aplica la actual ley, lo que por supuesto no asegura una igualdad en su aplicación, aunque quienes entonces comandaban Sanidad sostenían que contribuirían a que la prestación se desarrollase con la mayor equidad posible.
Les faltó “afinar detalles”.
Desde la desaparecida Secretaría General de Políticas de Igualdad se creía, sin embargo, que todo iría bien, porque las autonomías no dejarían desprotegidas a las mujeres. Ejemplos de lo contrario fueron Ramón Luis Valcárcel (Murcia), que anunciaba públicamente que no aplicaría la nueva Ley del Aborto hasta que el Constitucional decidiese sobre los recursos presentados tanto por el Partido Popular como por el Gobierno Navarro, aunque fuese una ley aprobada en el Congreso y de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.
Las decisiones de las mujeres pasan por varias manos: ahora hemos de esperar a que algunos y algunas se decidan a aceptar que no son nadie para tomar las decisiones que son nuestras e íntimas; que nuestros cuerpos no son propiedad ni territorio de ningún Estado o autonomía; que nuestras libertades y derechos no se pueden seguir obviando ni vilipendiando como si fuésemos menores de edad. ¿No os parece que estuviésemos en los 70, cuando otras mujeres, nuestras abuelas y madres, exigían exactamente las mismas reivindicaciones? La única diferencia es que ahora vamos con Internet en el móvil, convocando a nuestras compañeras para manifestarnos a través de uno o más tweets con una mano, y la tarjeta del bicing en la otra. Ya saben: el multitasking propio de nuestro género.
El asunto es que aquí, como en la mayor parte del mundo, nos gobiernan y vuelven a gobernar quienes insisten en querer hacer sentirnos cristianamente culpables, a seguir llamándonos asesinas, nazis o criminales por abortar, porque no respetamos los derechos inalienables del “concebido no nacido” o a criminalizar a esas mujeres menores de edad cuando aún no se enseña correctamente sobre los métodos de protección ante las ITS y los embarazos no deseados a las y los adolescentes.
Vivimos en una sociedad donde te miran de pies a cabeza si eres mujer y compras condones o por el simple hecho de contemplar al sexo no como un acto para prolongar la especie, sino para satisfacer otras necesidades, como el placer o la economía, teniendo en cuenta de que son OTROS los derechos que les competen, radicalmente distintos.
El cambio hacia nuestra salud sexual, como sociedad, radica en hechos tan básicos como asumir la co-responsabilidad de mujeres y hombres en la reproducción y en que el Estado garantice que los derechos de las mujeres, sean justiciables o no, sean satisfechos.
La última pregunta que me cabe dentro del guión de esta mala película de ciencia ficción que es nuestra vida en la España de hoy es: si en esto de la reproducción fuesen capaces de engendrar tanto hombres como mujeres, o, si en un universo paralelo, fuesen los hombres quienes “pariesen”, ¿cómo se habría legislado al respecto?
* Campaña relacionada:
ACTUABLE : Firma para que no devuelvan tu sexualidad al pasado
También queremos que disminuya el número de abortos: no al cambio de ley, por el acceso a educación sexual y anticoncepción. Sobre mi sexualidad decido yo.
Ante las declaraciones del Gobierno sobre la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, la dispensación de la píldora del día después, y la exclusión de la educación sexual de las escuelas, queremos destacar que las únicas medidas que han demostrado disminuir el número de embarazos no deseados son el acceso universal a información en materia de sexualidad y métodos anticonceptivos, una educación sexual reglada basada en criterios científicos y una mejor cobertura legal de las interrupciones de embarazo.
Por eso pedimos que el Gobierno tenga en cuenta estos aspectos a la hora de elaborar leyes que respeten la trayectoria laica de nuestra democracia, e incluyan la educación sexual y el acceso universal a la anticoncepción, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad de decisión.
Si piensas igual, entra en http://actuable.es/peticiones/
