El anuncio del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón de aprobar la ley del aborto antes de fin de año, no solo es una afrenta directa a las garantías individuales de las mujeres y su derecho a decidir, sino que se parece a la historia del “pastorcito mentiroso”, que siempre decía que venía el lobo y nunca venía, y cuando lo hacía no estaba preparado.
El intrincado plan de reformar la Ley del aborto, lleva al menos cinco anuncios en lo que va del año, no solo sobre su aprobación, sino múltiples referencias sobre su contenido, varias de ellas contradictorias; de cumplirse el último plazo indicado, la ley sería aprobada en uno de los dos Consejos de Ministros que faltan el 20 o 27 de diciembre, así lo aseguraba el Ministro Gallardón.
El contenido general de la ley, también es un misterio, no hay datos concretos sobre la reforma, lo poco que se conoce del texto lo ha declarado el propio Gallardón en los medios de comunicación cuando afirma que el trabajo está concluido y que solo queda la articulación jurídica.
En base a esas declaraciones se evidencia que la propuesta planteada por el PP, es un retroceso en la nueva legislación del aborto, será más restrictiva y pondrá más trabas burocráticas a las mujeres que quieran abortar, presume volver a la ley de 1985 en tres supuestos: violación; daño para la vida; salud física o psíquica para la madre; y malformaciones físicas o psíquicas del feto, este último caso Gallardón quiere eliminarlo, abiertamente asegura que le parece “éticamente inconcebible”, y basa su argumento en la recomendación que hizo a España el Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de suprimir la distinción de plazos, no entiende que no se elimina la causa, al contrario, defiende la interrupción del embarazo como uno de los derechos sexuales y reproductivos.
Otro aspecto que plantea la reforma es el de regular la objeción de conciencia, proporciona mayor garantía jurídica a médicos y enfermeras para que se abstengan de practicar abortos, actualmente la objeción de conciencia está recogida en la Ley del 2010, que indica la necesidad de manifestarse por escrito.
En su última aparición ante la Cámara alta, Gallardón ha sugerido dos aspectos intocables entre las posibles modificaciones a la ley: La prohibición de que las menores de 16 y 17 años aborten sin permiso de sus padres (la ley del 2010 las autoriza), y la eliminación de penalizar el aborto, según él “la mujer no es culpable sino víctima”, en este sentido, opina que la actual ley aprobada en 2010, vulnera la resolución del alto tribunal, por cuanto no defiende los intereses «del concebido y no nacido». Ha recordado que, además, es un compromiso electoral del PP.
Por su parte 200 colectivos de mujeres por el derecho al aborto, en un intento por aumentar la oposición de las mujeres, firmaron ayer un documento en el que piden a las parlamentarias de todos los partidos que voten contra la reforma de la ley
Así las cosas, de aprobarse esta nueva reforma, vendrá el rechazo no solo de las mujeres, sino de una parte importante de la sociedad, en consecuencia las mujeres pasaran a ser legislativamente invisibles. Surge una inquietud: ¿Las mujeres que quieran abortar, bajo qué supuestos ocultarán su legitima necesidad del derecho a decidir libres y autónomas? Probablemente no habrá respuesta, el legislador no acaba de entender que ella interrumpirá su embarazo si ha tomado la decisión de abortar, el problema es que las que tienen medios económicos se irán a otros países, o a donde puedan hacerlo en condiciones adecuadas, y las de menos recursos, en el mejor de los casos, estarán a merced de clínicas clandestinas en condiciones precarias arriesgando sus vidas…
