La Ley actual establece la regulación de la interrupción del embarazo del aborto libre hasta la semana 14, y en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto hasta la semana 22, y sitúa los 16 años como mayoría de edad para tomar la decisión de abortar.
De aprobarse la Reforma a la Ley del aborto, es inminente que vuelva su práctica a la clandestinidad, como en los viejos tiempos, cuando era un tema prohibido y lo ejercían personas poco cualificadas utilizando métodos de dudosa procedencia con arriesgadas prácticas en condiciones precarias de salubridad ¿cuántas mujeres murieron?
La nueva reforma planteada por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, genera un perverso sistema de violencia contra la mujer, y afecta fundamentalmente a aquellas de escasos recursos, pues quienes gozan de medios económicos, acudirán al conocido “turismo abortivo” para interrumpir la gestación en países donde si es legítimo
Sin duda, la reforma genera como es obvio, controversia e incertidumbre jurídica, sobre todo cuando se pone en escena un tema que se creía superado, de un lado sanidad no descarta retirar el aborto de la cartera básica del Servicio Nacional de Salud, y de otro Justicia tampoco se aclara sobre los puntos fundamentales de la reforma
Así las cosas, cambiar la actual Ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo por una regulación de supuestos, es volver a la Ley de 1985, lo que implica no solo inseguridad jurídica sino que es evidente que se caracteriza por una posición claramente religiosa y de índole abiertamente derechista.
Escuchar al Ministro Gallardón insistiendo en que la propuesta de la reforma apunta a una ley de supuestos y no de plazos como la actual, y que la reforma que suprime el aborto por malformación en el feto “no es una merma de derechos”, demuestra que el terreno ganado en este sentido, merma cualquier aproximación del respeto por las garantías individuales, olvidando que los derechos fundamentales son una de las principales limitaciones de las autoridades en el ejercicio del poder, y por supuesto el derecho a decidir constituye uno de ellos
El último informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero del 2012, revela que por regiones en los países pobres y con leyes restrictivas, es mayor el número de abortos inseguros, lo que demuestra que en la práctica, las leyes altamente prohibitivas, no están asociadas con tasas de aborto más bajas, ejemplo de ello son los países de América Latina, África y Europa del Este donde el aborto es ilegal, las tasas de interrupción de embarazos son muy altas y el 13%, de los abortos que se realizan suponen un alto grado de mortalidad materna
En España el número de malformaciones sigue siendo considerable y la Ley de supuestos vigente entre 1985 y 2010 que se quiere recuperar, protegía la salud psíquica de la madre, que no las malformaciones, y era el médico el que valoraba su gravedad. En el 2009 último año en el que se aplicó la ley, hubo 111.482 abortos, un 3% se practicó por el riesgo del feto, y un 0,02 bajo el supuesto de violación, en la mayoría de los casos el 96,7% alegó peligro psíquico o físico para la madre, incluidos casos de malformaciones fetales
Campañas en Pro y en Contra
Desde que el gobierno anunció la reforma del aborto, representantes de varias asociaciones se han pronunciado a favor y en contra, La Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos sexuales y Reproductivos, integrada por más de 270 Asociaciones, hizo un llamado a movilizarse en contra del la Ley del Aborto, y pidió a todas las organizaciones públicas, que apoyen el Día de Acción Global , por un aborto legal, seguro y gratuito, que se celebrará el próximo 28 de septiembre en todo el mundo bajo el lema: “¡Porque el derecho a decidir es un derecho humano fundamental! ¡Ni un paso atrás en nuestra ciudadanía. Por una Ley del aborto que respete los derechos de las mujeres!
De otro lado, las asociaciones antiabortistas también se han congregado para pedir una reforma de la ley todavía más estricta y restrictiva, bajo el lema “Por el derecho a vivir, aborto cero” un centenar de asociaciones tienen previstas movilizaciones en toda España para el 7 de octubre, día que coincide con el Día Internacional de la Pena de Muerte.
Bajo estas premisas, es casi imposible no emitir consideraciones personales, y espero que esta reforma antes de ver la luz, sufra un viraje durante su trámite legislativo. De aprobarse y a contrario sensu, el Ministro Gallardón en su inmensa sabiduría, debe ir pensando en una nueva ley que establezca que el Estado se hace responsable del bebé que viene al mundo con malformaciones por culpa de la reforma, en consecuencia reciba en reciprocidad, manutención de por vida para su sostenibilidad y además costee ayuda psicológica para su madre y su familia.