OPINIÓN
En el año 2000, tras cinco años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín, China. A iniciativa de las feministas, cumpliendo acuerdos de esa conferencia y tras años de ensayo y error, se fundó, con lo que será una ley general reglamentaria del Artículo Cuarto constitucional, el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo descentralizado, con patrimonio propio, personalidad jurídica y autonomía.
Se había llegado a una meta largamente acariciada. Ese año, no obstante, triunfó el Partido Acción Nacional la presidencia de la República. Así, bajo el mandato del partido oficialmente de derecha, habría que impulsar la política de género a que obligaba la nueva ley.
Esa ley hacía a todas las mexicanas sujetos de derechos, igual que a las extranjeras que vivieran en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrían a partir de entonces participar en los programas, servicios y acciones realizadas por el nuevo organismo.
Muchos fueron sus avatares y situaciones. La reivindicación de los derechos a la no discriminación, la inclusión y la igualdad, se decía entonces equidad, hubo que ir conformando lentamente. En el 2006 se decretó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y más tarde, en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia. De este modo, aunque tarde, la triada de leyes iba a conformar el marco jurídico fundamental de reconocimiento de más de la mitad de la población, para su desarrollo, incorporación en políticas públicas y sobre todo para fomentar la igualdad que había quedado inscrita en la Constitución desde 1974.
No fue algo inocuo. En los últimos 10 años otros preceptos legales han generado el piso jurídico para la igualdad de oportunidades, acciones muy diversas para enfrentar la violencia contra las mujeres, la creación de instituciones, programas y acciones que hoy se desarrollan, con diferentes procesos en prácticamente toda la República.
Este piso, sin embargo ha sido del todo insuficiente para resolver la discriminación y la violencia, debido principalmente a la existencia de una cultura machista difícil de cambiar. Todavía hay quienes piensan que la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia o es una moda, extranjera o demasiado para un sector, así nos llaman a la mayoría, que pide demasiado.
La paridad electoral, de 2014, arrancó airadas críticas. Hubo necesidad de crear otras disposiciones. El tema es que todavía 6 de cada 10 mexicanas viven violencia, son sobrevivientes del maltrato, son objeto de trata y explotación sexual y aun los salarios que se pagan a las mujeres son inferiores que los que reciben los hombres. La oprobiosa violencia feminicida, cobra la vida y el bienestar de miles y miles de mujeres en todo el territorio nacional. Es evidente que el marco legal no es garantía para acceder a la igualdad de trato y oportunidades. La violencia estructural, como forma de resolución de conflictos nos rebasa y encima estamos arrastrando la impunidad frente a los crímenes contra las mujeres.
Los esfuerzos hacen agua. Las leyes son sistemáticamente revisadas y adicionadas o cambiadas, porque la realidad rebasa toda imaginación. No obstante en paralelo las mujeres avanzamos, a veces con inmensas dificultades, en la vida social y política. Todavía ello no es comprendido ni aceptado. Hay quienes se sorprenden de los datos y los hechos.
Hay una permanente campaña para equiparar las bases jurídicas en todo el territorio. Hay entidades del país, que a estas alturas, conservan en sus leyes locales o sus constituciones atraso considerable. A pesar de todo y las políticas, las puestas en práctica, las mal operadas, la corrupción, un sistema judicial cómplice de la opresión y la discriminación. La permanente sospecha de que las mujeres valemos menos que los hombres, es algo corriente y supuestamente “natural” que está en boca de millones, hombres y mujeres.
Enfrentar ello, requerirá, dice el Foro de Davos, una larga espera. Hasta 2234, si sólo hablamos de igualdad económica. De la violencia, no hay fecha, hay atacadas, hostigadas, asesinadas todos los días, sin justicia ni atención.
Por eso llama la atención la propuesta de la senadora Angélica de la Peña Gómez de que ahora se convierta el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya tarea ha sido inscrita en un largo camino, decía, se convierta en una Secretaría de la Igualdad, como si por arte de magia, eso fuera a resolver el todo. Ese todo que nos mantiene como rehenes del atraso y la estulticia; como si la nomenclatura fuera a cambiar de tajo una forma de pensar y actuar de millones de mexicanos y mexicanas que nos siguen considerando menores, adicionales y molestas por nuestro griterío, demanda y urgencia de ser tratadas como seres humanos.
No tengo la menor idea de que se piensa en las alturas. Pero hoy, en esta administración, se ha intentado cumplir los mandatos de esa ley del año 2000, que parecía tan inconexa y sin verdaderos cambios. Hay cambios, en la administración pública, se ha mandatado la transversalidad para todos los programas, se ha involucrado a los gobiernos estatales, se han transferido recursos millonarios, me dirán, si pero aún insuficientes, y yo diría además desviados por más de un gobernador.
En algunas entidades como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Oaxaca y otros existe una Secretaría de la Mujer, su lugar en el gabinete no garantiza el deseo, ese legítimo de tener justicia y trato en igualdad, al final todo depende de voluntades políticas, recursos y un cambio de actitudes que no logra llegar. Depender del ejecutivo excluye en la práctica la participación ciudadana.
Una Secretaría afectaría los derechos laborales, ahora en INMUJERES, sus trabajadoras y trabajadores tienen IMSS, condiciones de trabajo contractuales; se opera con autonomía y no con el estatuto del ISSSTE, y si bien el presupuesto depende del programado por la Federación, su autonomía permite hacer acuerdos con organismos internacionales. Es una instancia normativa que vigila que opere el cambio cultural y sus consejos consultivo y social permiten diálogo con personas que representan a la sociedad civil.
Lo que priva, no obstante, es el espejismo de que una Secretaría tendrá más poder, se sentará con los demás integrantes del gabinete. Cosa que en la presente administración ya se hace, se dialoga con instancias como la CONAGO, hay libertad para criticar al poder judicial, se hace una difusión de acciones, posturas y críticas sin pasar por el aparto de comunicación de Los Pinos, etcétera.
Además en estos tiempos de apremio, nos ahorraríamos un cambio en la Administración Pública que nos tomará mucho tiempo. Habría que debatir realmente si conviene o no, en esta hora. Me gustaría que las y los legisladores hagan mejor reformas profundas en el sistema judicial; elaboren el reglamento de la Ley de Igualdad pendiente hace 10 años; piensen como mejorar la coordinación entre los sistemas de igualdad y el de violencia; pidan cuentas a los gobiernos estatales que no cumplen con las tareas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Lamentablemente es mejor hacer iniciativas que parecen novedosas. Una semejante se propuso en 2012, sin destino. En fin, vamos a dejar al tiempo, mientras tanto el INMUJERES ha sido una posibilidad. En América Latina, sin cambios en la vida de las mujeres, operan seis Secretarías, en Guatemala y Costa Rica existe una consejería o secretaría sobre las mujeres dependiente de las oficinas de las primeras damas, hay entidades que todavía solo tienen departamentos, sin embargo, en todos los países hay leyes semejantes a las nuestras, políticas públicas que es necesario vigilar y monitorear, como se dice ahora y en algunos de ellos movimientos de mujeres pujantes que siguen tomando las calles pidiendo justicia. Cada vez, como en México, muchas más mujeres en la real política haciendo lo suyo y manifestando su inconformidad por la discriminación, el feminicidio y el atraso de muchas mujeres.
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