OPINIÓN
“Ya lo sabíamos”, dijo alguien en una red social cuando fueron presentados los resultados de un estudio sobre el feminicidio en Bolivia: Hay serias deficiencias en la investigación policial, lo mismo en el proceso judicial y además hay discriminación institucional contra las víctimas.
La visión bastante miope o, más bien, una visión saturada, incapaz de extrañarse ante las barbaridades ya cotidianas seguramente ha provocado esa apreciación, de poca novedad, sobre el estudio e hizo que el informe no tuviera la repercusión que debiera haber tenido.
El estudio sobre “Feminicidi i impunitat a Bolívia” llevada a cabo por la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en ingles) de la Harvard Law School se realizó a pedido de la agrupación feminista Mujeres Creando. Analizó 200 casos de procesos por feminicidios, se centró en diez de ellos como ejemplos y sus resultados debieran avergonzar a quienes tienen la responsabilidad de garantiza e impartir justicia.
En este corto artículo, y en alguno periodístico que se publicó en Bolivia, resulta difícil resumir los resultados de dicho estudio que, entre otros aspectos, se muestra alarmado, por ejemplo, por el hecho de que la policía o quienes están a cargo de las pruebas forenses carezcan de lo mínimo para realizar su trabajo, cuando se trata de pruebas fundamentales, que no se hagan o se demoren demasiado. Además, que, en todo el proceso pericial, policial y judicial de años, el costo se cargue a las partes involucradas, siendo en el caso de las familias de las víctimas en situación de pobreza una realidad insoportable. Que no haya personal capacitado, que todo se haga desde una mirada machista, que las instituciones no sean garantía de justicia.
El estudio recomienda: aplicar las leyes y normas existentes, asignar recursos, erradicar las barreras lingüísticas (racismo) y de género (machismo), que todo el proceso sea puntual y oportuno, que quienes se hagan cargo tengan un entrenamiento apropiado, que se haga frente a la corrupción y, finalmente, que se trabaje de manera conjunta con organizaciones que saben del tema.
Por una parte, se trata de un estudio bastante completo y pormenorizado de todo el proceso que sigue cualquier caso de feminicidio y las carencias y dificultades que surgen para lograr justicia. Las mismas de cualquier caso de asesinato, con el añadido de que existe el sesgo de género (como el de culpabilizar a la víctima) que está también presente en cada etapa.
Por otra parte, sí, es el pan de cada día, pero nos desnuda como sociedad. Una cosa es que, por ejemplo, “todo el mundo sepa que hay deficiencias en el trabajo de la Policía” y otra que se haga un estudio serio que demuestre dichas deficiencias. Que en todo el proceso se muestren las carencias, que se reflejen en uno y otro caso, hace que haya una visión entera de lo grave de la situación y de su necesidad urgente de atención.
Lo más preocupante es esa falta de asombro ante lo terrible, esa cotidianidad de lo insufrible, que hace que se mire para otro lado, que se normalicen esos casos. Pese a que desde dentro del país y desde fuera se dice a gritos que el feminicidio en Bolivia es alarmante, que no se hace lo suficiente, lo mínimo al menos, para disminuir este tipo de muertes y para encontrar justicia para las víctimas, menos algún tipo resarcimiento que dé algo de paz a sus hijos e hijas y familias.
El estudio reconoce que en los últimos años se han aprobado leyes y normativas contra la violencia machista; sin embargo, de la ley a su aplicación hay un abismo y la muestra es la cantidad de mujeres asesinadas por ser mujeres, que en Bolivia tiene índices muy superiores al resto del continente.
Este gobierno y cualquier otro que pudiera venir en un futuro deberían tomar en cuenta este estudio para proponer y aplicar políticas serias contra la violencia machista y para dar justicia a las víctimas. Debieran mirarlo, como mirando un espejo, e intentar asombrarse ante tanto horror.
(*) La columna Textura Violeta se publica en Página Siete, Los Tiempos y SemMéxico
