OPINIÓN
La semana pasada se aprobó en el Pleno del Parlamento de Cataluña la ley de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, una ley que es un paso adelante, un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI.
Unos derechos, por otra parte, reconocidos en la legislación nacional y estatal, y recogidos en el Estatuto de Cataluña y la Constitución, pero que no se aplican con suficiente entusiasmo. (No deja de ser curioso que, en el caso de la CE, una ley orgánica que se utiliza siempre que se quiere ir al “bien general” se pone en boca de todos cuando hay que frenar derechos democráticos y no se aplica de forma cotidiana y contundente por los derechos sociales reconocidos: derecho al trabajo, a la vivienda, a la no discriminación … pero me centro de nuevo en la ley).
Esta es una ley reivindicada desde el movimiento LGTBI, impulsada desde el gobierno en 2009, que quería recoger las políticas promovidas en este ámbito (políticas avanzadas y reconocidas internacionalmente) que quería visibilizar situaciones invisibles y actuar de forma clara, yendo más allá de la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. No se trata sólo de poner medidas paliativas o acciones positivas para acabar con la discriminación sino de hacer posible sanciones a aquellas personas u organizaciones que instaran o que llevaran a cabo esta discriminación y agresiones LGTBfobia. Ahora esta ley es una realidad. Han sido necesarios algunos años de reivindicaciones, años de trabajo y muchos esfuerzos personales y colectivos, que cuando se aplique la ley, se verán reconocidos.
La Generalitat impulsó políticas claramente comprometidas con el avance de los derechos LGTBI en 2006, políticas que han sufrido recortes y pasos atrás. Hay que recordar, por ejemplo, que el Gobierno decidió dejar de formar parte de la ILGA (International Gay & Lesbian Association) en 2011, argumentando los presupuestos (60 € de cuota al año) mientras lo que hacía era echar marcha atrás el liderazgo en políticas LGTBI a nivel internacional; un liderazgo que había iniciado una red de países (no siempre estados) que tomaban Cataluña y sus políticas como modelo. La ley, redactada, con proceso de participación hecho y altamente consensuada, fue guardada y se volvía a poner en duda su necesidad. El movimiento LGTBI la defendió, reclamar, reivindicar y consiguió que los grupos parlamentarios de ERC, PSC, IC-V-EUiA y CUP la avalaran y presentaran como proposición de ley en el Parlamento el 9 de mayo de 2013.
Han sido, pues, años de debate en los que el país ha ido moviendo ficha. La movilización ciudadana ha reclamado un estado propio, la movilización ciudadana ha reclamado un país avanzado y, finalmente, el Parlamento ha comenzado a reconocer la necesidad de políticas antidiscriminatorias que nos doten de instrumentos y empoderar a las personas del colectivo LGTBI para combatir esta discriminación. Ya ha habido suficiente agresiones, bastante muertos, bastante buyllinglgtbfob, bastante suicidios … por el solo hecho de amar y ser como se siente o como se quiere.
Ahora Cataluña vuelve a ser pionera en derechos, ahora avanzamos de la mano con los derechos sociales y nacionales. Se necesitan aún muchos pasos tan firmes como este para anclar un proyecto social que dé respuestas a la ciudadanía que se mueve, este es un gran paso que reconoce los derechos que algunas leyes han dejado invisibles y algunos gobiernos prefieren en el cajón.
