El gobierno del Partido Popular recurre a la tergiversación lingüística y conceptual para justificar la derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010, lo que ha generado una inmediata reacción de rechazo por parte de las organizaciones feministas y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
Un día antes del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que la reforma de la Ley de SSR y IVE busca defender “el derecho por excelencia de las mujeres: la maternidad “y que” en la sociedad actual se genera una violencia de género estructural contra las mujeres por el mero hecho de estar embarazadas “.
Con estas afirmaciones, Gallardon demostraba un desconocimiento absoluto de los doce Derechos Sexuales y Reproductivos internacionalmente reconocidos, uno de los cuales establece el derecho a decidir tener descendencia o no tener y cuándo hacerlo.
Así, la esencia de este derecho es precisamente el derecho a la libertad de decisión, pero el Ministro empleó erróneamente el concepto de violencia de género para defender la protección de las mujeres que no tienen “apoyo de los poderes públicos para poder libremente optar por una alternativa a la interrupción del embarazo “, insinuando implícitamente que éstos sólo les dan la opción de abortar.
Sus declaraciones generaron una respuesta social inmediata a las redes sociales: una hora después, el hashtag (etiqueta) # violenciaestructural era el segundo trending topic (tema principal) estatal en Twitter. Además, las organizaciones feministas han centrado el 8 de marzo de este año en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y las palabras del Ministro han dado más empuje a sus reivindicaciones. Sin ir más lejos, este sábado hay convocada una cadena humana feminista en defensa del derecho al propio cuerpo alrededor de la Delegación del Gobierno en Barcelona.
Obstáculos a la maternidad y reforma laboral
Gallardon aseguró que es insuficiente una normativa que despenalice el aborto sin “remover los obstáculos reales que impiden a las mujeres el derecho a ser madre” y se refirió al miedo de perder el trabajo por estar embarazada o no poder acceder.
Precisamente, el Partido Popular acaba de aprobar una reforma laboral que elimina las bonificaciones a las empresas para contractardones tras la baja de maternidad, lo que precariza aún más y añade más inseguridad las condiciones laborales de las trabajadoras. Además, la reforma cambia las condiciones de la contratación a tiempo parcial permitiendo a las empresas distribuir arbitrariamente hasta el 5% de las horas de la jornada laboral de todo el año: esto dificultará la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, e impactará en las mujeres que estén en periodo de lactancia o tengan niños y familiares con necesidades especiales de atención.
Paradójicamente, diferentes Ministros del Gobierno que acaba de aprobar una reforma que ataca el principio de igualdad y equidad de derechos para mujeres y hombres e impone obstáculos estructurales a la maternidad abanderan dialécticamente la defensa de los derechos de las mujeres.
El 8 de marzo, Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se refirió a las “presiones económicas, sociales, laborales y familiar” que dificultan a las mujeres su maternidad.
Pero, hay diferentes versiones sobre quien ejerce la presión y por qué: varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Galicia y Comunidad Valenciana han puesto en marcha leyes de protección de la maternidad que permiten que los grupos antielecció asesoren las mujeres en el momento de decidir si llevan a cabo o no un embarazo no deseado y diferentes organizaciones feministas y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos han denunciado que estos grupos presionan a las mujeres para que tengan las criaturas.
