El pasado 28 de septiembre fue nuevamente el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.
Otra fecha feminista junto al 8 de marzo y el 25 de noviembre, originada en 1990 como resultado del Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina; caracterizada este año para México por el inicio de la criminalización de la protesta de las mujeres y el ataque al movimiento por parte del Estado. Pero analicemos esto bajo ciertos puntos principales, tomando en cuenta que las mujeres feministas constituyen una fuerza que aterroriza al poder en turno así que la posibilidad de ser agredidas como enemigo político era cuestión de tiempo:
Los antecedentes
Al inicio de la presidencia de López Obrador se usó la elección de algunos personajes femeninos como Olga Sánchez Cordero o la ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para vender la idea de un gobierno moderno y paritario que garantizaría la perspectiva de género, urgente siempre para abordar problemáticas de larga historicidad y grave consecuencia para la integridad de las mujeres como la violencia feminicida.
Sin embargo, tapándose los oídos y observando los hechos, ha sido absolutamente irrelevante el sexo de las funcionarias que todavía siguen al frente de las instituciones responsables de trabajar la política de género ya que han sido omisas para defender los presupuestos de estos espacios así como los recursos que sostienen los programas que materializan esta política, es decir, el dinero con que se sostiene a los refugios que protegen víctimas de violencia feminicida, el que paga el salario de las profesionales que dan asesoría legal y psicológica a mujeres de escasos recursos o el que produce programas de empoderamiento y estrategias para la autonomía económica y sexual etcétera.
Este desmantelamiento ha sido observado por el movimiento feminista, tanto el que ocupa las calles a través de la protesta como el que está a cargo de los refugios, el conformado por las mujeres de medios de comunicación con perspectiva de género y también el integrado por mujeres políticas y académicas en todo el país, saben ellas perfectamente que el derecho que no se garantiza es completamente inútil.
¿Por qué no obedecen?
En la exigencia a México para que cumpla con sus obligaciones la respuesta del gobierno comenzó por minimizar la crítica bajo adjetivos que denotan una visión incapaz de ubicarse en el mundo actual. Con semejantes atavismos no se concibe a las mujeres fuera del espacio que ocupaban hace treinta años, el hogar, la crianza, la iglesia, la patria, perpetuamente al servicio de alguien, gustosas de obedecer como lo hacen las de casa. Pero el feminismo es sobre todo posición política portante de la mujer como sujeto esencial que lucha por la igualdad entre los sexos y la emancipación de todas, por consiguiente, es incompatible al comportamiento sumiso. Así que al no saber qué hacer se les ignoró y no sólo a ellas, también a las madres de mujeres víctimas de feminicidio que duraron meses esperando a ser recibidas y fueron constantemente despreciadas por el Ejecutivo.
¿Por qué luchan?
Sin embargo, este es el territorio de todas las crisis, una de ellas, la violencia machista que cobra la vida de 10 mujeres diariamente pero también se devela en otras cifras igual de duras como las que otorga la Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: De enero de 2018 al mes de agosto de 2020 se produjeron 2.451 feminicidios, 7.549 homicidios dolosos, 166.290 delitos de lesiones y 534.129 de violencia familiar en agravio de las mujeres.
A esto se suman todavía más problemáticas que se describen en las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: los altos niveles de inseguridad, la aparición de propaganda contra la igualdad de género, la persistencia de disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación, la falta de mecanismos eficaces y la insuficiencia de presupuestos estatales para aplicar la política de género, los estereotipos discriminatorios de los operadores de justicia, las barreras financieras, lingüísticas y geográficas para acceder a la justicia para las mujeres del medio rural y con discapacidad, la normalización de la violencia contra las mujeres y su cosificación en medios así como la discriminación contra mujeres indígenas, afro mexicanas, migrantes y refugiadas.
Cuando la comunidad insiste en que protestamos “feo” no advierte que ya hemos escrito y descrito estas situaciones que son pendientes del Estado desde hace años, y por mucho que no estén habituados a mirar mujeres ocupando el espacio público eso también es nuestro derecho.
Y tienen razón cuando dicen que las feministas deberíamos estar ocupándonos de otra cosa, ya nos gustaría estar desarrollando nuestros propios proyectos y vivir la vida de no ser porque eso es imposible en un país que no te considera un igual, cuando hacia afuera se jacta de derechos que no garantiza, porque no existe ningún espacio a salvo, ni ningún día en el que se pueda andar con seguridad y no hay nada que pueda quitarnos de la mira, porque las agresiones recibidas se nos hacen por el hecho de ser mujeres y los accesos que se nos niegan también. Por eso lo gritamos el domingo 8 de marzo miles y miles, pero, tampoco hubo ninguna respuesta digna de gobierno democrático.
¿Por qué las agredieron el 28S?
Finalmente, la causa por el aborto seguro esta solicitada en las observaciones del Comité de CEDAW de la ONU como el problema de salud pública que es y que al ser tratado desde el ámbito penal constituye una violación a derechos dado que sigue obligando a mujeres y niñas a someterse a abortos peligrosos poniendo en riesgo su salud y su vida. Debido a ello se ha recomendado que se ponga un mayor empeño en acelerar la armonización de la ley y de protocolos para garantizar el acceso al aborto legal y aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior. Esto fue señalado dentro del comunicado emitido el 27 de septiembre por organizaciones de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Como siempre en esa conmemoración se organizaron diversos actos públicos, sin embargo, por la mañana como ya sabemos, la Jefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum hizo rueda de prensa para acusar a una activista de financiar la ocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, provocando un grave acoso a su persona, pero con el afán de deslegitimar al movimiento feminista representado por los grupos que mantienen la toma.
La satanización pretendía justificar la violencia que se produjo después, cuando durante la marcha para llegar al Zócalo las jóvenes fueron encapsuladas, golpeadas y gaseadas por los agentes de policía durante más de cuatro horas. Igualmente, las organizaciones reportan que hubo violencia contra las mujeres en otras ciudades como Xalapa y Tijuana.
Al contrario de lo señalado en algunos medios de comunicación en cuanto a que hubo “enfrentamientos” o “peleas” entre los policías y las mujeres, es irracional pretender igualar la fuerza que tiene el Estado con la de las manifestantes.
Entonces lo que hubo fue un abuso de poder que restringió el derecho a la libertad de expresión y de reunión, pero además que generó violencia desde el gobierno para amedrentar a las mujeres, constituyéndose en el agresor más grande y articulado de México y no en el aliado por el que se hacían pasar. Eso sí, el número de policías vistos en esa represión equivale al tamaño del miedo que le tiene este gobierno al movimiento feminista. A más ver.
