OPINIÓN
Mi abuelo casi no estudió. Empezó a trabajar a los 12 años de pastor. Siempre me dijo: “Los jóvenes tenéis que estudiar. Qué suerte que tu sí hayas podido”. Yo pude porque un sistema de becas me lo permitió. Hoy no todo el mundo tiene la misma suerte. El año pasado, 30 mil universitarios no pudieron pagar sus matrículas, y se quedaron fuera. Quieren que la educación vuelva a ser un privilegio, accesible sólo a los que se lo puedan pagar.
La Ley Wert, a pesar de su pomposa nomenclatura: Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), no va a mejorar nuestra educación, al contrario la va a convertir en una “educación low cost”, asistencial y de segunda. Deteriorar el sistema de educación público es la mejor garantía para asegurar el éxito de la educación privada. La LOMCE, asimismo, significa gestión piramidal y antidemocrática de los centros, criterios pedagógicos productivistas al servicio de las empresas, claudicación frente a las presiones de la jerarquía eclesiástica.
En Catalunya, la Ley Wert relega el catalán a lengua de “cuarta categoría”, por detrás del castellano y de la primera y segunda lengua extranjera. Será considerada “lengua de especialidad”. De este modo, se podrá obtener el título de ESO o Bachillerato sin acreditar su conocimiento, ya que no será necesario examinarse de todas estas asignaturas. El objetivo de Wert and co. es, ni más ni menos, que acabar con un modelo de inmersión lingüística y de cohesión social exitoso. Ya lo decía el ministro. Se trata de “españolizar a los niños catalanes”. Ni más ni menos.
Y frente a la escasez de recursos económicos, los centros educativos abren la puerta, de par en par, al mecenazgo privado. Algunas universidades incluso llaman a “apadrinar” a sus estudiantado. Pero la educación no puede ser ni un privilegio ni estar supeditada a un acto de beneficencia, con sus consiguientes contrapartidas. ¿Qué va a ser de nuestra educación en manos de Unión Fenosa, Repsol, Telefónica y BBVA? Todas ellas, por cierto, ya cuentan con sus correspondientes cátedras universitarias… y quieren más.
Ante la imposición de una educación privada, clasista, españolista, autoritaria y sexista, este jueves, 24, se convoca una huelga en todos los ciclos formativos. Defender un modelo educativo público y de calidad nos incumbe a todos. Nos quieren pobres e ignorantes. No lo podemos permitir. La ofensiva contra la educación pública se suma a los recortes en sanidad, prestaciones sociales… y es un nuevo ataque a derechos fundamentales.
Quieren que volvamos a la época de nuestras abuelas y abuelos, donde únicamente estudiaban quienes se lo podían permitir. Los otros al campo y a la fábrica. En nuestro mundo moderno, apuestan por una educación de primera (privada) y otra de segunda (pública). Segregando desde pequeños a la sociedad del futuro. Frente al dilema que nos imponen, educación ¿derecho o privilegio?, su apuesta es clara, pero la nuestra también.
*Artículo en Publico.es, 23/10/2013.
