Para concientizar sobre la defensa de los derechos humanos, la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), desarrolló un *seminario de “Análisis y propuestas de las organizaciones y defensoras de derechos humanos frente a la criminalización”, en Madrid.
Durante el modulo “Buenas prácticas en sensibilización e incidencia en la defensa de los derechos humanos” participaron ponentes de América Latina y Europa, quienes denunciaron las situaciones a las que se exponen las mujeres al luchar por la justicia social de las poblaciones vulnerables. Ángeles Herráez, integrante de Somos Viento, sostuvo que las alianzas entre los patriarcados de las empresas y gobiernos impactan directamente en las mujeres que denuncian violaciones.
Según la activista, si hay mineras e hidroeléctricas operando se debe instaurar un “estado de sitio” que defienda los derechos de las mujeres que se ven vulneradas al tener en su espacio común a trabajadores de las empresas en mención que abusan de las condiciones geográficas de las zonas donde se producen las actividades, para cometer violencia sexual.
A las “Guardianas del agua” que buscan resolver el mencionado problema se les llama “terroristas del desarrollo” o “feminazis”. Herráez sostiene que esta criminalización y estigmatización aumenta las amenazas en contra de las mujeres.
Así también, recordó el caso de El Salvador donde la constitución de 1998 reconoce como persona humana a todos desde la concepción, lo que ocasionó pena de cárcel para quienes aborten. “Hasta en los embarazos ectópicos se deja que la mujer reviente, que arriesgue su vida, no se le permite abortar”, cuestionó. Sobre este tema, las defensoras en la Red de El Salvador han conseguido llegar a la política de forma organizada para generar alertas y propuestas de ley para quienes defiendan los derechos humanos.
Mujeres migrantes
Respecto a la lucha de las mujeres migrantes por obtener derechos de igualdad en la ciudadanía, Marisol Herreño de la Red de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, señaló que en España se vienen creando alianzas feministas progresistas con la finalidad de unir sus conocimientos para tener un empleo digno, no solo en el ámbito doméstico. “Sacrificábamos los domingos, los sábados por la tarde que teníamos libres. Tenemos un plan estratégico participativo de fortalecimiento interno para empoderarnos en derechos humanos y género con incidencia social y política. Hemos abierto espacios de debate desde la perspectiva de género intercultural para reconocer la voz de mujeres migradas y recoger nuestro posicionamiento”, precisó Herreño, quien es de nacionalidad colombiana.
A través de encuentros y acciones en las calles en defensa de las trabajadoras del hogar y los cuidados, la Red de Mujeres de Latinoamérica y Caribe exige al Estado la ratificación del convenio C189 de la OIT que promueve el trabajo decente para las trabajadoras domésticas que, en caso de baja por maternidad, no son readmitidas. Marisol Herreño remarcó la necesidad de fomentar las políticas públicas diversas libres de xenofobia, que acaben con el trabajo esclavista de quienes trabajan bajo el régimen de internas en el hogar.
Plataforma antidesahucios
Por su parte, la activista de la Plataforma Antidesahucio (PAH), Mercedes Revuelta señaló que la vivienda en España es una mercancía. Al no encontrar rendimiento económico en otros bienes, las personas deciden comprar y alquilar el inmueble a precios exorbitantes. “Hay dueños de viviendas estafadas por grandes bancos que los desahucian por su tasa hipotecaria. Los inquilinos también son estafados. Por eso familias enteras se ven obligadas a okupar viviendas vacías de los bancos. Cada día tenemos que negociar con bancos y fondos buitres. Defendemos esto para tener un hogar donde las familias puedan vivir tranquilamente”, contó Revuelta que denuncia que en Europa no se mata a las activistas pero sí se les persigue con sentencias.
En este contexto, PAH desarrolla la campaña “La vivienda no es delito” resaltando que su única intención es tener un lugar donde vivir por lo que han presentado ante el Congreso de Diputados tres leyes presentadas en el Pleno Autonómico debido a que Madrid no cuenta con una Ley de Vivienda. “Empiezan a cobrar más por los mismos servicios de antes. Contra esto luchamos. La ley que no protege no exige a los que compran viviendas para pagar impuestos y regular sus ganancias. No puedes comprar a cinco y vender a veinte.
Ocupar por necesidad no es un delito es un derecho”, afirmó. Finalmente se refirió al impacto psicológico que un desalojo causa en las personas, sobre todo en los niños que son expulsados de sus viviendas atentando también con su educación diaria. Revuelta explicó que “los niños y personas terminan traumadas después de ser desahuciadas, por eso es que vemos suicidios ante estos hechos”.
Fotos: Raffaela Galante
*Seminario organitzado por la Secretaria General Iberoamericana
