Per RIPVG
Este asesinato evidencia fallas, omisiones y negligencia de las instituciones mexicanas “ella ya había sido amenazada, pero la impunidad y la falta de protección, dejó la puerta abierta a los asesinos”, señala la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) expresó su más enérgica condena por el asesinato perpetrado contra la periodista Maria Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa y el Heraldo de Poza Rica, registrado en Papantla, Veracruz (México) este lunes 30 de marzo.
“Este asesinato da cuenta de un contexto de violencia muy grave en contra de quienes ejercen el periodismo en México, evidencia fallas, omisiones y negligencia de las instituciones que están obligadas a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres periodistas, particularmente en el caso de Maria Elena, que ya había sufrido amenazas por su labor informativa”, señaló está organización que agrupa a periodistas de 36 países.
“Estos hechos evidencian claramente que la impunidad imperante, la falta de acceso a la justicia y protección a la que tenía derecho, después de ser amenazada, dejó la puerta abierta a quienes hoy, le arrebataron la vida a la periodista”, agrega el comunicado dirigido al presidente de México Andrés Manuel López Obrador así como al Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.
La Red Internacional de Periodistas exigió al Estado Mexicano investigar este asesinato con exhaustividad, celeridad y efectividad, atendiendo en todo momento la línea relacionada con su labor periodística y con una perspectiva de género.
Asimismo, demandó asegurar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, sancionando a los responsables de este asesinato así como de las amenazas de las que fue víctima la periodista, además de garantizar a sus familiares, las medidas de seguridad y protección suficientes y efectivas.
“México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar nacional en homicidios de periodistas, al registrarse en esa entidad, 23 asesinatos, de los 153 cometidos en todo el territorio nacional del 2000 a noviembre del 2019. De estos 153 crímenes, 16 fueron contra mujeres periodistas; 3 de ellas en ese estado”, agrega.
El pronunciamiento de la RIPVG también fue dirigido al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a Aarón Mastache Mondragón, Coordinador del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHyP) y a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Maria del Rosario Piedra Ibarra.
Quienes integran esta Red Internacional, hicieron un llamado puntual para que cese la violencia contra mujeres periodistas y comunicadoras en México.
“Es urgente corregir las deficiencias que día a día se cometen en las investigaciones de los delitos cometidos contra periodistas, que sólo fomentan la impunidad y fortalecer los mecanismos de prevención, protección y respuesta judicial para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad mexicana a ser informada”
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), impulsa una agenda informativa con perspectiva de género, defiende la erradicación de todo tipo de violencia contra mujeres periodistas, promueve los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión y el cumplimiento de los objetivos del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing “Mujer y Medios de Difusión”
Mr. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENT OF THE UNITED MEXICAN STATES, Mr. CUITLÁHUAC GARCÍA, JIMÉNEZ, GOVERNOR OF THE STATE OF VERACRUZ, Mr. RICARDO SÁNCHEZ PEREZ DEL POZO, SPECIAL ATTORNEY’S OFFICE FOR THE ATTENTION OF CRIMES COMMITTED AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION, Mr. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ,DEPUTY SECRETARY FOR HUMAN RIGHTS, POPULATION AND MIGRATION, Mrs. MARIA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA, PRESIDENT OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS.
