Ana tiene nueve años, Joaquín 13 y Tobías, 14. La niña y los muchachos, que son hermanos, no se conocen. Sus vidas están unidas por una historia dolorosa: el femicidio de sus mamás, y, como si eso no fuera suficiente tormento, la justicia decidió que se vinculen con sus papás, esos hombres condenados por asesinar a la mujer que les parió y que amaban… que aman.
Ana, Joaquín y Tobías son tres de 1.859 infantes y adolescentes menores de 18 años que quedaron en la horfandad en Argentina a causa del femicidio de sus madres, según los registros que realiza la organización social La Casa del Encuentro, cómputo realizado entre el año 2008 y el 2016, ante la ausencia de cifras oficiales.
La familia de la niña y los niños, junto a otros familiares que sobrevivieron a la misma situación y organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, junto al equipo de La Casa del Encuentro, se sentaron en las gradas de la Cámara de Diputados argentina para presenciar el debate, que el último 26 de abril, dio media sanción al proyecto de ley que suspende la responsabilidad parental (antes llamado en la legislación local, patria potestad) de los femicidas.
Lograr que las y los diputados llegaran a un acuerdo ha llevado más de dos años. En diciembre de 2015, La Casa del Encuentro presentó la primera iniciativa en Diputados, donde proponía la perdida automática de la responsabilidad parental, sin posibilidad de que la misma sea rehabilitada, al hombre condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado previsto en el artículo 80 del Código Penal argentino, contra la madre de sus hijos e hijas.
Este artículo es el que sanciona los femicidios en la legislación penal, si bien no utiliza el término.
Luego, siete proyectos más se incorporaran al debate, hasta que el mes pasado, se logró una única iniciativa parlamentaria.
Finalmente la privación de la responsabilidad parental será “para cualquiera de los progenitores al ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice contra el otro progenitor o progenitora o contra el hijo o la hija: a) del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género; b) del delito de lesiones gravísimas; o c) delitos contra la integridad sexual contra el hijo o la hija. La privación opera también cuando los delitos descriptos se configuren en grado de tentativa”.
Diputadas y referentes de organizaciones sociales cuestionaron enérgicamente que se incorporara a “la progenitora”, pero “decidimos avanzar porque si no, esta ley no sale más y los niños (y niñas) no pueden seguir esperando”, dijo una fuente parlamentaria a La Independent.
“Estoy contenta con la media sanción, si bien esto se tendría que haber solucionado hace mucho tiempo”, cuenta a este medio, Miriam Zambrano, cuya hermana Marisel fue asesinada por su ex pareja, José Zerda, el 13 de julio de 2008, cuando Ana, su hija, tenía 9 meses.
La niña quedó junto al cadáver de su mamá por horas. Zerda fue condenado sólo a cinco años de prisión. Ya en libertad, comenzó a pedir la tenencia legal de Ana, que vive con su abuela materna. La justicia decidió que se revincule con el padre, a quien tiene que visitar, obligada, una vez a la semana.
“Ella está con apoyo psicológico. Es una nena hermosa, en todo sentido. Mamá y toda la familia la contenemos, mientras esperamos que la justicia, haga justicia, y no la obligue a relacionarse con el asesino de su mamá”, dice con voz quebrada, Miriam.
También comparte la satisfacción por el avance de la normativa en el Congreso, Oscar, hermano de Rosana Galliano, a quien su ex pareja, José Arce, asesinó el 16 de enero de 2008, con la complicidad de su madre, Elsa Aguilar.
Arce y Aguilar fueron condenados a cadena perpetua, pero como tienen el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de edad y enfermedad, Joaquín y Tobías deben convivir con el femicida de su mamá y con la cómplice del crimen.
Luego de un largo proceso donde intervino un equipo estatal de defensa de los derechos de la niñez, la justicia otorgó permisos de visita a la abuela y el abuelo materno para que puedan ver a los niños, pero Oscar no tiene permitido el contacto con sus sobrinos.
“Es muy, muy triste los que vivimos, pero no somos los únicos. La familia Zambrano y nosotros somos los que damos testimonio, vamos al Congreso, acompañamos la iniciativa de La Casa del Encuentro, pero son cientos los familiares que están esperando que sus nietos o sobrinos no vivan o tengan contacto con el femicida”, cuenta Galliano.
Y esas personas “no hablan porque tienen miedo, porque además de soportar el tremendo dolor del asesinado de una mujer amada –una hija, una hermana, una sobrina- viven con temor de la represalia de los femicidas que exigen la tenencia de los niños que dejaron huérfanos”, agrega el hombre, uno de los que ponen voz y nombre a la injusticia.
Él valora este primer paso del proyecto de ley porque “suspende inmediatamente la responsabilidad parental ante un femicidio y la quita cuando la condena judicial esté firme. Es un avance y a la vez es triste que tengamos que estar lidiando con una ley porque hay jueces que se ponen del lado del asesino”.
Para Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro, una ONG que asiste a mujeres en situación de maltrato y a familiares de las que ya no están a causa de la violencia machista, la norma en marcha en el Congreso “es un avance para proteger a las niñas y niños, víctimas también de los femicidios, porque le estamos exigiendo al Estado que se haga responsable de acompañarlos, de respetar sus derechos en el momento más tremendo de sus vidas”.
Ana, Tobías y Joaquín viven, cada día, mirando el rostro del hombre que asesino a su mamá. El Estado, aún, no puede mirarlos a los ojos.
*Es periodista de la Agencia Estatal de Noticias de Argentina (Télam), coordina en su país la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
**Los nombres de la niña y los niños son ficticios para preservar su identidad. Sus historias, lamentablemente, son reales.
