América Latina es una de las regiones del mundo con mayores avances legislativos para erradicar la violencia hacia las mujeres, aunque encara aún grandes desafíos para responder integralmente a este problema, señaló en La Habana Neus Bernabeu, coordinadora del Área de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe.
“En los últimos 30 años, casi todos los países de América Latina y el Caribe han adoptado leyes y modificado sus códigos penales y civiles para la erradicación de este problema”, precisó la investigadora durante el septimo Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, realizado en La Habana de 16 al 18 de septiembre.
Investigaciones de 2013 revelan que 97 por ciento de los países de la región han aprobado leyes contra la violencia doméstica; 10 países han aprobado legislaciones de “segunda generación”, que suponen importantes avances respecto a las anteriores; y 11 han aprobado leyes o reformas en sus códigos penales que tipifican el femicidio o el feminicidio.
“América Latina es una región con una gran capacidad de responder con legislaciones, pero ello es también expresión de reaccionar a una problemática que existe y para la cual las leyes que se tenían no eran suficientes”, consideró la experta del PNUD.
Las nuevas leyes o “leyes de segunda generación”, generadas fundamentalmente desde 2005, amplían y toman en cuenta las distintas manifestaciones de violencia, incluidas la física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, obstétrica, simbólica y mediática, entre otras.
Algunas consideran la diversidad etaria, sexual y étnico-racial de las mujeres, así como la atención integral a las personas afectadas y medidas de protección y acciones en caso de incumplimiento, puntualizó Bernabeu.
“Si bien es cierto que no basta con tener leyes para erradicar la violencia, estas son fundamentales para establecer los marcos de referencia en cada país para abordar esta temática”, sostuvo.
“Las leyes pueden perfeccionarse, pueden cumplirse o no, pero hay que tenerlas primero para poder cumplirlas”, insistió.
Al adentrarse en el panorama jurídico de la región, la coordinadora del Área de Género del PNUD para América Latina y el Caribe señaló que la violencia física, sexual y psicológica son las tres expresiones de violencia contra las mujeres que están mayormente tipificadas penalmente en la legislación nacional.
“La coherencia entre los instrumentos legales que tipifican esas tres expresiones de violencia es muy alta, ya que poco más de nueve de cada diéz políticas o planes nacionales guardan correlato con la tipificación que de estas expresiones se hace en la legislación penal de los 32 países analizados”, detalló.
Bernabeu hizo mención especial del feminicidio/femicidio, expresión fatal de la violencia ejercida hacia las mujeres que aún resulta una asignatura pendiente en muchos países de la región.
Solo en 11 de los 32 países estudiados se ha sancionado alguna legislación que aborda penalmente el asesinato de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, indica el estudio de 2013.
Mientras que en las leyes de la región predomina la visión de la violencia hacia las mujeres como asunto privado, las respuestas de los Estados denotan otra mirada.
En 20 países (64%) aún persisten legislaciones que establecen el ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico como única esfera de protección del Estado frente a la violencia contra las mujeres, mediante leyes de violencia doméstica, familiar o intrafamiliar, apunta el estudio.
Pero en 11 casos (36%) la protección legal del Estado se amplía a los ámbitos público y privado, mediante las llamadas “leyes de segunda generación”.
La falta de coherencia entre legislación y políticas públicas respecto a los ámbitos de intervención del Estado frente a situaciones de violencia contra las mujeres indica que hay políticas públicas que han dado un salto cualitativo respecto al deber de diligencia del Estado, comentó la experta.
No obstante, Bernabeu insistió en que las políticas no deben orientarse solo a los ámbitos de la prevención y la atención, sino también alcanzar las dimensiones de sanción y reparación.
Igualmente, deben estar en manos de alta autoridades estatales; contar con mecanismos de coordinación institucional a un alto nivel, que permita que las distintas instancias involucradas realmente se comprometan y actúen; y disponer de modelos de descentralización para poder salir de los marcos de la institucionalidad jerárquica.
Entre otras recomendaciones, el estudio regional desarrollado por el PNUD sugiere promover la revisión y armonización legislativa que permitan avanzar hacia la sanción de leyes integrales o de “segunda generación”.
También aboga por crear o fortalecer estructuras de articulación y coordinación interinstitucionales, sistemas de información sobre violencia contra las mujeres y garantizar más presupuesto, claridad y rendición de cuentas sobre los recursos por parte de las instituciones involucradas en la implementación de este tipo de planes y políticas.
