Mediante una acción colectiva liderada por el Movimiento Causa Justa, 91 organizaciones entre las que destaca Women´s Link (enfocada a la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional)
Interpusieron una demanda pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia la eliminación del delito de aborto del Código Penal, puesto que es considerado una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.
Actualmente, es legal acceder a este servicio en determinadas circunstancias, pero Causa Justa afirma que la demanda es una solución para eliminar de raíz las barreras que, en la práctica, siguen enfrentando las mujeres que necesitan acceder a él.
La demanda se interpone en un contexto en el que diferentes países de América Latina y el Caribe están discutiendo, por vía legislativa y/o judicial, reducir o eliminar el uso del derecho penal para regular el aborto.
Hace catorce años, la organización activista Women´s Link presentó una petición con la que se consiguió despenalizar el aborto de forma parcial en Colombia, permitiendo que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye un riesgo para la salud de la mujer, cuando existe una grave malformación del feto que dificulte su desarrollo vital fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de incesto o de una conducta abusiva o de inseminación no consentida.
No obstante, siguen siendo muchas las barreras estructurales que obstaculizan en la práctica el acceso al servicio de IVE, siendo la penalización y las consecuencias legales los principales impedimentos. En Colombia, las mujeres siguen enfrentándose al riesgo de iniciar un proceso penal, de ir a la cárcel o de ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de aborto de forma segura.
Existe un Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación, mediante el que se elabora un análisis de estos casos desde los últimos veinte años. Dicho estudio evidencia que el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, de las que, además, un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. De esta forma se confirma, que en Colombia prevalece un marco de persecución en contra de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.
Además, debido a las barreras estructurales de acceso, se estima que en el país tan solo entre un uno y un nueve por ciento de los abortos son llevados a cabo en el sistema sanitario, dejando a la mayoría de las mujeres en la obligación de recurrir a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud, su dignidad y sus vidas.
Por otro lado, que el aborto se mantenga como delito en el Código Penal también atenta contra los derechos de profesión y oficio de las y los prestadores de salud, quienes por brindar el servicio de IVE se arriesgan al estigma social, a una mayor sobrecarga laboral y a la posibilidad de iniciar procesos judiciales en su contra.
