OPINIÓ
La armonía y la tranquilidad familiar pueden cambiar en un segundo; aquél en el que se devela el drama del abuso sexual de nuestros hijos a manos de su padre, de un tío, un maestro. Figuras masculinas y sujetos que ocupan lugares de poder alrededor de los niños y niñas.
Ese momento adquiere un dramatismo impregnado del más grande de los dolores para una madre. La violación no es sólo física, corporal, es también la ruptura de los vínculos de confianza, de cuidado, de protección.
La indefensión de las criaturas es inmensa ante esos monstruos que abusan de su poder, de su dominio, de su impunidad ante seres que sólo y solamente esperaban su cariño, su protección, pero fundamentalmente su respeto.
Quien abusa de niños y niñas no sólo comete un delito, viola las reglas de una sociedad donde el cuidado de la prole es un derecho natural, un imperativo moral, uno de los supuestos básicos que el entramado social erige en condición fundamental para una saludable y respetuosa estructuración.
El hallazgo puede ser casual, otras veces es el resultado de los cambios de carácter en las criaturas, retrocesos madurativos, heridas físicas, inestabilidad emocional, irritabilidad, llantos, resistencias de ir al encuentro del asaltante, del perpetrador, del hostil, de quien saben que volverá a atacarlos en la primera ocasión que tengan de retomar el contacto.
Ante esta situación hay tres pasos para dar: contener a los niños y niñas comprometiéndose con su verdad y su derecho a ser respetados; acudir a un centro especializado de salud infantil para que constante el estado corporal y psíquico que el ataque sexual ha dejado impreso en sus cuerpos y en sus emociones; y –finalmente- efectuar la denuncia penal solicitando de inmediato una orden de restricción amplia contra el agresor.
En qué punto estamos de la clínica jurídica en orden a este tipo de delitos en la Argentina? Las madres protectoras y los defensores estamos enfrentados a un sistema que protege a los maltratadores, los agresores sexuales y violadores. Los operadores judiciales suelen procesar estos casos con desdén, con escasa o nula dedicación hacia el interés de los niños y niñas, siguiendo procedimientos de investigación errados cuando no aviesamente dirigidos a exculpar al denunciado.
Podemos ensayar algunas interpretaciones. La falta de capacitación y entrenamiento en la investigación de este tipo de delitos suelen ser una de las más grandes falencias que exhiben los operadores del sistema de justicia. Pero ésta es la menor de las desgracias a las que debemos enfrentarnos, puesto que se pueden imponer protocolos de actuación y seguimiento que tornarían posible mejorar así este segmento de la administración de justicia.
Sin embargo, el mayor escollo que encontramos, es el ideológico: de eso no se habla. Y cuando esto sucede, la justicia cual pantalla en la que se proyecta la vida de las personas que exponen sus conflictos, desprecian estos casos, porque ponen en crisis los valores de una sociedad machista, violenta, autoritaria, discriminatoria, donde lo adultos no mienten y los niños fabulan el abuso, el asalto sexual, la violación.
El recurso utilizado por el sistema judicial es el bloque constituido por dos presupuestos:
– Los niños mienten y fabulan.
– Las madres usan a los niños para dirimir controversias con el agresor instándolos a mentir.
Esta díada perpetúa la impunidad y margina a las víctimas, las revictimiza cotidianamente, las pone en el desamparo, las convierte en refugiadas y asiladas en sus propios hogares, temerosas de ser objeto de nuevos ataques.
Esta realidad debe cambiar, pero no alcanza con la ley y los tratados de derechos humanos que resguardan a los niños y niñas, no son suficientes no sólo porque no los aplican sino porque son utilizados revirtiendo sus predicados para exculpar al ofensor.
Algo muy malo está sucediendo en los estrados judiciales de nuestro país, algo oscuro e ignominioso conduce las estrategias de investigación en materia de delitos sexuales, con acciones dirigidas a encubrir al ofensor, culpar a las madres protectoras, y descalificar a los defensores de madres y niños, y por sobre todas las cosas perpetuar el silencio sobre estos delitos porque de eso no se habla.
Nuestra respuesta es creer en los niños, contener y defender a las madres protectoras, y denunciar el accionar judicial que no sólo deniega la justicia como un derecho ciudadano, sino que encubre un entramado ilícito que compromete la responsabilidad del Estado Argentino como signatario de los instrumentos de derechos humanos regionales y universales.
