OPINIÓN
Estamos a las puertas de conmemorar otro día de acción para garantizar los derechos a un aborto libre y seguro: el 28 de septiembre.
Hace menos de una semana, concretamente el pasado día 23 también conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Como vemos septiembre es un mes potente en lo que a reivindicación de derechos de las mujeres se trata.
Pero volvamos al 28 de septiembre y la necesidad de reivindicar que el aborto sea un derecho universal para las mujeres del mundo. Un derecho donde nadie se pueda inmiscuir ni negar. Un derecho a la condición inherente de las mujeres a poder gestar (o no) y que nadie debería arrebatar.
Las ofensivas de las ultraderechas de todo el mundo van mermando esos derechos. Aquí lo intentaron, pero, afortunadamente el movimiento feminista consiguió pararlo y sólo retocaron la ley del 2010 eliminando ese derecho a las mujeres menores de edad, lo cual ha de revertirse de inmediato porque es un derecho arrebatado.
Y sin salir del Estado Español, hay que garantizar el derecho de las mujeres a poder abortar sin tutelas, ni períodos informativos, ni historias como la objeción de conciencia de médicos aliados con la ultraderecha y la iglesia católica que sigue imponiendo sus mandatos por vía indirecta, porque, afortunadamente para todas, por la directa no puede.
El Ministerio de Igualdad ha anunciado la reforma de la vigente ley de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Pero para que esa reforma implique un avance en los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sus maternidades, se deben tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que el aborto sea gratuito y accesible para todas las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo, sin límites de edad. Para ello se debe suprimir la necesidad del permiso parental a las mujeres menores de edad, puesta que, en demasiados casos, esos embarazos no deseados, son consecuencia de abusos sexuales de familiares directos como padres o hermanos.
Así mismo se debería regular la objeción de conciencia de algunos médicos para que esta situación no suponga recorte de derechos de las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente sus embarazos. Se debería invertir más en formación profesional específica para el personal médico que tenga que realizar estas intervenciones para que en todo momento esté reciclado y pueda prestar sus servicios de una manera lo menos invasiva posible para las mujeres que, por experiencia propia, sé que van con muchos miedos e inseguridades sobre su futuro por las campañas de criminalización y acoso que se llevan a cabo a las puertas de algunas clínicas que practican dichas intervenciones. Este tipo de acoso a las clínicas y, por extensión a las mujeres que allí acuden, deberían estar castigadas, por intentar vetar derechos de las mujeres y el trabajo de profesionales que garantizan esos derechos.
También considero que se debería eliminar el llamado “período de reflexión” ya que supone una actitud paternalista hacia las mujeres que ya han tomado una decisión y este período lo que consigue es alargar la agonía y el sufrimiento de quienes ya han tomado una decisión. Aparte de que, como ya dije es una actitud de tutela y paternalismo, convirtiendo a las mujeres en seres que necesitan reflexionar todavía más sobre su propia situación, ya de por sí angustiosa.
Y sobre todo tener en cuenta que para evitar esas interrupciones voluntarias de los embarazos se debería invertir, y mucho en formación afectivo-sexual en toda la educación de nuestras criaturas desde edades muy tempranas y de forma transversal en todas las etapas educativas. Con una correcta formación afectivo-sexual se avanzaría mucho, también, en la erradicación de las violencias machistas y homófobas. Así como también se avanzaría en una visión menos cosificada de las mujeres y se evitaría, en parte, el consumo de pornografía en edades tempranas. Como vemos, una inversión en este tipo de educación en las aulas y desde las edades más tiernas, nos permitiría avanzar en muchos aspectos y evitaría mucho sufrimiento a mujeres y niñas.
Señalar los aspectos a mejorar es, también señalar los fallos que actualmente existen para mejorarlos y avanzar en derechos que es, en definitiva, lo que se debería pretender al reformar la Ley.
Espero y deseo de todo corazón que ese sea el objetivo del Ministerio de Igualdad y que, en este tema, no nos lleve por derroteros que impidan el libre ejercicio de un derecho que debería ser universal y gratuito para todas las mujeres.
