OPINIÓN
Hace un mes que conocemos la sentencia del Tribunal Supremo de España del 14 de octubre. Una sentencia terriblemente injusta, un disparate que va contra los derechos y libertades de todos de manera flagrante
Una sentencia con la que España pretende tener encerradas a la Presidenta del Parlamento Carmen Forcadell 11,5 años por haber garantizado la libertad de expresión en el Parlamento ya la consejera Dolors Bassa 12 años, por haber participado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre 2017. Una sentencia castigadora con todo el gobierno encarcelado y los referentes sociales de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural con intención de ser ejemplarizante y atemorizar a toda la población que cuestiona el status quo, más allá del movimiento por la independencia de Cataluña.
Un mes donde el rechazo de la ciudadanía a la sentencia se ha extendido por todo el país, con protestas populares de gran repercusión que ha desatado una nueva ola represiva con actuaciones intolerables por parte de los cuerpos policiales. Es inadmisible que las policías, sean cuales sean, ataquen y criminalicen a la gente en el ejercicio de derechos fundamentales y utilicen armas especialmente prohibidas en nuestro país como las balas de goma, se salten los protocolos de actuación y tengan comportamientos vejatorios y machistas, y nadie asuma responsabilidades ante estos excesos policiales con cientos de personas heridas, y detenciones y encarcelamientos arbitrarios.
Como decimos desde Mujeres por la República, “No otorgamos legitimidad a una sentencia que condena a ellas, y nos pretende condenar a todas, que vulnerando sus derechos a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación o de sufragio activo vulnera los derechos del conjunto de la población, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español. No reconocemos que tramitar un debate parlamentario, facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho inalienable a decidir su futuro a través de las urnas o manifestar-se en la calle sean delitos. “
Estamos en momentos complejos y oscuros pero hay que seguir adelante y poner luz y hay que exigir responsabilidad y profesionalidad a todos los profesionales de la política. El juicio, la sentencia, la campaña electoral por el 10N son un descrédito de la política por la gran irresponsabilidad mostrada con la construcción de relatos de violencia, vulneración de derechos, atizar el odio, y pretender crear un conflicto político entre Cataluña y España,y en un problema de convivencia en Cataluña. No es eso. De ninguna manera.
Ante la incapacidad de afrontar la realidad del conflicto político habría que plegarse y dejar paso a otras personas que tengan disposición de avanzar y resolverlo desde la política. Basta de menospreciar tratados internacionales firmados como son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (El derecho a la desobediencia civil y la resistencia pacífica contra la opresión y el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (derecho a la autodeterminación de los pueblos). Los derechos lo son para todos, no para una parte o para cuando nos convienen.
Y mientras llega (o no) la respuesta desde la política, la protesta de la ciudadanía es firme: rechazo ante las injusticias, derechos vulnerados, solidaridad y apoyo con todas las represaliadas y sus familias.
Todo el apoyo a las presas políticas Carme Forcadell, Dolors Bassa, Laura Solé y Andrea (presas en estos días de protestas por la sentencia y aún no liberadas) y todos los presos políticos encarcelados el 23S y durante las protestas en la sentencia. Todo el apoyo a las encausadas que esperan juicio (la mesa del parlamento, la sindicatura del referéndum, el mando policial de 1 de octubre). Todo el apoyo a las exiliadas y exiliados, a todas las detenidas y detenidos, a todas las personas represaliadas.
Es necesario que se termine la represión y la violencia policial y la anulación de toda causa judicial contra Cataluña !. Libertad presas políticas!
