Calala lanza la campaña #Queremos Ser Niñas a fin de conseguir fondos para que los colectivos de mujeres de Centroamérica puedan continuar con su labor de educación sexual y de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de niñas y jóvenes de la región.
Según el informe Mundos Aparte (UNFPA 2017), América Latina es la región con mayor desigualdad económica y social del mundo, siendo especialmente vulnerable la población joven de Centroamérica debido a la escasez de oportunidades laborales y la precarización. Esta situación se acentúa especialmente en el caso de las mujeres jóvenes centroamericanas, que no sólo se enfrentan a la falta de oportunidades, sino que también deben afrontar la violencia institucional que reflejan tanto las administraciones como las leyes, resultado de culturas fuertemente patriarcales. Destaca como preocupante en la región un hecho que ha sido denunciado de manera alarmante tanto por instituciones de Cooperación como por organizaciones de Derechos Humanos; el embarazo adolescente.
Los datos sobre este fenómeno son impactantes. En el documento Vivencias y Relatos sobre embarazo adolescente, también publicado por UNFPA, se estima que una tercera parte de los embarazos en Latinoamérica corresponden a menores de 18 años, siendo casi un 20% niñas menores de 15 años. Nuevamente Centroamérica y el Caribe concentran los mayores porcentajes de la región: Nicaragua (28%), Honduras (26%), República Dominicana (25%), o El Salvador (24%). América Latina es además la única región del mundo en la que se observa un incremento de cifras de embarazo adolescente, especialmente en México, Guatemala, Nicaragua, Perú, Ecuador y Paraguay.
Pero este fenómeno va mucha más allá de las cifras y acarrea una serie de implicaciones. El término embarazo adolescente tiene una connotación negativa y en ciertas ocasiones estigmatizada. Es necesario no olvidar que la adolescencia inicia con el desarrollo sexual de los niños y, en el caso de las mujeres, con el inicio de la menstruación, abarcando hasta la mayoría de edad. Hay que distinguir, en este periodo de tiempo dos grupos: las niñas y las jóvenes; con casuísticas, derechos y realidades diferentes.
En el primer grupo, niñas de entre 10 y 14 años, es importante destacar la existencia de un riesgo importante para la salud de la madre si se lleva el embarazo a término. Este tipo de embarazos representan una vulneración de los derechos de las niñas ya que ponen en riesgo su propia vida. Planned Parenthood ha calculado que en la región latinoamericana el riesgo de muerte materna en madres menores de 15 años es dos veces mayor al de las mujeres mayores. Entre las complicaciones identificadas por el estudio destacan el aumento de riesgo de anemia, nauseas, vómitos o infecciones urinarias y vaginales. Sin embargo, existe también la posibilidad de complicaciones médicas más severas, como son la preeclampsia-eclampsia, ruptura de membranas, parto prematuro y parto por cesárea “que (…) afecta a las niñas en esa edad tan temprana, incluyendo serios riesgos inmediatamente después de la cirugía, complicaciones tardías, entre ellas, la formación de adherencias, y riesgos durante la cirugía subsiguiente, así como una alta probabilidad de tener partos por cesárea en sus futuros embarazos”.
Las legislaciones restrictivas en cuanto al acceso al aborto ponen en particular riesgo a las niñas, pues, como demuestran los estudios, presentan mayores complicaciones de salud. Además, en muchos países, no está permitido interrumpir un embarazo, aunque esto implique el fallecimiento de la madre. Es necesario recordar que ni siquiera aunque el embarazo sea resultado de violación esta permitido el aborto en la mayor parte de los países de la región. Cabe subrayar que el embarazo de niñas está relacionado con violencia sexual pues no es posible considerar que ha existido consenso en las relaciones sexuales.
El segundo grupo, jóvenes mayores de 15 años, a diferencias de las niñas, cuentan con una serie de Derechos Sexuales y Reproductivos que responden a la capacidad reproductiva de su cuerpo y al reconocimiento de las jóvenes como personas autónomas. De acuerdo con el informe de UNFPA antes mencionado, solamente un tercio de los embarazos adolescentes son no planeados.
Hablar de niñas y jóvenes por igual bajo la categoría de “adolescentes” niega e invisibiliza la sexualidad de ésta últimas, quienes se encuentran –como la evidencia lo demuestra– ejerciéndola mucho antes de haber cumplido la mayoría de edad. Esto quiere decir que existe un conjunto de mujeres jóvenes que tienen capacidades reproductivas plenas y deciden iniciar familias de forma temprana. Es decir, el embarazo de mujeres jóvenes no es necesariamente un problema de salud, como puede serlo en el caso de las niñas. Es una problemática social que responde a cierto paradigma en relación a la estructura de las familias, la distribución del trabajo en los hogares y el cambio de sociedades rurales a sociedades industrializadas.
En los estudios y acercamientos al tema se destacan consecuencias del embarazo adolescente de carácter social y económico. De forma particular se identifica este fenómeno como un obstáculo para el acceso a la educación y como una causa de la pobreza. Ambas relaciones deberían ser consideradas como hipótesis y no como premisas de nuestro análisis. Por ejemplo, en Nicaragua el 46% de las madres adolescentes son analfabetas; esto quiere decir que han estado ausentes de los procesos de educación formal mucho antes de haber iniciado su embarazo (pues es alrededor de los 6-7 años que se enseña a leer y escribir en las escuelas). Podríamos incluso invertir la lógica de este argumento y decir: es la falta de educación la que lleva al embarazo, especialmente la falta de educación sexual y reproductiva que permitiría a las jóvenes tomar decisiones sobre su fertilidad.
Atender el embarazo adolescente desde una perspectiva de derechos implica reconocer que existen mujeres jóvenes que legítimamente deciden iniciar su maternidad a temprana edad.
Para garantizar que esto sea una decisión y no una imposición es necesario garantizar sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos: educación sexual para entender su cuerpo, anticonceptivos para controlar su fertilidad y abortos seguros para no morir.
El apoyo a colectivos de mujeres que trabajan en la región es fundamental para garantizar estos derechos, fomentar una educación sexual y proteger la vida y la salud de las niñas y jóvenes. Se puede realizar una donación en www.calala.org
