La prestación, inicialmente de 550 euros al mes este 2017 aumentará hasta los 664 euros al mes en 2020, que equivale al 100% del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) y será compatible con sueldos inferiores en el caso de los hogares monoparentales, hogares muy mayoritariamente formados por madres e hija o hijo.
Muchas reuniones entre el Gobierno y personas promotoras de la ILP han permitido llegar a un preacuerdo sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se oficializará como acuerdo probablemente el próximo lunes, una vez ya ratificado mañana viernes por la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La comisión promotora de la renta garantizada de ciudadanía ha aplazado unas horas la votación definitiva del preacuerdo prevista para hoy jueves 11 de mayo. Se trata de cambiar un “fleco” sobre la compatibilidad entre la prestación y los trabajos a tiempo parcial, la novedad introducida por el Gobierno y que afectaría a los hogares monoparentales.
Una vez formalizado el acuerdo, el texto se enviará al Parlamento para los trámites de discusión y votación de ley. Se espera que la ley se apruebe a finales de junio y el objetivo del Gobierno es que la prestación se inicie el mes de septiembre de este año.
La RGC, la podrán cobrar las y los más de 29.000 beneficiarios que hasta ahora recibían la Renta Mínima de Inserción (RMI). A estas personas, se prevé que se añadan unas 7.000 que la podrán pedir como complemento a un sueldo inferior de este umbral mínimo. Se calcula que el total de sol·solicitudes será alrededor de las 70.000 personas.
Hasta ahora el presupuesto de la renta mínima era de unos 200 millones de euros, a partir de la aprobación de la ley la dotación presupuestaria será entre 500 y 600 millones, según fuentes del departamento de Trabajo.
Un trabajo de meses para alcanzar el consenso
Ayer, 10 de mayo, se conocía el preacuerdo para la RGC. Después de trabajar conjuntamente durante meses, desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, la consejera Dolors Bassa, ha afirmado que Cataluña se encuentra “a un paso de tener una herramienta para luchar contra la desigualdad y la exclusión social”. Y por otra parte, Oriol Illa, presidente de La Mesa de Entidades del Tercer Sector, manifestó a diversos medios que: “Es una herramienta esperada en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. Los sindicatos UGT y CCOO también han recibido con satisfacción el preacuerdo.
Ya el viernes 5 de mayo, en la inauguración de la jornada “Erradicar la pobreza en el mundo y en todas sus formas”, Dolors Bassa decía: “Tenemos que seguir trabajando para identificar y combatir las caras, nuevas y viejas, de la pobreza” y se refería a las negociaciones para la Renta Garantizada de Ciudadanía, que calificó como” uno de los instrumentos más importantes para hacer más pequeña la brecha de la desigualdad”, destacando que es “una oportunidad para luchar contra la pobreza a partir de los derechos y que nos permitirá asegurar los mínimos de las personas que se encuentren en situación de riesgo o exclusión social, a desarrollar su empoderamiento y promoción hacia el mundo laboral”. “No es sólo una prestación, es un derecho nuevo, un cambio de paradigma”, afirmó Bassa y remachaba: “por eso hay que superar los escollos que quedan y lograr el consenso”. Consenso que se ha hecho público, pues, este miércoles 10 de mayo.
La RGC parte de un concepto muy diferente de la Renta Mínima de Inserción Social (RMI), porque se considera un derecho subjetivo que no cobra un hogar sino la persona. Para acceder, habrá que tener 23 años o más, entre dos y tres años de residencia en Cataluña, no tener patrimonio (excepto la primera residencia) y haber agotado todas las prestaciones anteriores posibles. Si se rechaza un empleo, la persona perderá el derecho a cobrar la prestación y se le restarán 150 euros si declina participar en un plan de reinserción ofrecido por el Gobierno.
También es muy diferente de la Renta Básica (RB), aplicada en otros países, que se define como un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o con residencia acreditada, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. La RB supera los subsidios condicionales y familiares y dota de control personal del ingreso.
Desde el feminismo
La premisa de la Renta Básica y la Renta Garantizada de Ciudadanía (quizás más parcialmente) serían una herramienta importante del nuevo modelo social, que desde los movimientos feministas se reclama.
Como acceso a la renta y mecanismo de su redistribución, son una medida de política social para hacer frente a la pobreza, el paro, la precariedad laboral y la desigualdad de género, tal y como se expresaba Carme Porta Abad en un artículo muy interesante titulado El derecho a la existencia y publicado en la Independiente en febrero de 2015.
“El análisis, que hago desde el feminismo, me lleva a hacer una valoración positiva”, decía refiriéndose a la Renta Básica y a lo que representaba para con las actuales desigualdades en el trabajo familiar y doméstico. Desigualdades, tan bien expresadas en cifras por la economista Cristina Carrasco en sus diversos estudios: El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales (escrito con Cristina Borderies y Teresa Torns); Mujeres, sostenibilidad y deuda social; y Tiempos y Trabajos desde la experiencia femenina (entre otros).
Decía pues, Carme Porta que hay unos factores que hacen de las mujeres un grupo social que acumula más factores de exclusión: un menor poder adquisitivo, más responsabilidades familiares y falta de acceso a puestos de decisión. Pero aparte hay otros factores de base que afectan directamente a la precarización de la calidad de vida de las mujeres, como son: “La falta de reconocimiento económico y social del trabajo doméstico y de cuidado, el tipo de contrataciones que provocan una falta de antigüedad en sus puestos de trabajo (un 23% de las mujeres llevan menos de un año en su trabajo)” entre otros”.
Ni que decir tiene que las mujeres han sido las grandes afectadas por los recortes a los derechos laborales pero también en los derechos no plenos de las políticas de igualdad de oportunidades, aún no consolidados. Aquellos derechos, según Porta, que desde el incipiente Estado Catalán del Bienestar, nos permitía optar a una vida con una cierta libertad de opción”.
Opiniones de Porta, de Carrasco y de tantas expertas feministas, desgraciadamente confirmadas también en cifras por todos los últimos estudios de la pobreza en Cataluña, realizados por la Generalitat, el sindicato UGT, y el Observatorio Mujer Empresa Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona (ODEE), entre otros.
