Por Juan Roch | Bea P. de la Cuerda. Viento Sur
El pasado miércoles 23 se ejecutó el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde hace décadas en una vivienda de alquiler. Se conocen de sobra los detalles del lanzamiento y la brutalidad que se ejerció sobre una mujer evidentemente vulnerable y sobre las personas que se agruparon con el Sindicato de Inquilinas para intentar evitarlo, pero lo que aún no tenemos claro es la dimensión de su impacto social y político.
Que el caso sacude toda la política en el Estado español, es algo de lo que no cabe duda; la cuestión es no tanto eso como prever y valorar las derivadas que esa sacudida pueda tener. La derecha, que se ve a sí misma dirigida al poder a través del desgaste del gobierno, ve esto como una piedra en el camino porque desvía la agenda de los escándalos que los jueces y el propio PSOE le facilitan cada día. Su papel al servicio de las clases dominantes y el capital no les permite moverse con agilidad en un caso como este, en el que no tienen más margen que defender a los grandes tenedores mientras tratan de evitar que se les asocie con la inhumanidad del lanzamiento de una anciana. La cuadratura del círculo que tratan de realizar los dirigentes del Partido Popular parecería difícil si no fuera porque el foco está sobre la esfera progresista, que tiene el reto, aún mayor, de explicar por qué tras ocho años de gobierno no ha podido ofrecer ninguna solución ante una catástrofe social anunciada.
Su verborrea discursiva, descontrolada desde que en el gobierno Sánchez con Podemos hablaban sin pudor del gobierno más progresista de la historia, tampoco les ayuda. Estos días, en efecto, circulan imágenes de Sánchez afirmando que los desahucios se habían acabado y de ministras y dirigentes que han hecho de la vivienda una bandera que hoy no ha servido ni para detener el desahucio más brutal en años, mucho menos para meter mano seriamente al problema de la vivienda.
Como en 2008, cuando se abrió la gran crisis, es el movimiento social el que hace visible la tensión a la que están sometidas las clases populares y ofrece resistencia frente a un poder económico descontrolado, que estaba más cómodo ejerciendo su dominio fuera del foco pero que no parará de hacerlo aunque tenga que hacerlo a la vista de todas. En este ciclo, el liderazgo que ejerció antes la PAH está siendo desempeñado principalmente por el Sindicato de Inquilinas, pero en ambos casos la tarea central es coincidente: con trabajo militante, con constancia estratégica y con la lucha social, han tratado de contener los desahucios y visibilizar el problema de la vivienda. Así, el drama de Maricarmen –junto con el de David, vecino de Vallecas expulsado sin tanta visibilidad mediática el mismo día, junto a las 4.005 ejecuciones del primer trimestre de 2026 y las 25.540 de 2025– se conforma como hecho significativo, como momento político movilizador, y la cuestión es si, por su dimensión, puede acabar constituyéndose como punto de inflexión y lanzadera de un nuevo ciclo en el Estado.
Impotencia y culpa del socioliberalismo
La fuerza principal de los socioliberales, al menos en Europa, ha estado basada en su capacidad para hacer la envolvente al conjunto de la izquierda, absorbiendo la dirección de todo el espectro político que no se situara en la derecha. Sin embargo, en ese mismo éxito lleva su penitencia. Hacerse cargo de la izquierda desde posiciones expresamente socioliberales implica, para decirlo resumidamente, asumir que su único rol es repartir los excedentes del capital mientras las cosas van bien y solo en la medida en que ese reparto no afecta a los intereses sensibles del capital. Esto tiene unos límites evidentes, que quedaron patentes de forma casi teatral en los mandatos de Zapatero, cuando se pasa del crecimiento y el reparto de beneficios a la rendición completa ante la Troika y la convocatoria de unas elecciones que, como cualquiera podía anticipar, fueron un paseo militar para la derecha.
En el caso de Sánchez, su política es ligeramente distinta: más desatado en el discurso, sus gobiernos han asumido que su papel consistía en fomentar activamente la actividad económica y que eso pasaba por aceptar que la vivienda era y es una de las puntas de lanza del crecimiento. La vivienda, para decirlo claro, nunca ha sido un derecho real para las clases populares, sino un bien de consumo dentro del sistema capitalista. Sin embargo, es necesario señalar que desde la crisis de 2008 el papel de la vivienda como elemento económico se ha disparado en torno al turismo y la economía de plataformas. Así pues, la crisis que en el caso de Zapatero se muestra como momento dramático aparece en este ciclo como crisis larvada, de desgaste, en la que el progresismo no tiene más que lamentarse de su propia impotencia.
Los dirigentes del PSOE no parecen haber tenido problemas en asumirlo y hemos tenido que presenciar el espectáculo penoso de una ministra de Vivienda afirmando que el fondo buitre se ríe de las administraciones, como si ella misma no fuera la máxima responsable de la política de vivienda en el Estado. Penoso, pero no más que los socios de gobierno relanzando las viejas consignas que no han llevado a ningún avance en ocho años, o el gobierno anunciando que retomará el decreto de vivienda que guardó en un cajón hace tres meses.
Sin embargo, esta exhibición de impotencia no puede llevarnos a justificar la situación, ni mucho menos. Está claro que la política de subordinación al capital es incapaz y roma, pero está igual de claro que eso lo puede y debe saber un gobernante. El gobierno progresista, tanto el PSOE como los socios, es responsable de ponerse al mando bajo premisas políticas que arruinan a las clases populares y obreras, y estas deben hacérselo pagar políticamente.
Ahora, ¿hacia dónde?
A nadie se le escapa que el momento es crítico en la política española: encaramos un año electoral en el que la mayoría de encuestas prevén un desplome de las fuerzas de gobierno a favor de una derecha fragmentada, con una situación social muy dura y elementos fuertemente contradictorios. De un lado, el trabajo crece; de otro, las condiciones de las trabajadoras son cada vez peores. Las clases populares se enfrentan al dilema de retirar el apoyo a un gobierno progresista que nos lleva a cada vez más trabajo pero en peores condiciones.
El problema de la vivienda pasa a ser central y la dirección correcta en este tema puede ser la clave para escalar un conflicto social que despierta dos elementos clave: la legitimidad y el apoyo social. El Sindicato de Inquilinas ha sido capaz de desbloquear ambas cosas –no siempre van unidas; pensemos, por ejemplo, en la enorme legitimidad que acumula la lucha del pueblo saharaui y su escaso peso social– y ahora se trata de dimensionarlo políticamente.
Son tiempos de vértigo en los que, como decía Bensaïd, se pueden producir saltos políticos que equivalen al trabajo de décadas. El problema que no siempre tenemos en mente desde la izquierda es que la derecha también aprovecha estos tiempos rápidos, y en la última década lo ha hecho más y mejor que nosotras. Se trata, entonces, de revertir esto con una política que pivote sobre la emergencia habitacional y las necesidades de las clases populares para escalar el conflicto y darle una derivada radical desde el sentido común de las mayorías: reducción de alquileres, contratos indefinidos, vinculación de las subidas no con el IPC sino con el crecimiento medio de los salarios, expropiación de las viviendas de fondos buitre y de la banca, límite del alquiler al 20 % de los salarios.
Que no te puedan echar de tu casa, que tu casa no cueste más de lo que ganas, que los grandes fondos no especulen con las casas que necesitamos para vivir. Son consignas que el gobierno progresista no puede aceptar, no puede llevar a cabo, pero que articulan la lógica compartida por las clases populares, una lógica que tiene un momento de oro para mostrarse y hacer relucir su peso. Es algo que está comenzando a suceder con la cuestión palestina: al principio, muy pocas hablábamos de genocidio; ahora la verdad se ha abierto camino, aunque empezara pareciendo radical. Si esa lógica no encuentra su lugar en la acción política del gobierno, que pase el siguiente. Que haya hueco para el trabajo político de una izquierda enraizada en las necesidades comunes y en una radicalidad democrática que reivindique las necesidades materiales: como decía el viejo Marx, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y quien no sea capaz de asumir esto, que se aparte: hay espacio para un proyecto común que sí lo defiende.
Juan Roch y Bea P. de la Cuerda, militantes de Anticapitalistas Madrid
