Esperanza Huayama con los periodistas
Esperanza Huayama Aguirre, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba demandó a la Fiscal Supraprovincial Penal de Lima, Marcelita Gutiérrez, quien asume actualmente la investigación de los casos de esterilización forzada, que haga realidad la Justicia para las mujeres ligadas.
Mediante una conferencia de prensa, organizada por Amnistía Internacional para lanzar la campaña mundial para exigir un registro de víctimas de esterilizaciones, donde estuvieron presentes Marina Navarro y Erika Guevara-Rosas de Amnistía Internacional, Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal y Sara Cuentas del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), Esperanza Huayama expresó: “Usted señora Fiscal, como mujer, ha de comprender cómo estamos las mujeres ligadas; mal de salud, abandonadas por las parejas, con nuestras familias que han migrado en busca de un futuro mejor; con pobreza y sin trabajo, y con fuertes dolores en nuestros vientres. Nosotras no mentimos, las pruebas están en nuestro cuerpo”.
Esperanza Huayama y Sara Cuentas durante la conferencia
“Queremos evidenciar nuestra preocupación por la ineficiencia del trabajo del ex Fiscal Marco Guzmán Baca quien, a pesar de haber subido a Huancabamba el 2013 para recoger testimonios de mujeres esterilizadas, no ingresó sus casos en la lista de agraviadas. Esta negligencia evidencia que se ha tenido poca seriedad en el registro de casos. Y será imprescindible que la Fiscal Marcelita Gutiérrez de un mensaje claro de que esto no volverá a ocurrir”, sostuvo Carlos Rivera, abogado defensor de las mujeres de Huancabamba.
“El Fiscal Guzmán Baca no recogió nuestros casos como se debía, no tomó en cuenta nuestra palabra, pensó que mentíamos. Pensó que iba a encontrar cinco casos y se encontró con 204 mujeres ligadas en Huancabamba. Él se llevó toda la información a Lima, y preguntamos ahora, ¿dónde está? ¿por qué no aparecen nuestros casos en la Fiscalía?”, demandó Esperanza Huayama.
Por su parte, Erika Guevara-Rosas de Amnistía Internacional recordó que “El Estado peruano debe garantizar justicia y reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada. Las esterilizaciones sin consentimiento previo e informado constituyen una grave violación a los derechos humanos de las mujeres”.
La gran mayoría de las mujeres afectadas por las esterilizaciones son indígenas y campesinas, de bajos recursos, quechua hablantes. Tanto sus cuerpos como sus derechos humanos fueron violentados, con engaños, amenazas e información falsa. “Por esa razón nosotras pedimos que se cree una Comisión de la Verdad para los casos de mujeres ligadas, para que se sepa lo que ocurrió y cómo nos hizo daño a nuestros cuerpos, para que se sepa cómo se nos va a reparar”, aclara Esperanza.
“Fue una política de Estado y no una negligencia médica como señala la parte acusada. Aquí hubo responsables directos y tienen que responder ante la justicia”, señalo Carlos Rivera.
Finalmente, Esperanza enfatizó que su organización continuará sumando a otras mujeres esterilizadas en su demanda de Justicia y Reparación. “Nosotras vamos a seguir luchando, vamos a sumar con todas mis hermanas de Cusco, de Ayachucho, Huancavelica, Puno hasta que tengamos Justicia y Reparación. Todas estamos organizadas y seguiremos pidiendo justicia y reparación.
La próxima semana estará en Barcelona, la Defensora de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba, Obdulia Guevara Neyra, quien vendrá a compartir un espacio de reflexión con el movimiento de mujeres y de derechos humanos. La Red de Migración, Género y Desarrollo está impulsando esta iniciativa en coordinación con CEAR Euskadi.
