Este es un Comunicado de la Organización Wayuu Munsurrat – Mujeres Tejiendo Paz, Funtraenergetica, Sintraminercol, Riohacha a la opinión pública. Una denuncia urgente de la persecución contra las lideresas del proceso de la Comunidad de Portete.
Queman enramada donde se reúnen las víctimas para conmemorar la masacre y atacan el vehículo donde iban Telemina Barros y Carmen Fince y disparan contra el vehículo de protección de Debora Barros Fince.
El sábado 1 de septiembre de 2012, las lideresas Telemina Barros y Carmen Fince, se trasladaban a primera hora de la mañana hacia el norte de la comunidad de Bahía Portete, a recoger a un funcionario de Parque Nacionales Naturales cuando se les atravesó un vehículo cheroki y otro de color blanco ambos de placas colombianas, cuando se dieron cuenta de que la policía venía, huyeron del lugar desconociendo el motivo y cuál era la intensión de los sujetos que cometieron este hecho.
Pero más tarde, el mismo día a las 19h, la lideresa Debora Barros Fince, se desplazaba de retorno de Media Luna hacia Riohacha, en un lugar llamado la S, cuando se sintió un impacto en el vehículo donde viajaban que partió el vidrio del blindaje del coche propiedad de la agencia de vigilancia Vise. Decidieron no detenerse hasta llegar a la estación de policía del Uribes. Cabe destacar que donde sucedió el hecho siempre había un vigilante de la empresa Cerrejón y el Ejército, pero esta vez no había ninguno.
Además, hacía pocos días que quisieron cambiar la autoridad tradicional de Portete, Agustín Fince Epinayú, acto totalmente irresptuós con la Autonomía wayuu.
Nuevamente con estos hechos-denuncian las lideresas wayuu-los enemigos del retorno, de la reparación colectiva y directa de la Comunidad de Portete: “pretenden re-victimizar, después de destruir las enramadas donde hay las lágrimas, el dolor y todas las esperanzas que se han construido. Hoy sólo buscan la desestabilització al proceso, causar terror a las víctimas, provocando el exilio y la tristeza.
También el pasado 28 de agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del recurso de Casación que interpuso la familia de José María Barros Ipuana. La Corte le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que imputara el delito de desplazamiento. Por otra parte, el Diario del Norte de la Guajira publicó la noticia de que el alias Pablo muy pronto será extraditado y con él se va la información y la esperanza de encontrar a nuestras desaparecidas.
Contexto
Desde hace 8 años, las lideresas del proceso de la comunidad de Portete, han denunciado la masacre, la persecución, la marginación y el desplazamiento forzado sufrido buscando la justicia y la verdad, sin descanso para el no el olvido y la no repetición. Visibilizando los hechos de la masacre que hoy tiene a una comunidad en riesgo de NO volver a su Territorio de donde nunca debieron haber salido.
La comunidad ha tenido paciencia y ha creído en el Gobierno. En el año 2010 se inició un proceso con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para devolver a la comunidad a su territorio de donde nunca deberían haber salido. Luego, en mayo de 2012 se inició un diálogo con la Doctora Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Con ella se pactaron acuerdos y calendario con confianza. Se habló desde la autoridad tradicional a la autoridad de la Unidad para dar prioridad a la vuelta de la comunidad marcada en el decreto reglamentario ley 4633.
Después se inicia una primera fase del compromiso que es el saneamiento en el territorio, porque el 2004, en el mes de agosto se llevó a cabo un falso retorno situando a personas ajenas al territorio para hacerlas pasar como si fueran las víctimas de la masacre. Asumiendo el compromiso la unidad de víctimas envía a unos funcionarios de nivel nacional y departamental y de asuntos indígenas del Municipio de Uribes el territorio para hacer la caracterización de las familias asentadas en el área, pero realmente no llevaron a cabo esta función, cambiando el compromiso de forma “grave y fatal para la comunidad” -afirman las lideresas-, porque reunieron las comunidades de los alrededores de la Bahía de Portete, diciendo que ellas también eran víctimas, incluso hasta los victimarios ahora forman parte de este grupo que pretende hacerse reconocer como víctimas.
Pero lo más lamentable ahora -dicen- es que “miembros de la comunidad que nunca pusieron una denuncia, nunca acompañaron a los Yanama realizados durante 8 años, y que además ya no habitaban el territorio antes de los hechos, que nunca acompañaron en este recorrido tan largo y tormentoso al proceso que se ha llevado y que se sigue llevando. Como comunidad nos duele que hasta hoy se acerquen sólo por el dinero y buscando entorpecer el proceso “.
Todos estos hechos ocurren cuando la comunidad y un grupo de abogados han iniciado el proceso de demandar la empresa Cerrejón por su presunta responsabilidad en la masacre de 2004 en la que participaron militares-paramilitares al servicio de esta compañía, que incluso tal muestran las declaraciones de aquellas personas que participaron, salieron del batallón y en vehículos de los militares.
Ante todos estos hechos y dado su contexto, las lideresas de la comunidad de Portete solicitan:
“Expresar su solidaridad hacia los familiares de las víctimas, exigir al gobierno nacional garantías plenas para los familiares, el cese de toda persecución, señalamiento y re-victimización a las lideresas y sus familias; Enviar comunicaciones a la compañía Cerrajónl, a la Embajada Suiza (sede de la compañía Xtrata-Glencore), a la Embajada de Inglaterra en Colombia, a la Embajada de Australia y a las autoridades Colombianas exigiendo garantías para los y las familiares de las víctimas, Justicia, Verdad y Reparación; y a la Comisión Interamericana de Justicia para que le exija al gobierno Colombiano, garantías de Verdad, Justicia y Reparación a las familias y hacer efectiva las medidas cautelares ordenadas por la Comisión.
Fotografías de T.G. La Independent durante una entrevista en noviembre de 2009 de la XIPVG con las lideresas wayuu en “Wajiira”
