El Gobierno catalán impulsa el Observatorio de la Igualdad de Género, que integrará el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre la Violencia Machista.
Estos dos órganos se crean para contribuir a la mejora de las políticas públicas de género y fomentar estudios e investigación sobre la violencia machista.
El Observatorio, integrado dentro de la estructura del Instituto Catalán de las Mujeres, asesorará el Gobierno y trabajará indicadores, estadísticas e investigaciones científicas sobre las desigualdades entre mujeres y hombres con la intención de mejorar las decisiones, la planificación y la evaluación de las políticas públicas desde la perspectiva de género. Para ello, el Observatorio diseñará un sistema de indicadores para conocer de forma actualizada la evolución de las desigualdades de género y determinar los motivos de su persistencia. Además, propondrá al Gobierno medidas para corregir las situaciones de desigualdad y de discriminación contra las mujeres.
En paralelo, el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre la Violencia Machista llevará a cabo tareas relacionadas con la investigación, el estudio y la divulgación científica sobre la violencia machista, así como de formación y capacitación del personal profesional que interviene en procesos relacionados con la violencia machista o con la situación laboral y la imagen pública de las mujeres.
A pesar de que la voluntad del Gobierno sea impulsar la igualdad de género, otras fuentes progresistas y feministas dudan de la fuerza real que tendrán estos órganos, ya que sólo son considerados como órganos consultivos y por tanto el gobierno en ningún caso tiene la obligación de aceptar sus propuestas.
Las fuentes consultadas, alertan del grave error de base si desde el Gobierno sólo consideran necesario velar por las políticas públicas de género, ignorando la necesaria transversalización de género en el resto de políticas públicas del país. Se perdería una nueva oportunidad y una vez más, el discurso del gobierno quedaría diluido al no establecer ningún control ni obligación de incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas.
Las mismas fuentes han declarado que el éxito o el fracaso de estos órganos dependerá en gran medida de la experiencia y conocimiento del feminismo del equipo que los integran.
