El 20 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas y con este motivo, la Asociación de Mujeres de Guatemala –AMG- impulso.
Cuentan con el apoyo del Área de gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid y en el marco del Plan Estratégico de Derechos Humanos, una jornada de debate.
El encuentro reúnio a diversas portavoces especializadas en el análisis de las violencias más representativas hacia las mujeres en Centroamérica –violencia sexual, feminicida, y las perpetradas contra activistas y defensoras de los Derechos Humanos y del territorio- en el llamado Triángulo Norte, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala.
El objetivo del encuentro es visibilizar la desprotección en la que se encuentran las mujeres de esta región y el escaso reconocimiento del Derecho Humano al asilo en el Estado Español. Asimismo, se busca construir alternativas que favorezcan los procesos de protección internacional y de acceso a la justicia y a la defensa de los Derechos Humanos y de la naturaleza para las mujeres de Guatemala y Centroamérica.
Los recientes casos de represión en Nicaragua refrendados por el presidente Daniel Ortega, el caso de las 41 niñas calcinadas el 8 de marzo de 2017 en el ‘Hogar Seguro Virgen de la Asunción’ en Guatemala, la violencia feminicida en El Salvador, que llega a cifras como 4 mujeres asesinadas en un mismo día o el hecho de que en Honduras una mujer sea asesinada cada 13 horas, llegan como titulares a los diarios del Estado español sin que se pueda siempre profundizar en la realidad que se vive en esta región donde sistemáticamente se violan los Derechos Humanos.
La constant vulneració de drets per part dels Estats centreamericans recau, especialment, en els cossos racialitzats de les dones sense que altres estats, com l’espanyol, garanteixin efectivament el dret humà a l’asil per a les víctimes. En l’anomenat Triangulo Norte, les violències exercides contra la població civil i, amb particular virulència, contra les dones mobilitzen els fluxos migratoris cap a Estats Units, però també cap a Espanya. De fet, el nombre de persones que es refugien a l’Estat espanyol s’ha incrementat en els darrers anys, però no així les concessions d’estatuts d’asil: des de 2008 fins a 2014, únicament hi va haver 564 sol·licituds d’asil dels quatre països més representatius amb conflictes: Hondures, El Salvador, Guatemala i Nicaragua. A Espanya, el 42 per cent de les persones que van sol·licitar algun tipus de protecció internacional en 2017 eren dones i nenes.
Romper el silencio
El 8 de marzo de 2017 41 niñas tuteladas por el Estado de Guatemala fueron calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, como consecuencia de una estrategia de representación estatal en el ‘Hogar Seguro Virgen de la Asunción’, donde 780 menores permanecían en intercambio, aunque la capacidad del centro era para un máximo de 400. Hoy, la abogada defensora Paula Barrios, directora de la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), y Brendy Susana Cuy Urizar, que perdió a su sobrina Yohana Desiré Cuy Urízar en el incendio, nos han relatado el terrible hecho y el contexto en el que se produjo para que “las voces de las 56 niñas no estén calladas”.
La misma semana que estas 41 niñas morían calcinadas, en un solo día fueron asesinadas 4 mujeres en El Salvador, prueba de las alarmantes cifras de feminicidios. Mientras, en Honduras, una mujer es asesinada cada 13 horas.
Desde el 18 de abril Nicaragua vive una constante y violenta represión, desencadenada por las protestas contra las reformas a la seguridad social del gobierno de Daniel Ortega que suponen un incremento de la cuota de los trabajadores y las trabajadoras. La ciudadanía nicaragüense exige en las calles la renuncia de Ortega y de su ejecutivo, después de once años en el poder con constantes acusaciones de abuso y corrupción. Tras más de 55 días de crisis, y hasta la fecha, han muerto 146 personas como consecuencia de estos actos represivos y las solicitudes de refugio en países cercanos como Costa Rica, han pasado de 15 a 150 diarias.
La posición geoestratégica del Triángulo Norte de Centroamérica, por donde transita el 80 por ciento de la droga y otros activos ilícitos rumbo a EE.UU., favorece el crecimiento de la economía criminal producida por las mafias, del pasado y del presente, que convierte a miles de mujeres y de niñas en la mercancía de las redes de trata, en cobradoras de los impuestos de guerra establecidos por los diferentes grupos armados, en transportistas de la droga, de armas y de dinero lavado, en propiedad sexual de los diferentes grupos armados, así como en niñas soldado destinadas al sicariato. Muchas formas de violencia feminicida son el resultado de las luchas de poder entre grupos criminales que exhiben su letalidad a través de la destrucción de los cuerpos de las mujeres que consideran de su propiedad o como posesiones de un grupo considerado enemigo, en un territorio concreto que suele estar en disputa.
Esta realidad no es nueva sino el fruto de sociedades posgenocidio, donde los cuerpos de las mujeres racializadas han sido históricamente expoliados y blanco de las políticas del terrorismo de Estado: así lo demuestran los análisis de los conflictos armados de El Salvador y Guatemala o la crisis de gobernabilidad a raíz golpe de Estado de 2009 en Honduras, como expresiones recientes de un pasado colonial que sigue negando el acceso a la ciudadanía plena a las mujeres. Actualmente, las mujeres también lideran, en muchas comunidades, los movimientos de resistencia frente a megaproyectos de multinacionales responsables de otras formas de exterminio como el ecocidio.
Flujos migratorios
La mayoría de las personas que huyen del triángulo norte lo hacen hacia México, generalmente rumbo a Estados Unidos: según ACNUR, de casi 500.000 inmigrantes que entran a México cada año huyendo de la violencia, la gran mayoría provienen del Triángulo Norte. El 92,2% de las personas inmigrantes y refugiadas que atendió Médicos Sin Fronteras, “sufrieron un evento violento en su país o durante la ruta a través de México”. Pero, en los últimos años, el número de personas que se refugian en el Estado español ha ido en aumento, no así las concesiones de estatutos de asilo: desde 2008 hasta 2014, únicamente hubo 565 solicitudes de asilo de los cuatro países más representativos a estos efectos: Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Es a partir de 2015 cuando los dos primeros experimentan un aumento sustancial, subiendo a 148 y 136 respectivamente en 2015, a 399 y 444 en 2016 y a 980 y 1.1150 en 2017. Del total, alrededor del 47% son mujeres y niñas. Sin embargo, el número de concesiones de protección internacional siempre ha sido muy bajo. Desde 2008 el total de resoluciones positivas ha sido tan solo de 49,41 asilos (18 para mujeres y niñas) y 8 protecciones subsidiarias (7 para mujeres y niñas). El porcentaje total de la protección otorgada es de 2,78%.
La realidad de estas cifras delata el aumento de la llegada de personas refugiadas procedentes de Centroamérica, en consonancia con el agravamiento de las violaciones de los Derechos Humanos en la zona, y al tiempo, la prácticamente absoluta denegación de protección por parte del Estado español. Sin embargo, estos datos son solo la punta del iceberg, porque la gran mayoría de mujeres que huyen de Centroamérica hacia España no solicitan la protección internacional, en la mayoría de los casos por no conocer que tiene el derecho y por miedo a acercarse a las organizaciones especializadas y más aún a las instituciones.
*Encuentro internacional en Madrid: ‘De las violencias contra las mujeres en Guatemala y Centroamérica a la (des) protección internacional’ Las mujeres que piden asilo nos recuerdan la violencia de un sistema colonial, patriarcal, capitalista y racista a través del cuerpo de las mujeres.
Fotos: AmecoPress
