OPINIÓN
Primero fue el largo proceso pre electoral, luego el proceso electoral, ahora los tiempos de relevo presidencial, de la toma del poder en todas partes, en medio el mundial de futbol, las crisis por eventos naturales muy terribles, el caso es siempre hay algo más importante que hacer para darse tiempo para atender la violencia contra las mujeres en México.
Todos los días y a cada momento los grupos organizados de la sociedad civil en el país y a veces las propias familias, incluso, más recientemente, algunas instituciones de gobierno como las Fiscalías en los estados, reportan en redes sociales los numerosos casos de asesinatos contra mujeres y un número, no menos importante, de mujeres de todas las edades desaparecidas en todas las entidades del país.
Se habla de una emergencia nacional del feminicidio, se han dado las cifras y los casos más espeluznantes han sido revelados por los medios de comunicación, que siguen contando las historias de estas vidas rotas, hay una enorme indignación de los diferentes colectivos feministas frente a la falta de castigo para los victimarios, la impunidad sigue ganando terreno: la gran mayoría de los depredadores de mujeres siguen libres, no hay investigaciones certeras ni menos científicas y los procesos judiciales “se caen” por errores de las propias fiscalías, que inventan sus propias historias.
Estas acciones y las del poderoso sistema judicial mexicano, plagado de dos males: por un lado, los estigmas y estereotipos que siguen siendo pesados al momento de definir una sentencia y que, por ende, siguen marcando el “quehacer” de la justicia y, por el otro, la corrupción el secreto a voces intocado, que alimentan cada día el peregrinar de las familias, que son quienes tienen que pagar, probar, investigar, rastrear, demostrar primero que sus hijas han sido asesinadas, aunque haya un cuerpo inerte de por medio, o que sus hijas no se fueron con el novio ni de pinta, que son como hemos dicho víctimas reales, de carne y hueso.
A groso modo sabemos algunas estadísticas: cada día se cometen siete asesinatos de mujeres, el 25 por ciento se investiga como feminicidios, es decir, menos de dos asesinatos cometidos al día se investiga como feminicidio, y menos del dos por ciento de los casos, los agresores, son sentenciados.
Son cifras escalofriantes si vemos que en los últimos 10 años casi 24.000 mil mujeres fueron asesinadas; el otro riesgo es desaparecer, muchas veces víctimas de trata o de violencia sexual y asesinato. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas refiere que entre 2007 y abril 2018 informa en su página web de 9.327 mujeres con reporte de desaparición en las estadísticas del Fuero Común, más otras casi 200 del Fuero Federal, entre enero 2014 y abril de 2018.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, -conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad-, hasta ahora declaradas en 15 entidades de la 32 que conforman la nación, en Veracruz una más por agravio comparado en toda la entidad.
En total, sin contar los municipios incluidos en la segunda declaratoria de AVGM en Veracruz, suman 200 municipios, es decir, esta “herramienta” cubre a poco más del 8 por ciento de los municipios del país, sin contar las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
En ese sentido hay una enorme discusión sobre la eficacia del mecanismo de AVGM, que pone a los gobiernos y sus instituciones la tarea de enmendar lo que en años no hicieron bien en todas las materias posibles para prevenir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Así entonces la sociedad denuncia asesinatos y desapariciones, hay en esta historia grotesca miles de marchas y manifestaciones a lo largo y ancho del país, algunas más significativas que otras, pero todas igual de importantes, porque todas cuentan, todas visibilizan un problema social real que afecta a miles de familias mexicanas y todas con una sola demanda: #NiUnaMás.
La primera solicitud se presentó en 2014, las 16 declaratorias hechas hasta ahora, incluyendo la de agravio comparado en Veracruz, se han efectuado entre 2015 y 2018.
¿Se trata de percepciones distintas?
Para la sociedad organizada, casi siempre compuesta por grupos feministas y familias de las víctimas, se trata de un asunto urgente. En cambio, para las instituciones está visto, dadas las respuestas, no lo es, tanto que aún hoy están pendientes las solicitudes de AVGM la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Jalisco, Puebla y otros siete municipios del Estado de México, y municipios de otras ocho entidades no fueron declaradas: Baja California, Querétaro, Tlaxcala (la llamada cuna de la trata en México), Guanajuato, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Y esta emergencia nacional por desaparición y asesinato de mujeres toca a todas las puertas, es claro, está semana presenciamos lo que a nadie se le desea, el asesinato de Valeria Cruz Medel, en Veracruz, y la reacción de quienes tienen parte del poder en México.
Este país es, desde hace mucho tiempo una espantosa tumba para las mujeres, por eso es una emergencia nacional. Pero las autoridades siguen en lo mismo: acariciando la impunidad y dando alas al patriarcado machista.
¿Qué nos falta por hacer? Sin duda salir a la calle y exigir #NiUnaMás pero no solo las feministas de siempre, toda la sociedad, porque esta que ha sido llamada también “epidemia” de violencia contra las mujeres no respeta a nadie.
