Cada 15 minutos, al menos cuatro personas son víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe, y entre 2003 y 2011, la región mantuvo la indeseable distinción de ser la más violenta del mundo, con 23.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Durante esa misma década, la región experimentó avances económicos y sociales sin precedentes al reducirse la pobreza extrema en promedio a menos de la mitad y llegar a 11,5 por ciento.
La desigualdad en el ingreso, en ese mismo período, se redujo más de siete por ciento en el índice de Gini (indicador de la desigualdad de los ingresos dentro de un país), y por primera vez la región contó con más personas de clase media que están viviendo en la pobreza.
Eso reveló el nuevo informe del Banco Mundial, dado a conocer el pasado día 7, titulado “Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta”, en el cual afirma que la violencia sigue siendo un reto importante para la región.
Recalca que los importantes logros económicos y sociales de la década anterior no repercutieron en una disminución de la violencia, sino que incluso se aceleró en la segunda mitad.
De las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 se encontraban en la región en 2013, y entre 2005 y 2012 la tasa de crecimiento anual de los homicidios fue tres veces más elevada que la de crecimiento poblacional.
Para hacer frente al costoso problema del crimen y la violencia, el Banco Mundial considera que la región de América Latina y el Caribe es necesario aumentar los esfuerzos de prevención basados en una comprensión más clara de sus causas y de aquellas políticas que han demostrado su eficacia.
“No es de extrañar que el número de latinoamericanos que mencionan al delito como su mayor preocupación se haya triplicado en estos años”, afirmó Jorge Familiar, vicepresidente de la Región de América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial, durante la presentación del informe.
Por mucho tiempo, comentó, la lógica parecía irrefutable: el crimen y la violencia históricamente se creían síntomas de las fases iniciales del desarrollo de un país que se podían “curar” con crecimiento económico y reducciones de la pobreza, desempleo y desigualdad.
No obstante, dijo, esa percepción cambió puesto que ahora los estudios muestran que el desarrollo no necesariamente brinda mayor seguridad en las calles.
Recordó que entre 2003 y 2011, el crecimiento regional anual promedio en América Latina y el Caribe, excluyendo la crisis mundial de 2009, alcanzó casi cinco por ciento.
Más aún, señaló que la tasa de crecimiento entre el 40 por ciento más pobre de la población eclipsó a la del mismo grupo en todas las demás zonas del mundo.
Consideró que para tener éxito, la región necesita construir un tejido social más inclusivo y con mayor igualdad de oportunidades, así como implementar políticas de prevención que hayan funcionado en disminuir la violencia, tales como la reducción de las tasas de deserción escolar y el aumento de empleo juvenil de calidad.
Incluso, dijo, las políticas de salud deben ser consideradas para prevenir y “tratar” la delincuencia, la violencia y la agresión, así como una mejor nutrición como tratamientos de salud mental que pueden ofrecer resultados prometedores.
Reconoció que la eficacia de muchas de esas políticas preventivas depende en gran medida de la capacidad institucional para implementarlas, ya que la prevención del delito puede ser claramente más exitosa en un contexto en el que la población confía en instituciones como la policía o el sistema judicial.
