OPINIÓN
Muchas mujeres chilenas vivimos en países donde se garantizan los derechos sexuales y reproductivos. Mientras estamos en Barcelona formamos parte del 61% de la población mundial que tiene acceso al aborto a petición de la mujer durante ciertos plazos y por diversas razones sociales, de salud o económicas.
Dado que el derecho a decidir está garantizado legalmente, hemos podido conocer a mujeres que por distintos motivos han decido interrumpir sus embarazos.
A diferencia de lo que ocurre en Chile, ellas lo hicieron con la tranquilidad de que su decisión no constituía un delito, no sería sancionada moralmente ni tendría repercusiones para su salud. De la misma manera, diversas mujeres chilenas han experimentado la tranquilidad de abortar legalmente en países donde la interrupción del embarazo es una opción personal, es un derecho garantizado por el Estado y, por tanto, respetado socialmente
Somos chilenas, pero tenemos más derechos que nuestras compatriotas porque vivimos en lugares donde las mujeres podemos decidir interrumpir un embarazo legalmente y con garantías sanitarias, sin temor a ser perseguidas, juzgadas ni -mucho menos- ir a la cárcel por ello. En Francia, España y Alemania se puede decidir libremente interrumpir la gestación hasta la semana 14 y en Portugal hasta la semana 10.
En casos de enfermedades graves de la mujer, malformaciones fetales severas, incurables o incompatibles con la vida, no se establecen límites para abortar. Pero esto no es exclusivo de los países europeos. En varios países de Latinoamérica las mujeres pueden interrumpir legalmente un embarazo no deseado: en Uruguay, por ejemplo, hasta la semana 12 o hasta la 14 en casos de violación o sin plazo, en aquellas situaciones de riesgo para la salud de la mujer o inviabilidad fetal. El plazo de 12 semanas es también reconocido en el Distrito Federal de México, mientras que en Cuba es de 10 semanas.
Por eso nos indigna cada de vez que nos enteramos a través de la prensa de casos de niñas chilenas embarazadas (y de hecho, violadas, a menudo por hombres cercanos a su entorno) que son obligadas a continuar con sus embarazos. Cuando en alguna conversación explicamos que Chile es uno de los pocos países del mundo que penaliza el aborto sin ninguna excepción, muchas personas se sorprenden y extrañan.
Foto: dos miembras de la Plataforma, en Ca la Dona
Para la opinión internacional somos un país que ha logrado importantes avances en materia de igualdad de género. Basta mencionar que somos uno de los pocos países en el mundo que ha tenido una presidenta, reelecta, y además la primera en ejercer como Directora de ONU Mujer. Por eso no pueden creer que Chile, el país que se levantó tras la dictadura, que luchó por los derechos humanos y que prometió no volver a repetir esa historia, sea incapaz de reconocer los derechos humanos de las mujeres, aceptando el legado de la dictadura por más de 20 años. Porque la penalización total del aborto es un legado de la dictadura.
Desde 1931 el aborto terapéutico era legal en Chile.
Fue en 1989, en los últimos meses del Gobierno de Pinochet, y siguiendo los dictados de la jerarquía católica, cuando la junta militar modificó la ley y criminalizó sin excepción la interrupción del embarazo. Y terminó la dictadura, dejando los derechos reproductivos de las mujeres chilenas hipotecados, como una de las monedas de cambio.
Todas sabemos que el aborto clandestino es una realidad en Chile. Pero esa clandestinidad no nos afecta a todas por igual. Las mujeres que viven en condiciones de pobreza quedan expuestas al riesgo de un procedimiento médico inadecuado y además, en caso de complicaciones, deben acudir a centros de salud públicos que a menudo las denuncian, el primer paso de la persecución penal. En cambio tal como lo señaló la ex ministra de Salud Helia Molina, quién debió renunciar a su cargo por estos dichos, las mujeres que cuentan con recursos económicos suficientes, pueden acceder a abortos más seguros en clínicas privadas o viajar al extranjero para interrumpir sus embarazos legalmente. En Chile, la prohibición total del aborto sólo acentúa las desigualdades de clase.
Sin embargo, el temor a la sanción penal y social hace que todas, ricas y pobres, deban permanecer en silencio, o contar sus experiencias sólo en sus círculos cercanos. El temor y el estigma marca sus experiencias, a diferencia de aquellas que podemos interrumpir un embarazo en condiciones de legitimidad política, social y sanitaria. Las mujeres que abortan legalmente muestran una relación de bienestar con ellas mismas y con sus decisiones, son mujeres comprometidas con sus maternidades, son mujeres más tranquilas.
Aspiramos a que las maternidades sean deseadas y disfrutadas. Aspiramos a que ese estigma desaparezca de las mujeres y que, por el contrario, sea el Estado de Chile el que sienta vergüenza de mantener una legislación heredada de la dictadura y que viola los derechos fundamentales de las mujeres. Nosotras, y muchas otras mujeres, estamos comprometidas en conseguirlo, porque aspiramos a que todas las mujeres en Chile tengan los mismos derechos con los que contamos nosotras, en estos momentos.
