LA PLATAFORMA 7N PIDE A LA SUBCOMISION DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONCRECIÓN DEL AUMENTO PRESUPUESTARIO Y QUE ATIENDA A TODAS LAS VICTIMAS.
Sobre la información accesible, a falta del documento de Actuaciones, la Plataforma feminista 7N:
Valoramos positivamente el aumento presupuestario de 31 a 231 millones anuales, acordado por la Subcomisión parlamentaria, ya que el lema de nuestra manifestación del 25 de mayo fue “sin presupuestos ni participación, las violencias machistas no son Cuestión de Estado”. No obstante, es imprescindible que el aumento, ya en el Presupuesto del Estado para 2018, especifique si estará en el Programa presupuestario 232 B de violencia de género o en cual, en qué partida y qué órgano la van a gestionar, así como que cuantifique también los objetivos, con indicadores que permitan saber a cuantas mujeres alcanza, para que el aumento sea real y suponga un aumento sustancial de la prevención de los ámbitos educativo y sanitario, transferidos a las CCAA, y una mejora de la atención social (gestionada en gran parte por los Ayuntamientos) y judicial a las víctimas de violencia de pareja (2,5 millones, según la Macroencuesta del Gobierno) y su extensión a las de otras violencias, como la sexual fuera de la pareja, que según la misma fuente afecta a 1,5 millones de mujeres.
También es positivo que el ‘título habilitante’ para acceder a la protección social y de seguridad no sea exclusivamente, como hasta ahora, una Orden de Protección dictada por un Juzgado, porque conlleva la exigencia de presentación de una denuncia judicial, contraviniendo el Convenio de Estambul y exponiendo a muchas víctimas a una exacerbación de la violencia. Si en el futuro van a ser más relevantes los informes de los servicios sociales, jurídicos y sicológicos ‘de cobertura universal’ establecidos por el artículo 19 de la Ley 1/2004, deben prestarse por personal estable, en las plantillas de los ayuntamientos y demás entidades locales que los prestan. Hasta ahora son escasos y precarizados: en 2016 sólo hubo 5 millones, en la partida 450 del Programa 232C que gestiona la Delegación del Gobierno de VG, que sólo cubrían el salario de unas 150 profesionales en los 8.000 ayuntamientos, y la atención al 5% de los 2,5 millones de potenciales usuarias, y su gestión indirecta hizo que a 30 de noviembre sólo se hubieran gastado algo más de dos tercios.
Sin embargo, en lo que conocemos, el texto adoptado no cubre la atención a la violencia sexual como exige el Convenio de Estambul, y la demanda social y de muchas instituciones, como los ayuntamientos que luchan contra las agresiones sexuales en los sanfermines y muchas otras fiestas. Es imprescindible que el Estado central asuma que debe prevenir y atender la violencia de género no sólo en el ámbito de la pareja, sino también en la calle, las aulas, los lugares de trabajo, etc, ya que la regulación penal, judicial y la dotación de recursos es de su competencia.
También consideramos insatisfactoria que ninguna de las “200 medidas”, en lo que conocemos, aumente la participación de las organizaciones feministas, sin necesidad de ser cooptadas por el Estado.
