Después de tres años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policiales del 3 y 4 mayo 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Un caso que en Catalunya se ha vivido de cerca por la implicación de Cristina Valls, la catalana, detenida y torturada junto con seis extranjeros más el 4 de mayo de 2006, y que fue expulsada del país con todo el grupo a pesar de contar con un amparo.
La catalana Cristina Valls presentó el 25 de enero de 2008 una querella ante la Audiencia Nacional de España contra policías y autoridades federales y estatales mexicanas que participaron en mayo de 2006 en la ocupación de San Salvador Atenco “es importante también para las 11 mexicanas que tenemos un proceso similar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, nos da esperanzas de que, aunque hasta ahora la justicia mexicana no ha sido eficaz, podremos romper la impunidad que protege a nuestros violadores “, decía en conferencia de prensa Italia Méndez, otra de las víctimas del caso Atenco. También las representantes legales de Cristina Valls, Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women ‘s Link Worldwide, y Paloma Soria, abogada querellante, exigieron que el gobierno mexicano respondiera a la petición hecha por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre el curso de los procesos judiciales abiertos por el caso Atenco y sobre la situación procesal y migratoria de la querellante.
El 7 de julio de 2008, Paloma Soria, como representantes legal de Women ‘s Link y de Cristina Valls, informó que la Audiencia Española notificaba el rechazo a la querella interpuesta el 25 de enero de 2008 contra 140 funcionarios mexicanos por uso de la agresión sexual y violación como método de tortura contra las mujeres. El proceso continuaría con un recurso de apelación y una petición al Tribunal Constitucional español, pero sin éxito.
En una entrevista para un blog de Chiapas, justo hace un año (el 6 de noviembre de 2010) respondía Cristina Valls sobre el papel de la justicia española: “Silencio. No ha movido un dedo a lo largo de todo este tiempo. No les interesa, pues hay muchos pactos y cláusulas entre estos dos gobiernos represores. Además de que tampoco les importa, claro. ” y manifestaba su voluntad de seguir luchando: “Bueno, después de que en España se cerraran todas las puertas a las que llamé para que se abriera una investigación, puertas que fueron la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, estoy mirando hacia la Comisión Interamericana, que es donde las 11 compañeras mexicanas han denunciando estos hechos”.
Informe de la CIDH
México, DF, 8 nov 11 (CIMAC).- En un comunicado, al concluir su 143 periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre al 4 de noviembre de este año, la CIDH anunció que aprobó el informe de admisibilidad “512-08- Mariana Selvas Gómez y otras, México”., con lo que se abre la posibilidad de que eventualmente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y se condene al Estado mexicano por la tortura ejercida por policías federales y estatales contra estas mujeres.
Las denunciantes son Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela.
Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en el Estado de México, luego de ser detenidas por “participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, quien en una aparente represión pretendía desalojar a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco.
En ese momento más de tres mil policías dejaron un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.
De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado aunque todavía se espera una notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño –quien acompaña a las víctimas–, explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –quien también litiga el caso–, explicó que la admisibilidad es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual.
Recordó que desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la CIDH y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010 cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, a la vez que criticaron el actuar de la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) –dependiente de la PGR–, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el Protocolo de Estambul para acreditar la existencia de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha realizado las diligencias necesarias para encontrar a los responsables.
Finalmente, a cinco años de los hechos y a tres de que se presentó la petición ante la CIDH, es probable que se reconozca que las 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y que el Estado mexicano y las autoridades mexiquenses, incurrieron en graves violaciones a los Derechos Humanos.
