Por Redacción DDF
“Salir de la comunidad cuesta la vida, pero quedarse también”
María Unger Reimer fue la primera en huir del encierro y la violencia en la colonia de Guatraché. Hoy, tras ser brutalmente golpeada por su exmarido y sufrir el secuestro de sus hijas, rompe el silencio sobre el régimen de castigos y sumisión que impera tras los muros de la fe.
En la colonia menonita Nueva Esperanza, al sudeste de La Pampa, el tiempo parece haberse detenido en el siglo XVI. Entre las calles arenosas de Guatraché y los campos de girasoles, la vida transcurre bajo el estricto mandato del fundador Menno Simons: tractores con ruedas de hierro, carruajes a caballo conocidos como “boogies” y un aislamiento casi total del mundo moderno. Sin embargo, detrás de esa fachada de paz rural y laboriosidad, se esconde una realidad de violencia sistémica contra las mujeres.
El ataque: “Nos iba a rociar con nafta”
El calvario de María Unger Reimer (34) alcanzó su punto más crítico el pasado 8 de febrero de 2026. María, quien vive en Tucumán tras haber escapado de la colonia en 2019, regresó a La Pampa para visitar a su madre enferma. En un intento de mantener el vínculo filial, permitió un encuentro entre sus hijas y su exmarido, C.B.
“Estaba alterado, había consumido mucho alcohol. Intentó abusar de mí y, cuando me negué, empezaron los golpes”, relató María a Diario Textual con el rostro marcado por la violencia. “Me amenazó de muerte. Dijo que nos iba a rociar con nafta y prendernos fuego vivas”.
Tras lograr escapar y recibir asistencia en el hospital de Guatraché, María radicó una denuncia penal asesorada por la abogada señora Mendiara. Pero el horror no terminó allí: mientras se refugiaba en un departamento en Santa Rosa, un grupo de hombres de la comunidad “secuestró” a sus dos hijas, llevándolas de regreso al encierro de la colonia.
Un sistema diseñado para el silencio
La comunidad menonita, establecida en La Pampa en 1986, funciona como un estado dentro de otro. Bajo el control de obispos y jefes, se imponen leyes internas que ignoran los derechos civiles argentinos. Las mujeres, en particular, ocupan un lugar de absoluta subordinación.
“Nací para callar, obedecer y servir”, explica María. “No votamos, no opinamos. Si te encuentran un celular, el obispo te lo rompe y te obligan a pedir perdón público. El castigo es el aislamiento total”.
En Nueva Esperanza, la educación es mínima —solo hasta sexto grado— y el contacto con el español está prohibido para las mujeres, restringiéndolas al Plautdietsch (alemán antiguo). Esta barrera lingüística y cultural funciona como una cárcel invisible que impide a las víctimas pedir ayuda fuera del predio.
El fenómeno de las fugas
María no es la única. Recientemente, otra mujer llamada Katherina también logró escapar de lo que describen como un “martirio”. Ambas luchan ahora desde fuera para recuperar a los hijos que la comunidad retiene, amparándose en una estructura que siempre favorece al hombre que se queda y obedece.
A pesar de las denuncias por violencia, amenazas y privación de la libertad, la justicia se enfrenta al desafío de intervenir en una comunidad cerrada que rechaza la autoridad del Estado y la participación política.
Hoy, María espera que su voz sirva para que la ley argentina penetre finalmente en las 10.000 hectáreas de la colonia. Mientras tanto, sus hijas permanecen bajo el control de una comunidad que, según su relato, utiliza el miedo al “infierno” y la manipulación psicológica para evitar que nadie más cruce la frontera hacia la libertad.
