El Gobierno de Baleares dificulta el acceso al IVE y es acusado de incumplir la ley
Asociaciones de Mujeres difunden manifiestos de rechazo
Incertidumbre en el cobro
La Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de las Illes Balears confirma la nueva política que se sigue en las Islas hacia las interrupciones voluntarias del embarazo, según la cual las mujeres que soliciten un aborto no terapéutico o bien no puedan ser atendidas en centros públicos serán derivadas a clínicas privadas y tendrán que financiar ellas mismas los gastos de la intervención.
Posteriormente las mujeres pueden pedir la devolución de los importes al presentar las facturas y el Gobierno reintegrará las cantidades justificadas en los casos que proceda. El plazo en el que se realizará esta devolución no ha sido especificado. Varias asociaciones de mujeres, la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares y personal médico se muestran contrarios a esta medida, mientras que asociaciones antiaborto y el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) lo celebran.
La Consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ya anunció el 14 de diciembre que las mujeres que no pudieran ejercer su derecho a abortar en la sanidad pública en los términos legales “serían derivadas a centros privados”. Este anuncio se realizó con posterioridad al conocimiento de la no renovación del convenio con los centros privados que realizaban la intervención, según informó el Diario de Baleares . La información y direcciones sobre los centros donde realizar la IVE fue retirada de la Web de Salud el pasado 2 de enero.
La Consejería de Salud de las Illes Balears remitió este martes, 10 de enero, una nota interna a los hospitales públicos en la que les especifica cómo actuar frente a solicitudes de interrupciones voluntarias del embarazo no terapéuticas, nota que fue reenviada a los servicios de Ginecología durante el día de ayer, miércoles 11, informa I. Olaizola desde el Diario de Ibiza . En la citada nota se añade que las instrucciones comunicadas serán la manera de proceder “a la espera de Recibir información jurídica respecto al Procedimiento a seguir”, si bien fuentes del Servicio de Salud no aclararon qué información jurídica estaban esperando, informa. Adicionalmente el Gobierno balear insiste en el alto grado de objeción de conciencia entre los médicos de los centros públicos, que no pueden ser obligados a realizar esta intervención. Fuentes médicas del Servicio de Ginecología del Hospital Público de Son Espases han declarado al Diario de Ibiza que “estábamos muy sorprendidos por no tener una reunión ni Recibir ningún tipo de directriz si lo que se pretender es que a partir del uno de enero los hospitales Públicos asumieran las interrupciones voluntarias del embarazo”. Según la misma fuente “llegamos a hacer números y calculamos que tendríamos que asumir unas 6 intervenciones diarias, Tomando como base los aproximadamente 3.000 abortos anuales que se hacen en esta comunidad. Y para hacerlos necesitaríamos un quirófano suplementario”, informa el diario.
La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares difundió el lunes 9 de enero una nota de prensa en la que manifestó públicamente su “rechazo absoluto a la nueva medida que el Gobierno de las Islas Baleares ha decidido establecer”, según la cual” las mujeres que quieran acceder a un aborto en esta comunidad autónoma deberán pagar por adelantado. Esta medida -continúa el comunicado de la Asociación- contradice expresamente el texto de la ley del Capítulo II de Garantías en el acceso a la prestación”, según el cual las administraciones públicas deben sufragar directamente esta intervención sin que las usuarias tengan que aportar ningún recurso económico, como sucede con otras intervenciones incluidas en la seguridad social pública. “El Gobierno Balear se fundamenta en un criterio ideológico -continúa el comunicado- y moralista muy superior a cualquier justificación económica que pueda exponer. (..) Este tipo de acciones -denuncian- sólo provocan una mayor desigualdad entre las mujeres del territorio Balear y, también en comparación al resto de territorios del Estado”.
Mujeres de Illes Balears para la Salud (ADIBA) se ha manifestado en el mismo sentido y ha afirmado que “la verdadera razón” de la medida es que “están comprometidos con el sector más fundamentalista y retrógrado de la derecha, el Instituto de política familiar de Baleares, que pretende la desaparición de ese derecho”. Según ADIBA ya se ha registrado casos de mujeres que al dirigirse a los servicios públicos han sido invitadas a dirigirse a los centros privados costeando ellas mismas la intervención.
Por su parte, el Instituto de política familiar de Baleares, Redmadre y Baleares Vida han felicitado al Gobierno por el cambio de política, aunque piden que el gobierno incluya información de las entidades que apoyan continuar con el embarazo y aporten más ayudas a las mujeres embarazadas. Respecto al hecho de que las mujeres que hayan decidido abortar tengan que pagar ellas mismas la intervención, Redmadre publicaba el lunes 9 de enero “El nuevo año, viene cargado de malas noticias, recuerdos, paro, disminuciones de salarios … en definitiva pobreza. Sin embargo, también hay noticias esperanzadoras que alegran el ánimo y suponen un paso adelante en la lucha por una cultura que apoye la vida y la mujer embarazada” ” .
El Instituto de política familiar de Baleares se ha felicitado por la no inclusión en el sitio web de la Consejería de las direcciones de las clínicas privadas que realizan abortos . Actualmente en el sitio web del Gobierno sólo se encuentran las direcciones de los centros públicos.
El director del IB-Salut, Juan José Bestard, reconoció la semana pasada que “tras romperse los acuerdos con clínicas privadas, las mujeres que sean derivadas hasta ellas para abortar tendrán que asumir el coste de la intervención si el centro lo solicita”, informa EFE y el Diari de Balears.
Según las mismas fuentes El Partido Socialista de las Islas Baleares PSIB-PSOE aseguró el lunes en rueda de prensa que “está estudiando interponer un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por vulneración de los derechos de las mujeres al permitir que paguen el aborto cuando son derivadas en clínicas privadas”. Según informa el Diari de Balears, el portavoz adjunto socialista en el Parlamento, Vicenç Thomàs, ha anunciado que pedirá una reunión extraordinaria de la Diputación Permanente y un pleno parlamentario extraordinario “para tratar este tema y para debatir una proposición no de ley relacionada con el aplicación en Baleares de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
