Preocupa a las feministas el retorno de políticas económicas neoliberales y la expansión de visiones conservadoras. La región con mayor índice de feminicidios y donde las mujeres expresan mayores niveles de percepción de inseguridad física
América Latina y el Caribe es considerada la región más desigual del mundo, desigualdad estructural que señala condiciones más desventajosas para las mujeres, niñas, jóvenes y adultas mayores, campesinas, afrodescendientes, indígenas y trans, en especial en relación con su seguridad personal y el acceso a la salud, a la justicia, al trabajo decente y a los activos económicos.
Algunos países de la Región ven amenazada la paz y la convivencia democrática y se producen violaciones a los derechos de mujeres y niñas, incluido el derecho a la seguridad e integridad personal, que tienen sus expresiones más dramáticas, en la persecución y el asesinato de defensoras de derechos humanos y el desplazamiento y la migración forzadas (que afectan principalmente a las mujeres y a sus hijas/os).
América Latina y el Caribe es la región con mayor índice de feminicidios y donde las mujeres expresan los mayores niveles de percepción de inseguridad física.
Ante los fuertes conflictos que se desataron en varios países de la región, el movimiento de mujeres latinoamericano, que se ha caracterizado por la capacidad de construcción, el aporte de propuestas y una gran incidencia política y social, elaboró un informe para presentarlo en la reunión regional del 25 Aniversario de la Plataforma de Beijing a realizarse esta última a semana del mes de enero, y luego, en la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a celebrarse en Marzo 2020.
La vigencia de la vida democrática es inviable con modelos económicos que se sustentan en la concentración de la riqueza, en el fortalecimiento de los fundamentalismos, del autoritarismo y de los movimientos anti-derechos que cuestionan el avance de los Derechos Humanos, en especial los de las mujeres.
En los últimos cinco años se desaceleró el crecimiento económico y el dinamismo de los mercados laborales, además, de un estancamiento en el descenso de la desigualdad de ingresos, registrado en la Región, lo que implicó un aumento de la pobreza y un retroceso en los avances para disminuirla.
En este marco, varios países de la Región –como México, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Trinidad y Tobago, Colombia, Puerto Rico– han introducido medidas de austeridad y ajuste fiscal que modifican y reducen los alcances de los servicios de protección social- contributiva y no contributiva-, de salud y de atención de la violencia contra mujeres y niñas, entre otros; que impactan más en las mujeres, que presentan mayor vinculación con las redes de protección gestionadas por el Estado.
Si bien se reconoce que la región ha avanzado en el reconocimiento de los Derechos Humanos y en particular en los derechos de las mujeres plasmados, en algunos casos, en la mejora de la normativa interna y/o en el reconocimiento explícito de los mismos. Los últimos acontecimientos en el mundo y, sobre todo, en la región, ponen en riesgo lo ganado.
La preocupación de las feministas latinoamericanas se basa en el retorno de políticas económicas neoliberales, pro mercado, que alimentan un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la acumulación de capital, que es incompatible con la sostenibilidad de la vida.
Además, la expansión en la Región de visiones conservadoras, políticas y religiosas, que desde los gobiernos y/o la sociedad, limitan derechos básicos de mujeres y niñas, como el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos el acceso a métodos anticonceptivos, el aborto legal y seguro y la educación sexual integral; y refuerzan estereotipos esgrimiendo el rechazo a la “ideología de género”, negando el reconocimiento de la diversidad e identidad de género de las personas.
El informe se elaboró en seis áreas críticas de preocupación: Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente; Erradicación de la pobreza, protección y servicios sociales; Libertad frente a la violencia, el estigma y los estereotipos; Participación, responsabilidad e instituciones sensibles al género; Sociedades pacíficas e inclusivas, y, finalmente, Conservación, protección, y rehabilitación ambiental.
Soberanía alimentaria y política anticorrupción en los gobiernos
Soberanía alimentaria que elimine los mecanismos mercantiles y financieros en el manejo de los alimentos, así como la defensa de los territorios y los medios de vida de las poblaciones rurales, en las cuales las mujeres son actores esenciales. Así como promover políticas anticorrupción en los gobiernos de la región con enfoque de género y derechos humanos son algunas de las propuestas en la primera área crítica para lograr un desarrollo inclusivo.
El mercado de trabajo continúa siendo un ámbito segmentado vertical y horizontalmente, y poco permeable a la igualdad de género. Se organiza (y perpetúa) sobre una división sexual del trabajo que relega a las mujeres al trabajo reproductivo no remunerado, y plantea su inserción en el desarrollo de tareas de baja calificación y productividad, condiciones de inestabilidad, precarización e informalidad, con salarios bajos y en actividades que frecuentemente son una “extensión” del trabajo doméstico.
La tasa de actividad de hombres y mujeres, en la Región, presenta en promedio, una diferencia de más de 20 % (74 % los hombres, 50 % las mujeres). Similar desigualdad presenta el desempleo urbano que, en 2018, era mayor en 2 % para las mujeres.
La división sexual del trabajo explica que el 43,4 % de las mujeres, de entre 20 y 59 años en la Región, consideran la maternidad y las tareas de cuidado no remunerado como motivos principales para no buscar activamente o desempeñar un trabajo remunerado.
Debido a los altos niveles de informalidad y precariedad laboral y la menor dedicación horaria; la mayoría de las trabajadoras mujeres, carecen de protección social básica para la maternidad, durante la enfermedad y tampoco acceso a la jubilación.
En 6 países: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México y en menor medida Colombia, la participación de las mujeres en las empresas maquiladoras –reconocidas por las precarias condiciones de trabajo– es muy importante.
En México, diariamente una de cada tres mujeres sufre acoso laboral
Si bien, la mayoría de los países avanzaron en medidas formales para eliminar la discriminación y la violencia laboral, incluido el acoso laboral, en México diariamente una de cada tres mujeres sufre algún tipo de esta violencia.
En Guatemala, el acoso sexual es un problema generalizado en el ámbito laboral y el país no cuenta con marco legal al respecto, ni protocolos de atención, ni acciones de comunicación social para la sensibilización.
La equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas es una deuda pendiente, hasta ahora, solo 16 países de la Región han ratificado el Convenio 189 de OIT, incluido México que lo acaba de ratificar en diciembre del 2019.
Para el 2015, sólo seis países: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Costa Rica, sancionaron la igualdad de derechos en materia de trabajo doméstico, pero el porcentaje de trabajadoras registradas es aún muy bajo sólo Brasil informa un incremento en el número de trabajadoras registradas y menor aún, el de las sindicalizadas.
Las mujeres indígenas, frecuentemente migrantes forzadas, empujadas por la discriminación y la desinformación, se ocupan en trabajos informales, con largas jornadas de trabajo, que vulneran sus derechos. En México, el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas son mujeres; entre ellas, las mujeres indígenas duplican y hasta triplica el número de mujeres no indígenas.
Las mujeres afrodescendientes, se ocupan en peores empleos que las mujeres blancas/mestizas, y tienen dificultades para acceder a trabajos más calificados por las representaciones sociales sobre ellas, encasillándolas en los roles domésticos.
Las mujeres rurales-campesinas comparten características con sus pares indígenas y afrodescendientes; las que se dedican a la agricultura, tienen bajo acceso a los medios de producción, como tierra, agua, semillas, insumos y la calidad de las tierras que controlan es baja.
Las que desarrollan emprendimientos tienen acceso en menor proporción a productos financieros que los hombres, y en general las trabajadoras campesinas no se les reconoce su trabajo ya que es considerado una extensión del trabajo doméstico por tanto no perciben salarios ni otros beneficios.
Uruguay es el único país de la región que ha establecido una regulación del trabajo sexual, con un enfoque sanitarista. En el resto de los países, existen diversas normas que criminalizan las acciones relacionadas con el trabajo sexual, y quienes lo ejercen padecen de múltiples violaciones a sus derechos y son obligadas a ejercerlo en condiciones laborales precarias, inseguras y violentas.
Las mujeres trans no tienen acceso casi al empleo formal, debido a los prejuicios junto a la falta de documentación acorde con la identidad de género auto percibida. Esto las margina al trabajo sexual para subsistir, en el 2016-2017 sólo el 15 por ciento tenía un trabajo formal de las que sufrieron alguna vulneración de sus derechos.
El trabajo por cuenta propia no debe confundirse con emprendimiento laboral formal con protección social, es importante en la Región pues el 26 por ciento de las trabajadoras se ocupan en él, pero se trata muchas veces de un medio de mera subsistencia con muy bajos ingresos.
La inclusión financiera presenta también indicadores de desigualdad. Solo el 50.6 por ciento de las mujeres tienen una cuenta bancaria; casi seis por ciento menos que los hombres. Las mujeres reciben créditos por menores montos y a costos más altos debido a que son titulares de menos activos para garantía y que desarrollan actividades de menor rentabilidad.
