Irene González y Eva Fernández
Las historias de vida son la mejor forma de explicar realidades que resultan complejas y poco visibilizadas: la precariedad, la crisis de vivienda y pobreza energética, y sus efectos en la salud, tienen fundamentalmente rostro de mujer y en gran parte de migradas.
Mucha asistencia en la presentación del informe.
De esa manera, con testimonios, fue presentado, el pasado 4 de octubre en salones de La Lleialtat Santsenca del barrio de Sans, el Informe II. Perspectiva de género sobre el derecho a la vivienda y la pobreza energética en Barcelona que revela datos muy duros sobre la precariedad y angustia en que viven muchas mujeres. Una realidad que resulta totalmente invisible por la forma en que se recaban los datos oficiales.
Lo que revela el informe golpea: la mitad de las mujeres corren riesgo de pobreza; en el grupo social con menores ingresos económicos la brecha salarial de género llega al 40%; son mujeres quienes llevan el hogar en el 80% de los casos de familias “monoparentales”, por lo que el informe habla de “monomaternales”; son mayoría importante las mujeres que ceden o reducen su actividad laboral remunerada para dedicarse a cuidar el hogar o a otra persona; son las trabajadoras del hogar quienes viven en situación de pobreza (80%), así como las jubiladas y, en menor diferencia en relación a los hombres, quienes tienen un trabajo y quienes están en paro.
Esta situación de pobreza, que afecta en mayor medida en la población femenina, hace que la relación del género con la precariedad en el acceso a una vivienda y con la experiencia de vivir pobreza energética sea directa y que, además, eso provoque efectos en la salud de las mujeres que lo padecen.
El Informe
De la depresión y otras enfermedades, además de su lucha constante por salir adelante, a pesar de los “acosos” de bancos y empresas proveedoras de servicios básicos por cobrar facturas, mediante bufetes de abogacía y cobradores, es de lo que hablaron Ana López de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) y Cecilia Carrillo de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), ambas mujeres migradas dedicadas a labores de limpieza y cuidados.
En la presentación, moderada por la periodista Eva Fernández, la representante de Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Irene González, explicó algunos de los resultados del informe en el que, además de estas instituciones, participaron el Observatori DESC (ODESC) y la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
El informe, llamado “Radiografies de la situación del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. II. Perspectiva de gènere sobre el dret a l’habitatge i la pobreza energètica a Barcelona”, fue elaborado en base a una base de datos creada en los años 2017-2018 por todas las entidades mencionadas y se hicieron encuestas en profundidad y entrevistas.
Es a través de las entrevistas en profundidad, principalmente, que se ha buscado “dar voz a las personas afectadas” ya que mediante las encuestas no se refleja exactamente la situación en que viven y los efectos de la precariedad energética en aspectos como la salud, dijo González durante la presentación del informe.
Irene González, Eva Fernandez, Cecilia Carrillo y Ana López.
Ausencia de datos de género
Las conclusiones a las que llega el estudio comienzan con su reclamo y denuncia de la ausencia de datos desagregados por género, situación que esconde, aseguran, la feminización de la pobreza. Esto pasa al tomar en cuenta al “hogar” como unidad de análisis y no a la posición que en él tienen las mujeres.
“La Encuesta (oficial) de condiciones de vida no hace referencia a la situación de las personas en función de su renta individual – que sería donde se pueden percibir las desigualdades de género – sino en función de su situación familiar”, señala el informe que acude a la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili, que usa otro indicador para valorar el riesgo de pobreza que calcula los ingresos individuales, para obtener que la tasa de riesgo de pobreza es del 25,75 para los hombres y que ésta sube al 49,7% en el caso de las mujeres. Dentro de este panorama, las familias monomaternales (80%) son las que tienen mayores problemas.
Señala además que al tener información desagregada se llega a evidenciar la precarización de las mujeres en el mercado laboral, donde la brecha salarial de género se dispara hasta el 40% en el percentil 10 de renta, que corresponde a población más vulnerable. Así mismo, las mujeres tienen mayor jornada parcial de trabajo y se encuentran en las actividades que tienen menor valor agregado.
Un público muy atento hizo preguntas después de la presentación.
Rostro de mujer
Las mujeres tienen una fuerte vinculación al hogar y a los cuidados, añade el informe, situación que obliga frecuentemente a que ellas se vean empujadas a disminuir su participación en el trabajo remunerado.
Es así que “los colectivos donde el riesgo de pobreza es mayor, y por tanto tienen el riesgo de sufrir inseguridad residencial y/o pobreza energética, son las familias monomarentales, las mujeres jubiladas, las que se dedican a tareas domésticas (en la familia o por cuenta ajena), las mujeres en paro, las afectadas por violencia de género, las mujeres migradas, las que ejercen la prostitución y las exconvictas”.
En suma, la pobreza energética, en el estudio, tiene rostro de mujer. Toma en cuenta las ayudas concedidas en Barcelona en 2015, donde el 70% fueron pedidas por mujeres y donde el 43% de las familias monomarentales están en riesgo de no poder acceder a los suministros básicos.
(Fotografía del Informe)
Políticas sin género
En ese contexto, asegura que las políticas de vivienda carecen de una visión estructural de género, ya que no responden a las necesidades de la población en riesgo. Recuerdan que en lo que se refiere a ayudas, sólo el 2% del parque total de viviendas corresponde a alquileres sociales, por lo que las ayudas que se dan no relejan la realidad al representar sólo un 0,4% del presupuesto de la Generalitat en 2017, año en el que se estimaba un alquiler de 600 euros cuando la mediana es superior a los 800 euros.
“Es que todo ello es un sin sentido, no salen las cuentas”, añadió González.
Por todo ello, el estudio concluye que la relación entre género, vivienda y pobreza energética es indiscutible, así como su necesidad de tomarse en cuenta.
Consecuencias en la salud y culpabilización
Los bancos “nos tienen de aquí para allá, no hay solución, al final no sabemos qué hacer y llega el momento en que cometes una locura”, relató Ana López, una mujer con estudios universitarios inconclusos pero que al llegar a España no tuvo otra opción que trabajar en limpieza y cuidados, sin que se le reconociera ningún estudio, y que llevada por la depresión estuvo a punto de no sobrevivir a “una locura”.
El informe explica que un hecho capital en el análisis son las consecuencias psicológicas de la inseguridad residencia y pobreza energética, que en el caso de las mujeres se observan en sentimientos de aislamiento y exclusión, que declaren estar con un estado de salud regular o malo en el 50% de los casos (el doble de lo habitual).
Cecilia Carrillo hizo hincapié en la vergüenza que sentía por tener una deuda, por sentirse fracasada, por no tener trabajo, lo que le llevaba a la desesperación.
Precisamente el informe señala que un agravante en las consecuencias psicológicas es la culpabilización e individualización que hace la sociedad hacia las personas afectadas, ya que existe estigmatización de la vulnerabilidad y que también se ve reflejada en el trato que reciben en las oficinas de servicios sociales.
Es llamativo que “quienes están en primera línea” en la atención a personas afectadas por la pobreza, en los servicios sociales, sean también mayoritariamente mujeres y que por su posición de base no tengan posibilidades reales de dar solución a quienes buscan apoyo, señaló Irene González.
Finalmente, las personas que hicieron la presentación del informe resaltaron que la unidad de las afectadas, congregadas en las organizaciones que las representan, es necesaria para salir adelante. Sobre ello, Carrillo dijo: “Somos sobrevivientes, hemos podido salir emocionalmente del hueco, aunque la deuda aún siga”.
