El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que aprobó el consejo de Ministros recientemente y que tiene entre otros beneficiarios a “las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos” (en los pleitos que tengan que ver con su condición de víctimas) y “los menores de edad y discapacitados psíquicos cuando sean víctimas de abuso o maltrato”, ha generado una fuerte oposición del Colectivo de abogados catalanes que han expresado su firme rechazo al anteproyecto
El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC), que agrupa a toda la abogacía catalana, considera que no garantiza el pago ni la retribución digna para los abogados del turno de oficio, y que la nueva Ley no resuelve los principales problemas derivados de la gestión de la justicia gratuita, como es el abono puntual de las actuaciones realizadas por los letrados, que en Cataluña es el 25% de abogados en ejercicio
El presidente del CICAC, Pedro L. Yúfera, desconfía de la financiación de la justicia gratuita y arguye que: “con la actual limitación de los recursos económicos y la imposición de tasas abusivas, que serán un freno a la interposición de procedimientos judiciales, no queda claro que no sean los abogados los que volverán a sufrir nuevos recortes para el mantenimiento de todo el sistema”, dice que: “Tampoco se adjunta ninguna memoria económica que acredite su viabilidad”.
Los defensores catalanes, rechazan que se utilice la justicia gratuita para justificar la aprobación de la Ley de Tasas, cuando en realidad el anteproyecto sigue dejando sin cobertura a una gran cantidad de ciudadanos que verán obstaculizado su acceso a la justicia gratuita.
Alegan que se ha perdido la oportunidad de simplificar los trámites, ya que entienden que se incrementa la burocracia y se mantiene un sistema que duplica las funciones entre los colegios profesionales y la administración, según los letrados la nueva Ley soporta una: “centralización del sistema e invade competencias autonómicas”
Cabe anotar que la implantación de la Ley de Tasas que ya está en vigor desde noviembre, ha hecho más difícil el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia machista, el anteproyecto de Justicia Gratuíta anunciado con bombos y platillos por Ruiz-Gallardón a finales del pasado año, tardará mucho en ponerse en ejecución, lo que hace más vulnerable la situación de las mujeres maltratadas que quieran divorciarse, por el coste en las Tasas que el litigio le genere.
