No más excusas, no más trampas, no más preguntas engañosas respecto a cómo se hace, si esto u lo otro. Por una sentencia de un tribunal electoral en las listas electorales de 2012, en que habrán de renovarse 500 diputados y 96 senadores mínimo deberán presentarse 40 por ciento de mujeres.
Obligatorio y punible para coaliciones y partidos políticos. Y aunque la sentencia data de noviembre pasado, fue impugnada formalmente por el conservador y gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y cuestionada por otros dos institutos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista.
Pero finalmente habrá que acatarse. Y no hay vuelta, se trata de que 120 mujeres sean enlistadas para las diputaciones de voto directo, y 26 para las senadurías. Además es obligación en las listas plurinominales (definidas por los votos de cada partido), el porcentaje deberá respetarse, de cada tramo de cinco en diputaciones, 2 mujeres y lo mismo para senadores.
La sentencia fue aplaudida inmediatamente por mujeres de diferentes asociaciones civiles, instituciones públicas y partidos políticos y ha generado muchas expectativas, aunque, según explicó a La Independent, la experta Cecilia Tapia, lo que ha quedado como gran tema pendiente es que ésto no aplica en las 14 estados federados (las autonomías estatales) a los que no obliga la sentencia y eso significa que afecta también a municipios, gubernaturas y diputaciones locales, donde el porcentaje de participación femenina es limitado y donde también habrá elecciones.
La decisión final del Tribunal, que ya acató el Instituto Federal Electoral (IFE) luego de dos meses de discusiones, incluye en la sentencia que cada fórmula de candidaturas debe ser del mismo sexo, para evitar que se presione a las mujeres a dejar su puesto, como sucedió en 2009. Llama la atención que enderezar la cuestión jurídica estuvo a cargo de mujeres de la élite política del antiguo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI).
Una protesta documentada jurídicamente, llamada incidente, fue puesta en discusión por María de los Ángeles Moreno, una antigua militante del PRI, que fue la primera en promover una cuota de género en las elecciones, en 2003, cuando fue presidenta del Congreso y por presiones de los grupos feministas. Ella ha sido, inclusive Secretaria de Estado (ministra).
La otra impugnación, cuando los partidos pretendieron dar la vuelta a la sentencia que data del 30 de noviembre, estuvo a cargo de María Elena Chapa, también del antiguo partido de Estado (PRI), quien ha sido diputada federal, senadora, diputada local y ha tenido un puesto de dirección en el gobierno de Nuevo León (ubicado en el norte del país).
Según la explicación de Eva Martín del Campo, del Partido del Trabajo, la sentencia es solamente temporal y los partidos siguen intentando eliminar a muchas mujeres de los distritos o zonas electorales donde se ganan elecciones. Las quieren enviar a distritos de baja posibilidad. Además, según explicó Cecilia Tapia, experta electoral, la trampa de los partidos afecta su legalidad, porque tampoco cumplen con lo establecido en sus propios estatutos. Por ejemplo un partido, el gobernante Acción Nacional (PAN) tiene en sus estatutos la obligación de promover a puestos de decisión al 40 por ciento de mujeres y sólo cumple con el 32 por ciento. O el PRI, que declara la paridad total y sólo tiene entre la dirigencia al 30 por ciento de mujeres.
Los días penosos
El pasado 28 de febrero, la coalición de izquierda, debatía como cumplir con la sentencia, que no permite excusas y ha tratado de eliminar a las mujeres de los distritos exitosos. De ellos, el PRD (Partido de la Revolución democrática) tiene en sus estatutos la obligación de la paridad, y solamente ha promovido 41 por ciento de mujeres o el Partido del Trabajo que tiene obligación de cumplir con el 40 por ciento y sólo cubre con posiciones femeninas el 5 por ciento. Esto que sucede dentro de las instituciones, ahora frente a la sentencia, que no requiere interpretación, sino aplicación inmediata, se está todavía debatiendo.
El Frente de Mujeres Progresista, el último domingo, en una reunión en la ciudad de Xalapa del estado de Veracruz, recibió la queja documentada de Consuelo Ocampo, quien ganó una encuesta para ser promovida a una diputación federal. El partido argumentó que esa encuesta era falsa y no la dejaron llegar a la lista que tendrá que presentarse este fin de semana.
Y la pregunta ¿por qué? se responde fácilmente. En Xalapa el distrito 10, al que aspira Consuelo Ocampo, es fácil de ganar y se trata de una plaza importante para la izquierda. Y a ella la eliminaron .
Ahí Mónica Hernández, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) -una instancia social que encabeza el candidato de Izquierda, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que llevarán el caso de Ocampo a los tribunales, porque esta vez “no nos dejaremos”.
Y este es el ambiente entre mujeres de otros partidos políticos. Silvia Hernández, de la élite política, ex secretaria (ministra) de Turismo explicó que: “mujeres en el Congreso hay; mujeres partícipes como candidatas en las elecciones, hay; mujeres en los cargos públicos hay. Pero, en esta elección de 2012, no solo habrá más mujeres candidatas, sino que habrá más mujeres electas por virtud de que el Tribunal Electoral le ha dado un portazo al más burdo fraude cometido contra las mujeres con la puesta en escena de ¨Las Juanitas¨, un colectivo de mujeres que, en 2009, renunciaron a sus cargos elegidos para dejar a hombres en sus puestos.
Todos los partidos políticos tendrán que acatar la decisión
La sentencia SUP-JDC 12 624, la que dice deberán postular, al menos, 120 mujeres, candidatas propietarias a diputadas con sus respectivas suplentes, también mujeres, así como 26 mujeres candidatas a senadoras propietarias con sus suplentes mujeres también, en sus registros de candidatos por mayoría relativa. Esto, sin demérito de cumplir con la misma obligación en las listas de representación proporcional.
La sentencia de la Sala Superior es directa, clara y sencilla; no requiere interpretaciones respecto de su letra y sentido; 120 y 26 candidatas mujeres propietarias con sus respectivas suplentes en las listas partidarias para diputados y senadores por cada partido político o coalición, afirmó Silvia Hernández, quién en 1975 creó el grupo Insurgencia de Mujeres, y fue la primera en presentar una iniciativa a favor del aborto libre en 1978. En esos años no había una fuerte oposición de izquierda y el viejo partido de Estado (PRI) se identificaba internacionalmente con la socialdemocracia.
Y el tema más debatido, que se ganó al final de enero, es que esas 146 mujeres para diputadas y senadoras, deben ser elegidas con independencia del método, del procedimiento o la vía por la que cada partido opte para la selección de sus candidatos. Ello porque el alegato contrario era que si “hay elección democrática”, “en asamblea o abierta al público”, nada obligaría a cumplir con el porcentaje.
A ello interpuso la antigua dirigente: “Todos los métodos estatutarios son democráticos por definición constitucional. Los no democráticos no son admisibles por el Instituto Federal Electoral por lo que es inválido que ese Instituto, fuera de sus facultades, haya determinado por la vía de un reglamento y por otro tipo de aclaraciones a los partidos políticos que la cuota de género es exceptuable cuando haya elecciones democráticas internas en los partidos. Si así fuera, nunca habría cuota de género como lo quiso el legislador y lo manda el Cofipe.
La relevante sentencia es inequívoca. Dice en todo argumento, no en unos casos si y en otros no. En toda materia, los partidos habrán de cubrir su cuota por medio del procedimiento y en la forma de su preferencia, pero para obtener el registro de sus listas de candidatos deberán incorporar sus 120 y 26 mujeres candidatas propietarias y suplentes al Congreso. Es decir no se puede obviar la resolución.
La interrogante que marcó Cecilia Tapia ¿Cómo aplicar a sentencia? ¿De dónde saldrán las mujeres? ¿Dónde las encontraremos dicen las voces menos avivadas de cada partido?
Se responde con los argumentos de algunas integrantes de un grupo no formal, pero al que se le debe este cambio llamado Grupo Plural es clara:
“No parece nada difícil identificar dos en el estado de Querétaro o dos en Durango, cuatro en Nuevo León y así más o menos. ¿No habrá un par de mujeres en cada estado para cumplir honrosamente con la cuota? De entre las directoras de Universidades y de tecnológicos o empresas, además de las juezas, magistradas, dirigentes de movimientos sociales, y más, sobran mujeres destacadas y cuya presencia seria benéfica al Congreso y a la ciudadanía.
La respuesta que ofrece la sentencia es sencilla. Cada partido seleccionará la forma que le resulte más conveniente, de acuerdo con sus estatutos, para abrir esta avenida a sus mujeres, que por cierto son cientos, o miles, en cada partido.
Y Silvia Hernández, agrega: “yo creo que no habrá partido dispuesto a declararse antidemocrático para evadir una norma que es sana, ambiciosa, visionaria y justa. Posible de cumplir, también. En las listas previas de candidaturas de importantes partidos observamos con gran simpatía que les faltan tres o cuatro para llegar a la meta. Eso será superable sin duda.
Pero quedan hilos sueltos. Se ganó que cada fórmula lleve a dos mujeres. Ahora los dirigentes las enfrentan, “tu querías llegar”, pues bien: “ahí esta tu suplencia con una compañera”. Eso sucedió en el partido Movimiento Ciudadano y está discutiéndose en el PRD y también en las coaliciones de partidos que participarán en las elecciones de julio.
Para Carmen Ojesto, dirigente de mujeres del Movimiento ciudadano “esta sentencia abre una gran oportunidad para optar, para visualizar quienes quieren la agenda del futuro y quienes se han atorado en los prejuicios del pasado.
La ex secretaria de Turismo, recomendó leer el debate del 1953 -fecha en que se logró el voto- cuando algunos distinguidos varones en el Congreso exclamaban que reconocer el derecho al voto a las mujeres propiciaría el desquiciamiento de la familia, el libertinaje y el fanatismo, que regresarían al pobre México cien años atrás. Hay mentes que todavía piensan eso en México.
El debate entre los magistrados
En 2012, cuando en México hay gran agitación y la competencia partidaria asoma algunas contradicciones entre las mujeres de un mismo partido, las revelaciones de enemigos comunes, no permiten esas confrontaciones, es evidente, dijo a La Independent la ex gobernadora socialista Amalia García.
Y si sólo se extrae del debate algunas cosas lo primero que es evidente es que nadie supuso que la cuota de género deba ser resultado de un proceso antidemocrático. Los expertos en materia electoral de cada partido político sabrán recomendar la vía o el procedimiento estatutario así como sus formas de validación para acatar la sentencia con el rigor que merece. Los estatutos del PRD hablan de paridad.
En un discurso reciente del Presidente de la Corte Suprema, Juan Silva Meza, afirmó que el derecho es una herramienta de contrapeso de poder y que es necesario tener presente que impartir justicia constituye una forma de equilibrar y de mejorar las condiciones de quienes se encuentran en una situación de desventaja.
Silva Meza dice que juzgar “con perspectiva de género” implica cuestionar la neutralidad de las normas y ver que muchas veces se construyen con base en estereotipos que impiden percibir que las normas impactan de forma diferente a los hombres y a las mujeres. Los juzgadores de la democracia, añade el Presidente de la Corte, están llamados a dejar atrás las concepciones atávicas y estar libre de estereotipos.
María del Carmen Alanís, durante el debate y sus votos previos en la materia refuerzan esta reflexión cuando se declara convencida que el derecho es el instrumento adecuado para corregir y resolver las desigualdades que persisten en el terreno de los hechos, de forma relevante en la política electoral. Alanís advierte que en el cumplimiento de la cuota no se busca ni se propone un ejercicio discrecional de la dirigencia partidaria sino el estricto apego a sus estatutos y a las normas constitucionales legales y reglamentarias.
Los magistrados de la Sala Superior del TRIFE aprobaron, por unanimidad, una sentencia que va acorde al sentido de todo un conjunto de normas legales, de instituciones nacionales e internacionales, de Acuerdos y Tratados, que se hacen cargo de la realidad, de la evidente desigualdad en los hechos y de la desigualdad contra las mujeres. Resuelven, por tanto, la obligatoriedad de la cuota de genero con el ambicioso propósito de enriquecer la democracia en México.
Finalmente, el Tribunal Electoral de la Nación ordena que la sentencia del 30 de noviembre se cumpla, recuerda Silvia Hernández y añade, por tanto: “No más excusas, no más trampas, no más preguntas engañosas respecto al cómo le hacemos si esto o si lo otro”.
Y “Mujeres en plural”, una red de mujeres, publicó hace unas semanas, a manera de contribución para los partidos políticos, una lista de mas de mil mujeres de todos los partidos que militan a lo largo del territorio nacional de donde pueden tomar propuestas los partidos. Si requieren más, dijeron, con gusto las aportaremos.
El 30 de noviembre de 2011 fue un gran paso adelante, es un motor de cambio. Dos meses de debate, del viejo argumento recibieron portazo. Sin duda. Lo que hay es ánimo a las mujeres que quieren una preciosa carrera política. Pero advierten las del grupo plural: “celebramos una sentencia y esperamos confiadas en que pronto celebraremos su aplicación”.
La demanda de ciudadanía en México se inició con una demanda en Zacatecas en 1842. Han pasado 170 años. Lo que sigue en el proceso es la contienda partidaria y el peligro de que ganen los partidos o el viejo de estado (PRI) o el gobernante conservador (PAN).
Y aunque el Código Electoral, así lo mandaba desde hace más de 4 años, los partidos políticos no cumplen. Hoy podrían ser rebasados por la autoridad, si no enlistan mujeres, entonces el Consejo Electoral las eligirá de entre todas, cientos, que se han inscrito para buscar una curul.
* Encargada de las relaciones institucionales internacionales de La Independent
