A principios de enero, en una medida amparada en las “razones económicas”, el Gobierno balear decidia que las mujeres que tuvieran la necesidad de abortar debían acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas y pagar el coste de la intervención. Después de un periodo de tiempo que no quedaba definido y tras presentar la factura al cobro en los servicios autonómicos serían retribuidas.
A partir de ahora, el gobierno balear asumirá directamente el coste tras un acuerdo puntual con los centros privados.
En una nota interna a la que han tenido acceso diversos medios de comunicación, el Director General del Servicio de Salud, Juan José Bestard, explica las directrices a seguir cuando una mujer vaya a un hospital público para abortar.
Entre ellas, se recoge textualmente que la mujer “tiene asimismo que recibir por escrito el compromiso del Servicio de Salud de asumir directamente el abono de la prestación”.
Además, el Servicio Balear de Salud pondrá en marcha un protocolo de actuación para que en el 90 por ciento de los casos las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en los hospitales públicos.
Sin embargo, cuando no pueda ser así, serán derivadas a los privados sin que tengan que adelantar el dinero de la prestación. A las mujeres que pagaron los abortos de sus bolsillos y presentaron sus facturas al Ib-Salut se les reembolsará el importe.
La ley
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de marzo de 2010 recoge que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Como esto no sucede así casi nunca (más del 98 por ciento de las intervenciones se realizaron en 2010 en centros privados), se establecía que “si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.
La práctica habitual desde la aprobación de la ley se basa en acuerdos o conciertos entre las clínicas privadas especializadas y los servicios autonómicos de salud. De este modo, las mujeres no están obligadas a desembolsar dinero alguno.
De momento, la rectificación del Gobierno Balear parece garantizar este derecho reconocido por la ley. Sin embargo, no es la primera vez que el argumento de los recortes se utiliza para negar derechos, especialmente de las mujeres. En septiembre de 2011 los centros sanitarios rompieron el acuerdo con la Junta de Castilla- La Mancha, y se negaron a aceptar a más pacientes hasta que el Ejecutivo de Dolores de Cospedal saldara las deudas que tenía con las clínicas.
