Una de las evidencias del informe ‘Madres en las redes de trata: derechos robados’, de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
La organización internacional Women’s Link Worldwide presentó la semana pasada un nuevo informe ‘Madres en las redes de trata: derechos robados’ en el que aborda los problemas a que se enfrentan las mujeres nigerianas víctimas de trata y sus hijos e hijas durante su tránsito migratorio en Europa. En concreto, el informe se centra en la dificultad que encuentran estas mujeres para ejercer su derecho a ser madres. El informe se basa en los testimonios de mujeres y organizaciones y evidencia la ausencia de un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género que rija la actuación de todos los niveles de la administración del Estado en materia de trata en los distintos países de la unión europea y, por tanto el fracaso de los sistemas de protección vigentes en Europa. “La priorización de la protección de los derechos humanos de las víctimas ha calado en el discurso oficial de los gobiernos, pero su efectividad en la práctica de las instituciones todavía no es real”, asegura el informe.
Las mujeres, experimentan las consecuencias de la dificultad de las instituciones para verlas como madres de familia, y las niñas y adolescentes se enfrentan a la falta de mecanismos de identificación que garanticen sus derechos. Como resultado de la aplicación de un enfoque de persecución del delito, y de control migratorio a la trata, se vulneran derechos que guardan relación directa con el componente de género y de infancia de las víctimas. Estos derechos son el derecho a la infancia, el derecho a la maternidad segura y el derecho a la vida privada y familiar, sin discriminación.
“Hemos visto a las mujeres moverse, primero a través de su tránsito migratorio, atravesando desiertos y fronteras, y las hemos visto moverse después, a través del tránsito de su explotación, por el espacio Schengen, ese espacio sin fronteras aparentes que, sin embargo, no se coordina para su protección de un país a otro.
Ellas nos han dado claves que hablan del fracaso del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), de la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el trabajo sobre trata de los Estados miembros de la Unión Europea, de la falta de diálogo entre los sistemas de protección a las víctimas de trata y los sistemas de protección a la infancia que derivan en la adopción de medidas que lesionan su derecho a la protección de la vida privada y familiar sin discriminación”.
El informe desvela “importantes lagunas comunes” en los cuatro países europeos –España, Francia, Alemania y Dinamarca- respecto a la protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de trata nigerianas. Esto se relaciona directamente con la supremacía de los enfoques de persecución del delito o de control migratorio por parte de las autoridades en los cuatro países, por encima del enfoque de derechos humanos y de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas.
Las organizaciones señalan que las dotaciones económicas para implementar las medidas legales y de protección son escasas. También señalan una escasa inversión en formación del funcionariado de las administraciones públicas en trata de personas. Un ejemplo muy claro lo constituyen los servicios de protección a la infancia y las valoraciones de riesgo que se hacen respecto de los hijos e hijas de las mujeres que están en redes de trata -como muestran las experiencias de Mama Favour y de Mama Prince, recogidas en el informe-.
La falta de entendimiento de la trata como una forma de violencia que provoca vulneraciones de derechos por parte del personal de estos servicios provoca que su acción, dirigida a la protección de los hijos e hijas de esas mujeres, reproduzca, en ocasiones, las vulneraciones de derechos. Esto sucede cuando no se tiene en cuenta la situación de las madres como víctimas de trata al decidir separarlas de sus hijos o cuando esa situación se toma como un factor de riesgo para las niñas, en lugar de proteger a la unidad familiar. Estos casos suponen un reto para el sistema de protección a la infancia, por un lado, y para el sistema de protección a las víctimas de trata, por otro. “Ambos sistemas deben coordinarse y dialogar para garantizar que las medidas de protección que se dictan respecto de esos niños y niñas no vulneran los derechos de sus madres”, reclaman desde la organización Women’s Link.
Ampliar el enfoque de derechos y de protección de las víctimas
Como forma de paliar estas situaciones, las organizaciones proponen ampliar el enfoque de derechos humanos y de protección de las víctimas.
“Entendemos que un enfoque de derechos humanos aplicado a la trata significa considerar todas las opciones de protección existentes en función de las circunstancias de cada persona, sin considerarlas excluyentes entre sí: acceso al sistema de protección para víctimas de trata, periodo de restablecimiento y reflexión, acceso al procedimiento de asilo, protección como víctima de un delito si decide denunciar, protección de los derechos de la infancia si es menor de edad, acceso a un permiso de residencia por razones humanitarias si existe una situación de vulnerabilidad y/o acceso a un retorno voluntario seguro a su país, si lo desea”.
Asimismo, un enfoque de derechos humanos en el trabajo en trata proporcionaría sistemas de protección integrales que eviten que las víctimas tengan que compartimentar sus experiencias para relacionarse con la administración. Como ilustración, la falta de enfoque de derechos humanos provoca que si la víctima es mujer, si es menor de edad, si es ciudadana comunitaria, si es extranjera y no está documentada, si pide asilo, si tiene hijos deba dirigirse a una institución diferente para cada circunstancia.
Las mujeres y las organizaciones sociales han puesto de manifiesto en todos los países europeos objeto de esta investigación que la mejora en el acceso a protección y a derechos sitúa a las mujeres en posiciones de mayor poder frente a las redes de trata y les proporciona herramientas para cuidar mejor a sus hijos e hijas.
También proponen trabajar de una forma transnacional entre los países de la Unión Europea, que deben establecer mecanismos de coordinación que vayan más allá del control migratorio, para que las madres, niñas y adolescentes víctimas de trata puedan acceder a una protección real e integrarse en la sociedad europea.
