viernes 19 abril 2024

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Carta abierta de la asociación Genera sobre el Juicio de la Redada de 2006

La Asociación sin ánimo de lucro Genera denuncia en esta carta abierta como el Juicio de la Redada de 2006 ha terminado en un pacto con penas de dos años para la mayoría de acusados y con el olvido de la protección y los derechos de las mujeres por parte de la administración y las fuerzas policiales.

genera

Carta abierta:

El Juicio de la Redada del 2006 – El peor ejemplo. Este juicio es “ejemplar” tal como se pretendía, sin duda, pero de lo que NO debe hacerse. El juicio que se iba a celebrar durante estos días ha acabado en un pacto con penas de dos años para la mayoría de acusados. ¿Y las víctimas?

Un poco de memoria, recordemos los grandes titulares de aquel 2006, donde se confundían los objetivos de la actuación policial, entre una intervención para acabar con un grupo de crimen organizado relacionado con redes de prostitución forzada y la “limpieza de la ciudad”, la visibilidad de la prostitución, la ordenanza del civismo. Recordemos aquel Ajuntament de Barcelona orgulloso de su hacer pese a haber citado a medios de comunicación para que pudieran sacar fotos a sus anchas de víctimas y detenidos todos dentro de un mismo saco. Repasemos las declaraciones institucionales alabando el hacer de la Guardia Urbana de Barcelona que meses antes y después multaba por “incívicas” a las mismas mujeres a quienes “rescataba” con trajes de Geos y se exponía a los flashes con poco disimulo.

Ya en aquel entonces, las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres, entre ellas Genera, pedíamos a gritos que se respetasen los derechos de las mujeres, que se detuviesen las políticas públicas de acoso a la visibilidad de la prostitución y que se adecuasen los instrumentos de lucha contra la trata desde una perspectiva de género, de los Derechos Humanos. Decíamos que tanta confusión conlleva graves consecuencias.

Este juicio es un ejemplo, repetimos. Es una muestra de cómo nunca deben hacerse las intervenciones relativas a la trata de personas con fines de prostitución forzada. Más allá de no conseguir condenas importantes,( convengamos en que penas de dos años respecto al delito imputado es algo irrisorio) este juicio pone en evidencia la absoluta falta de protección que obtuvieron las víctimas durante el proceso. Las actuaciones policiales, como instrumentos de las políticas del Ajuntament de Barcelona, se centraron en obtener a toda costa una declaración en el momento de la redada y pagan hoy sus consecuencias. Pero si la deficiente actuación policial tiene consecuencias en la condena de los acusados, mucho mayores son las repercusiones para las víctimas de prostitución forzada, intimidadas, asustadas, perseguidas y sin garantía ninguna de su seguridad ni la de sus familias. Víctimas sin derechos.

Se ha hecho evidente que la gran mayoría de las víctimas están a día de hoy ilocalizables, no solamente porque hayan pasado cinco años desde los hechos sino sobre todo porque nadie realizó un seguimiento de su seguridad, de su situación de vida. Conseguir una declaración de ellas era suficiente, era para lo que “servían”, era lo que se quería de ellas. Y lo que se consiguió justamente a costa de ellas. Ni las mujeres fueron protegidas, a golpe de multas y de acoso policial, ni los acusados obtuvieron condenas acordes al delito que cometieron, por mucho que el Consistorio barcelonés se presente como acusación popular no puede negar su fracaso en este proceso. El fracaso de sus métodos, el de sus prioridades.

Con detalles tan increíbles como que una de las “testigos protegidas” fuera nombrada, con nombre y apellido, varias veces durante la apertura de las previas del juicio el pasado día 7 de noviembre por un abogado de la defensa, ¿Quién puede reprocharles que no estén ellas allí para oírlo o que no quieran confirmar los cargos? ¿Cuáles son las garantías para las testigos, que recordemos son las víctimas, y tendrían que desplazarse sin protección hasta la sede de la Audiencia Provincial? ¿Cuáles son las garantías para quienes declararon hace años a una policía siempre preocupada en crear titulares de redadas y asaltos “contra la prostitución”. Contra la visibilidad de la prostitución sí pero de ningún modo a favor de las personas.

Hoy en día esos titulares se hacen ciertos, contra ellas, contra las mujeres que estuvieron (están?) en una situación de prostitución forzada. Por aparecer en la prensa con los rostros descubiertos, gracias a la prensa que tan éticamente realiza su trabajo. Por el desinterés de considerarlas dignas de derechos, por no haber tenido asistencia legal antes de sus declaraciones, por no haberles otorgado garantías de seguridad, por no haber dejado un espacio de confianza y reflexión a partir del cual decidir sobre sus vidas. Tal vez lo primero que podemos restituir a las mujeres que se encuentran en una situación de prostitución forzada y por lo tanto de violencia machista es su libertad, su seguridad física y su capacidad para decidir sobre sus vidas, con la información necesaria, con el respeto necesario. Eso no es lo que sucedió. Y por ello es un verdadero ejemplo de vergüenza.

El acuerdo pactado, con condenas de tan sólo dos años para la mayoría de los condenados por graves vulneraciones de los Derechos Humanos, traslada un mensaje claro de impunidad hacia los tratantes de mujeres, que ni siquiera entran en prisión y continúan haciendo su vida como si nada hubiera pasado. Pero lo que es más grave, dan un mensaje de absoluta desprotección hacia las víctimas, que ven que a pesar de denunciar, de declarar contra sus secuestradores, de colaborar con la policía, no reciben de los poderes públicos la necesaria protección ni tampoco la reparación de sus derechos.

Un juicio que ejemplifica sin duda que, continuar priorizando las intervenciones policiales desde una perspectiva de persecución del delito sin tener en cuenta los derechos de las víctimas, no es más que violencia institucional, grandes titulares del momento y resultados vergonzosos para un Estado, para un gobierno, para una ciudad que se erige en modelo de la defensa de los Derechos Humanos. Tal vez sea hora que las fuerzas policiales y la clase política que protagonizaron sus momentos de gloria en el 2006, año de la famosa redada, pongan en duda sus métodos, revisen su ética y se quiten las medallas.

Podemos decirlo más alto pero no más claro.

Genera

Barcelona, 10 de noviembre de 2011

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