Por Anna Castillo. Texto y Fotos.
En Soldati una gran parte de la gente tiene urgencia habitacional
Los hechos ocurridos el último mes en Buenos Aires dejan al descubierto una realidad que ya nadie puede negar y pronostica futuros conflictos, a la vez que anticipa parte de lo que será la disputa electoral del próximo año
“No están dadas las condiciones para otro argentinazo”, aseguran voceros gubernamentales, y tal vez sea cierto, pero a nadie se le escapa que el escenario político y social en Argentina, y especialmente en Buenos Aires se está redibujando y que el próximo año cualquier cosa puede ocurrir.
La manifestación que se realiza cada año en recuerdo del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001, que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa y que expresó el clamor popular al grito: “¡que se vayan todos!”, este año estuvo focalizada en rechazar enérgicamente las últimas represiones vividas en el país, que se cobraron 5 vidas en 50 días, 3 de ellas las últimas semanas durante las tomas de tierras suburbanas de Buenos Aires.
A la vez que las organizaciones en protesta exigían a través de un comunicado “juicio y castigo a los asesinos de Barracas, Formosa y Soldati; y más salario, trabajo digno, tierra y vivienda para todos“, un grupo de jóvenes incendiaban la puerta de la Jefatura de gobierno de la ciudad (municipalidad), presidida por Mauricio Macri, quien sería uno de los responsables políticos de las últimas muertes causadas por represión policial. Por su parte, los vecinos desalojados de la Villa están dispuestos a retomar terrenos en cualquier momento si no se cumple la promesa del gobierno de responder a su necesidad habitacional en un plazo de 3 meses. Mientras, todavía persiste un predio tomado en la capital, cuyo desenlace es imprevisible.
La situación no está resuelta en Buenos Aires. Desde que estalló el conflicto mediáticamente el martes 7 de este mes, y se produjeron 3 muertes (una mujer boliviana, un hombre boliviano y un paraguayo) la tensión ha ido en aumento. Pese a que la policía federal ha recibido la orden de no desalojar violentamente el predio que sigue tomado (club Albariño), el gobierno ya no puede tapar el sol con un dedo. A su vez, los ocupantes del terreno no están dispuestos a firmar ningún acuerdo aunque se les amenace con recorte de subsidios. “Queremos un pedazo de tierra para construir nuestra casa, no promesas”. Gobierno como vecinos han aprendido la lección de este mes y mientras uno no quiere reprimir, el otro no quiere moverse del predio sino es para trasladarse a otro terreno concedido. Ante esto la policía ha cercado el lugar y están cortándoles el suministro de alimentos.
Ahora la discusión mediática es sobre quiénes debe recaer la responsabilidad de lo ocurrido, tanto de la represión del martes, donde actuaron conjuntamente policía metropolitana y gendarmería, como de la falta de ejecución de presupuesto público para viviendas. Y el gobierno nacional y el de ciudad se siguen tirando la pelota. Así mismo, las declaraciones xenófobas del gobernador de la ciudad al vincular el narcotráfico al origen migratorio de gran parte de los vecinos de las villas, y el llamado de Evo Morales a los migrantes bolivianos a que regresen a Bolivia y “no usurpen la propiedad privada en el país vecino”, ha abierto la veda a un debate que estaba latente y que se torna urgente: la discriminación y el racismo asociados al origen de clase, es decir, la exclusión absoluta de aquellos que jamás escalarán socialmente porque hoy en día ya no existen ese tipo de escaleras si no es de la mano de la gestión del Estado. Y es que en las villas no hay presencia alguna del Estado. Existen los centros de salud, algunas escuelas y guarderías pero no dan abasto. Además no se cuenta con servicios básicos y los vecinos se proveen de éstos enganchándose a las redes.
Situación injusta y límit
El gobierno de la ciudad había prometido en 2007 la creación de 10.000 viviendas de las que sólo se acabaron 258. Además privatizar el Banco Hipotecario que prestaba créditos a los sectores medios se ha disminuido el Fondo Nacional de la Vivienda de un 5,3% en 2005 a un 3,02% en 2010, de éste tan sólo se ejecutó un 2% a la vez que algunas fuentes denuncian sobreprecios de las obras.
Entre todas las expresiones de racismo faltas de solidaridad que se escuchan desde que estalló el conflicto, se comenta que las personas que ocuparon el parque Indoamericano de Villa Soldati, donde se produjeron los enfrentamientos entre los ocupantes del parque y la policía y barrabravas, no eran realmente necesitadas pues algunas ya tenían vivienda propia. Y según Mercedes, una asistente social del barrio, “lo cierto es que no era una toma organizada sino un grupo muy heterogéneo donde había personas de distintas procedencias y con distintos intereses. Pero lo que es innegable es que había una gran parte de gente que tiene urgencia habitacional”.
En la toma había mujeres como Digna Ortiz, paraguaya que lleva 11años en Argentina, tiene 7 hijos y está separada. Su ex marido le ayuda un poco económicamente y ella no trabaja porque tiene un hijo discapacitado de 16 años al que tiene que cuidar las 24 horas. Tan sólo uno de sus hijos trabaja de cocinero, 8 horas al día por las que gana 1300 pesos, mientras el resto están en edad escolar.
Ortiz recibe una ayuda de gobierno de la ciudad de 1000 pesos mensuales que pueden gastarse en algunos supermercados donde puede comprar alimentos especiales para su hijo y hacer pericias a modo de que le alcance para alimentar al resto de la familia con ese monto y el sueldo de su hijo. Su cuñado le regaló un terreno y ella construyó la casa de 2 plantas con un sólo dormitorio para todos. Para Digna la casa se está tornando incómoda pues subir las escaleras “se va complicando porque el joven cada día pesa más”. Así mismo, la entrada a la casa es un camino de barro que por el mismo motivo se vuelve un suplicio. “En Paraguay era campesina, trabajaba la chacra y vendí mi casa para venirme a Argentina porque el tratamiento médico de mi hijo en Paraguay no lo podía pagar y aquí es gratis”. Después de la toma Digna tiene pocas expectativas de que el gobierno cumpla su promesa de otorgarles vivienda, por lo que de momento, mientras se perfila otro escenario, ella está tramitando con la Junta Vecinal asfaltar su calle para poder sacar a su hijo a pasear sin batallar contra el lodo.
Pero además de haber grandes necesidades en las villas hay también una realidad diferenciada entre hombres y mujeres, por el simple hecho de que suelen ser las mujeres las que tras una ruptura sentimental se quedan a cargo de los hijos. En la villa no hay guarderías suficientes para la cantidad de niños que la habitan por lo que muchos no logran ingresar hasta los 4 años y esto condiciona el trabajo de las madres que no tienen con quién dejarlo. “Los únicos trabajos donde se puede llevar al bebé es o vendiendo en la calle o recogiendo cartón. Este es un problema al que no se enfrentan los hombres”, dice Lourdes. Ella antes trabajaba limpiando hogares con lo que ganaba 600 pesos al mes. Al quedarse embarazada perdió su trabajo y hasta que su hijo cumplió 3 años no logró cupo en ninguna guardería. Lourdes tiene casita de 3×3 metros, que los vecinos le ayudaron a construir tras verla vivir en la calle durante una semana con sus 3 hijos de los cuales uno tiene una incapacidad física. Lourdes gana aproximadamente 300 pesos al mes vendiendo cosméticos y de alquiler pagaba 500. “Mi nene no cobra nada por ser especial porque nació en Paraguay y no tiene DNI”. Pero Lourdes lo deja todo el día en un centro donde le atienden bien y lo alimentan. Los otros 2 hijos van a la escuela donde también son alimentados. Así es como Lourdes consigue llegar a fin de mes. “Por estar en la toma me han cortado la tarjeta ciudad porteña de 400 pesos que me daban”, sospecha preocupada.
Y ante este cuadro Elisabeth Ovidio, la mujer boliviana que quedó viuda por el asesinato de su marido Juan Castañeta Quispe, en los enfrentamientos del parque no tiene muchas expectativas. El matrimonio y sus 2 hijas vivían en una pieza de alquiler donde pagaban 500 pesos al mes. El que realizaba el aporte económico más significativo a la familia era Juan, que trabajando de chofer ganaba unos 70 pesos diarios trabajando 11 horas. Elisabeth cuida a sus hijas y los domingos vende jugos en el mercado con lo que recauda unos 120 pesos. No recibían ninguna ayuda social. Ahora se ve ante el desafío de encabezar ella sola la familia, encontrar un lugar donde le cuiden las niñas para poder trabajar. “Una señora me ha ofrecido trabajo en un taller-maquila donde pagan 700 pesos al mes por trabajar día entero. ¿Usted cree que eso es trabajo?”, me interpela. Y se lamenta: “Yo apoyaba a la presidenta por ser mujer. Pensé que sabría hacer valorar. Cuando mataron a Juan me sentí mal por haber apoyado a Cristina”.
*5 pesos = 1 Euro aprox.
