Rosa María Rodríguez Quintanilla.
Dejando casa, trabajo, escuela y afectos, una familia de periodistas se vio obligada a huir del estado federativo de Tamaulipas, al noreste mexicano, debido a amenazas de muerte recibidas este 29 de octubre.
Es un ejemplo de la inseguridad de la profesión en un país donde hace semanas su presidente Enrique Peña Nieto asegurara, ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que su gobierno trabaja en medidas de protección para periodistas, gremio que registra la menos 11 asesinatos en 2016 en México.
Rosa María Rodríguez Quintanilla, coordinadora por México de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), su marido Francisco Cuéllar Cardona, Director del diario El Expreso de Ciudad Victoria, y su familia dejaron con prisas la capital de Tamaulipas debido a amenazas, firmadas por el narco “Grupo Bravo Puro Zeta Vieja Escuela”, dirigidas hacia uno de sus hijos, el también periodista Ilich Cuéllar, que se extendían a sus padres.
La trayectoria de estos profesionales ha levantado una ola de pronunciamientos de rechazo en redes internacionales, especialmente feministas, debido a la actividad de Rodríguez, quien en abril de 2016 estuvo en Barcelona en el 6º Encuentro de la RIPVG, ocasión donde fue nombrada como una de las seis coordinadoras.
Razones y agresiones
Las causas ciertas de las amenazas se desconocen y no se las han sabido explicar con claridad en la misma familia de periodistas, aunque saben muy bien sus posibles consecuencias. Rodríguez Quintanilla ha vivido en otras ocasiones también ataques a su integridad física, “por ejemplo, el pasado 3 de octubre fue golpeada por un escolta del procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, cuando ella intentaba acercarse a realizar una entrevista con el funcionario”, señala la agencia Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Cuéllar Cardona, que se despidió en su columna La Talacha del diario Expreso, en 2009 sobrevivió a ser “tableado” (golpeado con tablas) “según eso por no publicar una nota (artículo), como habían ordenado los Zetas”, como recuerda Julio Hernández López, en su columna en diario mexicano La Jornada.
Pero las amenazas van acompañadas de acusaciones, que en este caso llegan al hijo periodista de la pareja. “Ni yo, ni mi familia, ni ningún ciudadano honesto puede ser manchado y calumniado de esta forma”, ha dicho Ilich Cuéllar en las redes sociales, las mismas por las que se difundió la amenaza en la que se le vincula a una fracción narco que pugna por territorios.
A Anabel Flores la secuestraron y asesinaron, dejaron su cuerpo en una carretera.
Criminalizar a la víctima
Este tipo de amenazas son ya una manera habitual de advertir, que termina muchas veces con ejecutar, a periodistas que incomodan de tal manera en que, además, se siembran dudas sobre la honorabilidad de las víctimas relacionándolas con actos y grupos delincuenciales. Así las autoridades se excusan y se consolida la impunidad, advierte la Casa de los Derechos de Periodistas de México.
Ya en junio de este año, la Casa de los Derechos de Periodistas, emitió un boletín a propósito del asesinato de la periodista free lance y profesora, Zamira Esther Bautista Luna, en el que manifiesta su indignación y rechazo porque “autoridades de seguridad pública y de la administración de justicia” difundieran “información que supuestamente la vincula con un grupo del crimen organizado que opera en Ciudad Victoria Tamaulipas”.
Lo mismo, agrega, ocurrió en los casos de Rubén Espinoza en la Ciudad de México, Anabel Flores en Veracruz y el de Elidio Ramos Zárate en Oaxaca. Estas “filtraciones’… criminalizan a personas periodistas asesinadas, lo que contribuye a desvirtuar los hechos y que la autoridad descarte sin investigar la línea por el trabajo periodístico de las víctimas”.
En el estado federativo Tamaulipas y concretamente en Ciudad Victoria, su capital, los Zetas mantienen una guerra interna entre dos fracciones: los denominados de la “Vieja Escuela” y los del Cártel Del Noroeste (CDN), que para dominar esta región llevan varios años dejando miles de muertes.
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Video elaborat per la SIP sobre 20 periodistes assessinats en 2016.
Muertes e impunidad
Cuando comenzaba la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en la Ciudad de México el pasado 14 de octubre, Peña Nieto firmó la Declaración de Chapultepec, que lo compromete con la defensa de la libertad de prensa. Esta organización, que agrupa a medios de comunicación, en esa ocasión rindió homenaje las 20 personas periodistas asesinadas en toda América en 2016.
Allí se recordó que desde el año 2000 en la región 115 comunicadores han sido asesinados, 20 están desaparecidos y se han perpetrado 50 atentados contra medios de comunicación.
Los registros de la SIP muestran que en lo que va de 2016 México tiene el mayor número de periodistas asesinados (11, donde 3 son mujeres), Brasil 4 y Guatemala 2, mientras que se mató a un periodista tanto en El Salvador, como en Estados Unidos y en Venezuela.
Los datos de la Casa de los Derechos de Periodistas, más actualizados o con más datos, indican que en México se asesinó a 14 periodistas en 2016, gran parte de los casos con disparos de bala y en situaciones en que llegaban o salían de su casa, los habían estado esperando. A Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, la secuestraron y dejaron su cadáver 24 horas después en una carretera.
Esta organización indica que en 2015 fueron asesinados 12 periodistas en México, todos varones.
Desde CIMAC se informa que de 2002 a 2014 “se han registrado y documentado en Tamaulipas nueve hechos violentos en contra de mujeres periodistas incluyendo tres casos de feminicidio” y que especialmente las periodistas “no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para poder denunciar la violencia a la que se enfrentan por lo que se presume un subregistro”.
Entre 2006 y 2015, la Unesco registró 827 asesinatos de periodistas en el mundo; sin embargo, esta institución solo recibió información de 402 casos desde los Estados, de los cuales se resolvieron solamente un 16%, cifra que muestra la situación de impunidad existente. En América Latina y el Caribe se resolvió solo el 11% de los 176 homicidios registrados en ese periodo, de acuerdo al Informe 2016 de la Directora General de la Unesco sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad.
“Esta tragedia es todavía más frustrante porque la mayoría de estos crímenes no han sido resueltos y los culpables no han sido castigados”, dijo Pierre Manigualt, presidente de la SIP, a lo que Peña Nieto aseguró que las autoridades mexicanas trabajan en medidas de protección para los periodistas.
Zamira Bautista asesinada el 20 de junio de 2016.
Hostigamiento insoportable
“Desde la Casa de los Derechos de Periodistas, estamos alertas, porque la fragilidad del trabajo, en lugares altamente peligrosos como Tamaulipas, nos pone en peligro a periodistas”, dijo, al ser consultada, Sara Lovera, flamante Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria en México, reconocida luchadora por los derechos de las mujeres y Administradora General de la Casa de los Derechos de Periodistas.
Lovera cree que “las acciones deben ser desde el gremio, movilizarnos, porque las cartas o llamados a misa, como aquí decimos, no surten efecto; las y los periodistas tenemos que organizarnos y sumar esfuerzos para parar las amenazas y el hostigamiento contra el trabajo periodístico profesional”.
Tanto en mensajes en las redes sociales, como en blogs y columnas de opinión que se han referido a este tema, surge un ánimo de frustración e impotencia ante una situación desesperante y recurrente, tal como lo señala un editorial del Expreso: “Cada día el Estado sufre la pérdida de ciudadanos valiosos y comprometidos con su patria chica, que emigran ante la ola de terror y la ausencia de mecanismos que les garanticen lo más elemental que es la vida misma. Cuéllar ya se fue, y no pasa nada. Más ciudadanos se irán y así seguiremos… sin la esperanza de regresar porque el prolongado quebranto institucional no termina”.
Para Lovera, “las autoridades son responsables de la impunidad” y ante ello es imprescindible que “las y los periodistas debemos actuar juntos, sumar. No es justo lo que sucede”.
Joao Valdecir, periodista del Brasil asesinado este 2016.
Acciones de apoyo
En todo caso, fuera de México se están haciendo cartas, muchas son enviadas a las embajadas mexicanas en diferentes países desde organizaciones de periodistas. Una de ellas es la enviada desde la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña, firmada por su presidenta Montserrat Minobis, y dirigida a la embajadora en España, Roberta Lajous Vargas, en la que pide la investigación inmediata de la persecución y amenazas contra Rodríguez Quintanilla y su familia y advierte al presidente Peña Nieto que “cualquier daño a estas personas lo consideraremos responsabilidad directa del gobierno mexicano y lo denunciaremos a nivel internacional”.
En un comunicado conjunto, varias redes y organizaciones exigen al Gobierno federal, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y a la Fiscalía Especial Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “brinden de manera urgente medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de nuestra colega periodista y la de su familia”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: la Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC Mx), la Casa del Migrante de Saltillo, la Casa de los Derechos de los Periodistas, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), CIC Propuesta Cívica, A.C, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), el colectivo Mas de 131, la Red Nacional de Periodistas (RNP), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y la SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), que también firma, agrupa a periodistas y a redes nacionales de 35 países, que por su parte también se han manifestado.
“Es demasiado el tiempo que sabemos del acecho, que en muchos casos llega al asesinato, que sufre el mundo profesional del periodismo en México y que en la inmensa mayoría queda en la más ignominiosa impunidad. ¿Hasta dónde llegará la desidia del gobierno mexicano? Hacemos llegar nuestra solidaridad y estima a nuestra compañera y toda su familia, al mismo tiempo que pedimos al gobierno de Tamaulipas y al del Estado de México que garantice su seguridad”, dijo Minobis.
“Ante las amenazas e infundios que han circulado en redes sociales contra mi familia, mi esposo, mis hijos y yo hemos dejado Tamaulipas y no regresaremos hasta que se aclare esta situación y nos otorguen las garantías de seguridad necesarias”, dijo Rosa María Rodríguez en las redes sociales una vez que se vio fuera del alcance de quienes les amenazan.
