En Catalunya, fue recibido por las Defensorías del Pueblo y por varias representaciones de ONGs y asociaciones
Mutuma Ruteere tiene un cargo que dice mucho y decirlo, de hecho, toma un tiempo: “Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia”. Será por eso que ningún ministro o ministra del Estado español aceptó reunirse con él, pese a la solicitud hecha, a que estuvo en el territorio durante una semana y a que hay, señala, situaciones urgentes e inaceptables que España debería atender.
El Relator sí escuchó, mucho. Estuvo en cinco ciudades, entre ellas Barcelona en Catalunya, donde fue recibido por las Defensorías del Pueblo y por varias representaciones de ONGs, asociaciones y agrupaciones que trabajan con la inmigración y otros grupos marginados, como la población gitana. Éstas expusieron las realidades y quejas de los colectivos que representan, más de la mitad son mujeres.
En una carta/informe de actividades fechada este 28 de enero, Muruma Ruteere relata su paso por el Estado español, se lamenta de que ningún ministro o ministra haya aceptado recibirle en reunión, reconoce los avances en la normativa legal para tratar los temas por los que él trabaja y explica diversas realidades, algunas terribles, que se deben solucionar.
En Barcelona se reunió y escuchó a representantes de la Asociación Catalana de Profesionales en Extranjería (ACPE), SOS Racismo, Diáspora Solidaria- Mesa de Migración, Género y Desarrollo y la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, quienes expusieron sobre el racismo institucional y la normalización de éste, las dificultades del acceso al derecho y la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres.
En su carta/informe el Relator habla del “retroceso de avances en relación con los derechos humanos de los migrantes” y reclama por la legislación que ha restringido el acceso a la sanidad a los extranjeros, que “es una novedad lamentable”.
Dice que España debe superar una serie de retos en materia de derechos humanos, como es la detención de migrantes irregulares, entre ellos mujeres, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), situación que “entraña que en la actualidad no existen criterios objetivos sobre temas relacionados con el acceso a la sanidad o a la asistencia letrada por parte de las personas internadas en esos centros”.
En Ceuta y Melilla, “España debería seguir prestando una atención especial a la protección de los derechos de los migrantes más vulnerables como los menores no acompañados y las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual”.
En Almería, “las condiciones de muchos migrantes irregulares que trabajan en los invernaderos son estremecedoras. Carecen de infraestructuras básicas y servicios como el saneamiento, el agua potable y servicios sanitarios adecuados. El respeto de la dignidad de estos migrantes irregulares debería ser una importante prioridad”.
En estas condiciones, existe además una “creciente vulnerabilidad de las mujeres que trabajan y viven en los invernaderos y están expuestas a la violencia y la prostitución de facto”.
Aboga por la población gitana, para el goce de sus derechos, en especial la vivienda y acceso al empleo. Habla en especial a favor de los romaníes que no son de origen español, principalmente de Portugal y Rumanía.
“Insto también a España a encontrar una solución de derechos humanos a largo plazo para las condiciones de trabajo y de vida de los migrantes que se encuentran en la zona de Poblenou en Barcelona, donde viven en condiciones inhumanas y degradantes”, señala.
También le llama la atención “la aparición del discurso de odio y xenófobo entre políticos y dirigentes políticos”, así como “la estigmatización de determinados grupos, incluidos los migrantes, y la propagación de prejuicios raciales y estereotipos negativos por parte de los medios de comunicación”.
El Relator dice, finalmente que “la crisis económica no debería convertirse en un motivo para retroceder en el avance en la lucha contra el racismo y la xenofobia” y que “como han demostrado los acontecimientos acaecidos en otros lugares, culpar a los grupos vulnerables de la crisis económica puede generar un clima de hostilidad y violencia racial contra estos grupos”.
