En un manifiesto firmado por cerca 50 personalidades de distintos países, principalmente de América Latina, reclaman que se deje de quitar custodias y de encarcelar a las madres que denuncian violencia de género o sexual hacia ellas y sus hijos e hijas.
Un documento firmado por cerca de media centena de activistas por los derechos humanos y feministas de distintos países de mundo, pide al Gobierno Español que proteja a las madres que en España denuncian la violencia de género y sexual hacia sus hijos. En un llamamiento abierto los firmantes llaman la atención a la sociedad española «ante una situacio?n de grave violacio?n a los derechos humanos» en casos de violencia de ge?nero y violencia hacia nin?os, nin?as y adolescentes.
En el comunicado denuncian que «desde hace an?os el Estado espan?ol viene aplicando una poli?tica de quita de custodias a madres (arrancamientos) que han presentado denuncias por malostratos y abuso sexual infantil hacia sus hijos por parte de sus progenitores». Hacen referencia a que «las sentencias ejemplarizantes hacia esas madres, incluyen como escarmiento, la condena a prisio?n de mujeres que han incumplido sentencias judiciales para no entregar a sus hijos a sus abusadores».
El documento, titulado Llamado a la acción. Madres presas por proteger a sus hijos/as en España, se hace público coincidiendo con el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto parcial para Juana Rivas.
El acuerdo del Gobierno supone la rebaja a la mitad de la pena de prisión por por dos delitos de sustracción de menores. De esta forma pasa de dos años y medio a un año y tres meses. Juana Rivas denuncio? en mu?ltiples ocasiones a su ex esposo por violencia de ge?nero y malos tratos. Como se relata en el documento, «ni ella ni sus hijos fueron escuchados».
El Ejecutivo ha decidido también tumbar la prohibición de seis años del Tribunal Supremo que le hubiese impedido tener la patria potestad. Como alternativa la conmutará con 180 días de trabajos para la comunidad, como ha avanzado El País.
No es el único caso del que el documento se hace eco. También recuerda en caso de A?ngela Gonza?lez, que tras más de 50 denuncias «solicitando protección para su hija» no fue oída y la niña acabó siendo asesinada por su progenitor en una visita no vigilada en 2003, cuando la menor tenía siete años.
El Comite? para la Eliminacio?n de la Discriminacio?n de la Mujer condeno? a Espan?a en julio de 2014 por el asesinato de Andrea, la hija de A?ngela. En 2018 el Tribunal Supremo de Espan?a reconocio? que el Estado espan?ol cometio? fallos en el caso de A?ngela Gonza?lez y su hija, e impone una indemnizacio?n de 600.000 euros.
«Si A?ngela Gonza?lez hubiera inclumplido la orden judicial, seguramente su hija Andrea estari?a viva. Pero A?ngela fue obediente con la sentencia judicial y este es el resultado», afirman los firmantes del escrito.
El documento hace referencia, también, a María Sevilla, la expresidenta de la organización Infancia Libre, quien afirman, «ha sido brutalmente criminalizada por evadirse de cumplir la sentencia que ordenaba entregar a su hijo a su presunto abusador. Ella, que esta? a punto de ser encarcelada por eso, solo puede ver a su hijo una hora cada 15 di?as, desde hace 2 an?os».
Pero ellas no son las u?nicas con condenas de ca?rcel, añaden, y citan tambie?n a: Mari?a Salmero?n, Sara Bejarano (quien jama?s estuvo fugada), Helena Cuadrado y Patricia Gonza?lez. «Sus delitos, proteger a sus hijos/as de progenitores violentos».
Entre los firmantes del documento se encuentran personalidades como la jurista Alda Facio, de Costa Rica una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional y directora del Programa «Mujer, Justicia y Género» del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Enrique Stola, médico psiquiatra Argentino reconocido por su lucha contra la violencia de género y artistas, investigadoras y responsables de organizaciones de países como Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador o Chile, entre otros.
El documento recuerda que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka S?imonovic, ha llamado la atencio?n del gobierno espan?ol por varios de estos casos. Y que la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminacio?n contra las mujeres y las nin?as de la ONU, Elizabeth Brodericken, remitió una carta dirigida al gobierno de Espan?a expresando su «profunda preocupacio?n que los estereotipos y prejuicios de ge?nero, asi? como la ausencia de una perspectiva de ge?nero y de un ana?lisis interseccional de la discriminacio?n contra la mujer obstaculicen el acceso a la justicia por parte de las mujeres y nin?as vi?ctimas impidie?ndoles obtener un recurso efectivo». Explican que en la misiva, la representante de la ONU mostró su «preocupacio?n por el uso del presunto Si?ndrome de Alienacio?n Parental (SAP), contra las madres y la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan al testimonio de los nin?os y nin?as cuando la madre denuncia abusos hacia el menor por parte del padre».
«Frente a este contexto, las abajo firmantes, hacemos un llamado pu?blico para que Espan?a revise estas sentencias que constituyen gravi?simas violaciones a los derechos humanos, brinde inmediata proteccio?n a nin?os y nin?as que se encuentran conviviendo con progenitores violentos y evite el encarcelamiento o deje sin efecto el mismo, de varias madres que esta?n luchando para proteger a sus hijos», concluye el documento.
Font per a DDF, Enrique Stola
Publicada aPúblico
