Los siguientes artículos forman parte de un trabajo Monografico Especial sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres, elaborado por corresponsales de SEMLac y SEMLac Cuba con el auspicio de la Fundació Sida i Societat y la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya / La Independent, y financiamiento de la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo. Los artículos serán publicados en nuestros servicios informativos en sucesivas entregas.
REPORTAJES ESPECIALES: Situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en América Latina y Catalunya–Chile: Los derechos que no son Por Tamara Vidaurrázaga
–Colombia: La violencia tiene cara de mujer, pero la recuperación también Por Ángela Castellanos Aranguren
–Guatemala: Las mujeres siguen muriendo Por Alba Trejo
–México: Violencia y criminalización del aborto, agresión contra las mujeres Por Soledad Jarquin Edgar
–Nicaragua: “No cambiamos derechos por votos” Por Sylvia R. Torres
-Perú: Maternidad no deseada podría costar la vida a las mujeres Por Julia Vicuña Yacarine
REPORTAJES ESPECIALES
Chile: Los derechos que no son
Por Tamara Vidaurrázaga
Santiago de Chile, agosto (Especial de SEMlac).- En Chile, la salud fue un derecho por igual para hombres y mujeres hasta la dictadura militar de Augusto Pinochet, que instauró el sistema de salud privado, dividiendo así entre quienes pueden pagar por una salud eficiente y de primer nivel, y otra pública en la que se depende de las listas de espera y de la demanda, que siempre supera la capacidad de respuesta.
Mientras 75,6 por ciento de los hombres cotizan en la salud pública, las mujeres lo hacen en 80,1 por ciento.
Esta cifra se entiende, ya que los planes de las ISAPRES (Instituto de Salud Provisional) -sistema de salud privado- para mujeres entre 20 y 60 años triplican los precios de los cotizantes varones, según el estudio de la Corporación Humanas “Radiografía de la desigualdad”, publicado en 2009.
Para que el costo de las ISAPRES no sea tan alto, muchas mujeres contratan planes “sin útero”, lo que significa que sus embarazos y partos no son cubiertos.
El propio Ministerio de Salud reconoció en 2002 que los co-pagos de las mujeres en el sistema de salud privado son 36 por ciento más alto que el de los varones, sistema que además no acepta en sus listas a mujeres ya embarazadas o personas con enfermedades previas a la inscripción.
Tener un parto en el sistema de salud público implica que las mujeres no pueden elegir al personal profesional a cargo, o el establecimiento donde se realizará. En caso contrario, deben desembolsar el dinero suficiente que cubra la elección.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS 2007), la práctica de los servicios públicos en la regulación de la fecundidad revela un sesgo de género, pues sólo 0,6 por ciento de los usuarios de métodos anticonceptivos corresponden a hombres; mientras que por cada vasectomía practicada a un hombre se producen 250 esterilizaciones a mujeres.
Por otra parte, la misma fuente señala que casi nueve de cada 10 pacientes atendidos por depresión en el sistema de atención primaria son mujeres.
Derecho al aborto
Karen Espíndola solicitó públicamente interrumpir su embarazo en 2008, al enterarse de la gravedad de diagnóstico del hijo que esperaba y que era incompatible con la vida. Buscó soluciones legales e ilegales, y no encontró quien la ayudara, porque en Chile las interrupciones están prohibidas en todos los casos, incluso si el hijo o hija no tiene posibilidades de vivir, es producto de una violación o la vida de la madre corre peligro.
Osvaldo nació hace dos años y vivió, al contrario del diagnóstico médico. O más bien sobrevivió al embarazo. Al nacer se comprobó que padecía de holoprosencefalia semilobar, una malformación del cráneo resultado de que el lóbulo frontal del cerebro del embrión no se divide durante las primeras semanas de gestación y, por tanto, no se forman adecuadamente los hemisferios izquierdo y derecho.
Hoy, la ficha médica de Osvaldo es mucho más larga que cuando nació: “Tetraplejia espástica, epilepsia en grado 2, microcefalia, hipotiroidismo, laringomalacia (subdesarrollo de la garganta), insuficiencia renal, retraso mental severo, desnutrición, alteración de la deglución. Todas estas patologías, además de la gastrectomía (remoción total o parcial del estómago) que le tuvieron que realizar para alimentarlo por sonda”, cuenta Karen, su madre, a SEMlac.
Pese a que el Estado chileno le negó a Karen la posibilidad de un aborto, este mismo Estado no se hace cargo de la salud de Osvaldo una vez nacido, lo cual significa un descomunal gasto monetario y de otros recursos para ella y su familia.
Cuando quiso abortar, tuvo miles de ojos encima; hoy, cuando trata de salir adelante con su hijo, se encuentra más sola que nunca. Incoherencias que las mujeres en Chile deben vivir día a día porque, desde 1989, la dictadura de Augusto Pinochet abolió la posibilidad legal del aborto terapéutico, que hubiera permitido a Karen interrumpir un embarazo problemático.
Para esta mujer, “vivir no es respirar”. Por eso cree que las interrupciones, en casos como el suyo, son un tema de humanidad. Hoy se encuentra con una depresión que la ha llevado a querer quitarse la vida y a estar internada en un sanatorio psiquiátrico, porque no soporta ver el sufrimiento diario de su hijo y se siente atada de manos, sin poderle dar a Osvaldo todos los tratamientos que requiere.
Los mismos que antes la obligaron a parir, hoy están ausentes. “En el Ministerio de Salud siempre me dijeron que mi caso era especial y que me ayudarían. Pero a la hora de la verdad -esto es, cada vez que debo ir al hospital-, debo pasar malos ratos y reclamar para conseguir ayuda para el asunto específico. Francamente, es indignante, impresentable y vejatorio el trato que hemos recibido”, señala Karen.
Chile es uno de los tres países en el mundo -junto a El Salvador y Nicaragua- que prohíben el aborto en todos los casos. Al mismo tiempo, esta nación cuenta con una salud privada costosa y una pública deficiente. El plan AUGE -que financia enfermedades graves en la salud publica- costea solo cinco de las más de 300 enfermedades congénitas existentes. Por otro lado, en el sector privado cobran un alto costo por incorporar a alguien con los antecedentes médicos de Osvaldo y no están obligados a aceptarlo.
“La expectativa de vida de estos niños, y su calidad, dependen de los cuidados que tengan. La paradoja es que nosotros somos demasiado pobres como para costear doctores y tratamientos privados que eleven la calidad de vida de nuestro hijo, pero somos demasiado ricos como para ser beneficiarios de la escasa ayuda que entrega el gobierno a personas en nuestra situación”, explica Karen a SEMlac.
Esta chilena continúa creyendo que el aborto es una salida en casos como el suyo: “La enfermedad en sí es dura, muy dura, pero en tu propio hijo, es lo más fuerte que existe. Es contra natura, irracional, injusta. El dolor, el peor que existe. Cuando miro a mi hijo y no está bien -que ya son más días que los buenos-, no veo felicidad. Y cuando está algo mejor, sufro porque puedo ver tras su minusvalía un gran potencial frenado por la cruel enfermedad. Como si fuera dos personas en una”, indica.
Karen no es la única a favor de las interrupciones de embarazo: la encuesta que Corporación Humanas realizó en 2008 indicó que 79 por ciento de las mujeres chilenas está de acuerdo con la legalización del aborto terapéutico. Se calculan entre 160.000 y 200.000 los abortos clandestinos por año en el país.
Anticoncepción de emergencia
Las interrupciones de embarazo no son lo único ilegal en Chile. Cuando el Ministerio de Salud introdujo en 2006 la llamada “píldora del día después” para todas las mujeres, que previene embarazos tomándola hasta 72 horas después de un acto sexual sin protección, la derecha y la Iglesia católica adujeron que era abortiva y, por tanto, ilegal.
Con este argumento, 36 diputados de derecha tramitaron la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Control de Fertilidad ante el Tribunal Constitucional, institución que en abril de 2008 prohibió la distribución del fármaco en los servicios públicos de salud.
La pelea fue dura. Alrededor de 15.000 personas se reunieron en la calle para exigir derechos sexuales y reproductivos en lo que los medios de comunicación llamaron “Pildoraza”. Como nunca en Chile, mujeres y hombres, especialmente jóvenes, salieron a las calles a protestar por el retiro de la píldora de los consultorios de salud, puesto que en las farmacias privadas siempre se ha vendido.
El punto era que, con dinero, se tenía acceso a ella y, sin dinero, se negaba, en un país donde la maternidad adolescente llega a 15 por ciento, lo que redunda en que más de 12 por ciento de las mujeres entre los siete y 24 años de edad no asiste a centro educacional alguno, por ser madre o estar embarazada, según el Informe de derechos humanos de Corporación Humanas, divulgado en 2009.
En 2008, el colectivo “Mujeres Públicas” lanzó una acción de Apostasía, masiva, consistente en que aquellas personas que hubiesen sido bautizadas por la Iglesia Católica pidieran su excomunión por no compartir la censura de esta institución a un derecho fundamental para las mujeres, como la anticoncepción de emergencia. Más de 500 personas exigieron no continuar siendo parte de esta iglesia.
En el blog que convocó a la Apostasía, el colectivo feminista señala: “Exigimos nuestro derecho a no formar parte de una institución que atenta contra la libertad de las personas y que interviene directamente en las políticas públicas en materia de sexualidad y reproducción. Queremos un Estado laico que represente a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas; en el papel, la Iglesia y el Estado se separaron hace muchos años, hoy queremos que esta separación sea real. La democracia es laica, si no, no es democracia”.
Según la encuesta de Corporación Humanas de 2008, 80 por ciento estuvo en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega de la anticoncepción de emergencia en la salud pública.
En la actualidad, la píldora se entrega en cada municipio según decisión reservada del alcalde o la alcaldesa, y en la práctica este fármaco es difícil de encontrar en el comercio, puesto que las farmacias dejaron de venderla. Esta resolución implica que, en los municipios dirigidos por la derecha, se niega la entrega de la píldora en los servicios de salud.
Esto sucede en el mismo país que tiene una cifra de un 15 por ciento de nacimientos correspondientes a madres menores de 20 años, y en el que un 12,3 por ciento de mujeres entre siete y 24 años no asiste centros educacionales por ser madre o estar embarazada, según el informe sobre derechos humanos 2009 de Corporación Humanas.
VIH-Sida
Según el MINSAL, 60 por ciento de las notificaciones e infecciones de transmisión sexual (ITS) corresponde a mujeres, cifra que se incrementa a 72,8 por ciento en adolescentes. En ellas, 50 por ciento e las ITS notificadas corresponden a condiloma, 12,6 por ciento a sífilis y 11,5 por ciento a candidiasis genital.
La más grave de las ITS, el VIH, se ha feminizado en el mundo y también en Chile. Según CONASIDA (Corporación Nacional del Sida), hace 15 años había 6,5 hombres con VIH por cada mujer con esta condición. Entre 2003 y 2007, la cifra se estabilizó en 3,7 hombres por cada mujer.
Sin embargo, cada vez que se han hecho campañas públicas para informar sobre el VIH, instituciones católicas -como el canal 13 de televisión- se han negado a difundir el uso del preservativo, argumentando que la única forma cien por ciento segura de prevenir este virus es la abstinencia y la pareja única.
La feminización el VIH/sida no es la única brecha de género en este ámbito, según documenta el informe presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH.
El informe “Dignity Denied” señala que las esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de “consentimiento informado”. Sin embargo, un estudio de Vivo Positivo de 2004 evidenció que 29 por ciento de las participantes -todas mujeres seropositivas- señalaron que fueron presionadas en los servicios de salud para esterilizarse, y 12,9 por ciento dijo haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento.
Otro problema que revela una brecha de género es la vinculación entre violencia y VIH/sida. El 2009, la Fundación EPES (Educación Popular en Salud) publicó un informe llamado “Dos caras de una misma realidad: Violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida”, realizado a partir de un estudio con un centenar de mujeres con VIH.
Según la investigación, una de cada dos mujeres con VIH vivieron violencia de cualquier tipo, de manera previa al diagnóstico, y una de cada tres de estas últimas sufrieron violencia múltiple, referida a más de un tipo de violencia. Del total de la muestra, una de cada 10 vivió todos los tipos de violencia que fueron estudiadas (abuso sexual, violencia física, sicológica y sexual).
Respecto al interés en vincular violencia-mujeres-VIH, María Eugenia Calvin, de EPES, indicó a SEMlac: “Hay investigaciones de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que señalan la prevalencia de violencia en mujeres que viven con VIH. Estas dos pandemias se trabajan de manera separada, pero la violencia es un factor de vulnerabiliad para el VIH y viceversa”.
Fundación EPES denunció, tras la investigación, la falta de estudios oficiales que articulen las estadísticas de violencia de género con la feminización del VIH, y la falta de programas y campañas dirigidas especialmente a las mujeres.
“La experiencia de violencia hace que una mujer no pueda imponer medidas de prevención, no puede controlar el uso del condón y por lo tanto viven relaciones sexuales no siempre consentidas”, señaló María Eugenia.
Al mismo tiempo, la especialista indicó que, además, las mujeres viven el VIH con mucha discriminación, porque se asume que son “poco castas, prostitutas o tuvieron muchas parejas”.
Cáncer
El cáncer de mamas ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer en Chile y provoca el fallecimiento de unas 2.000 mujeres al año por esta causa.
De las 10 primeras causas de mortalidad femenina en Chile entre los 20 y los 44 años, se encuentra en cuarto lugar el cáncer de mamas, en quinto el de cuello uterino y en el décimo el de ovarios. Entre las mujeres de 45 a 66 años, el tumor de mamas avanza hasta el tercer lugar de todas las causas de mortalidad femenina en Chile, según datos del MINSAL.
Por ello, en 2009 el colectivo “Memoria Feminista” inició una campaña que tiene por objetivo reunir firmas para exigir vacunas gratuitas en los centros de salud para prevenir el cáncer uterino producido por el virus papiloma humano (VPH).
En algunos países como España y México, esta vacuna se distribuye gratuitamente a las mujeres. En cambio, en Chile solo está disponible en clínicas privadas y tiene un costo que asciende a los 600 dólares estadounidenses, por lo que mujeres sin recursos económicos no pueden acceder a la prevención de esta enfermedad por esa vía.
Los derechos que no son
Para Adriana Gómez, coordinadora de Comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC), “el impacto de la penalización absoluta del aborto, las restricciones de acceso a la anticoncepción de emergencia, el discurso fundamentalista que permea las políticas públicas del área, el discurso pronatalista del gobierno de derecha, la estigmatización y restricción de la sexualidad adolescente, recaen con especial fuerza en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres y las más jóvenes”, señaló a SEMlac.
Desde su propia experiencia de vida, Karen Espíndola comparte la visión de una iglesia católica demasiado entrometida en la vida sexual de las mujeres en Chile: “Como dije anteriormente, yo respeto todas las creencias religiosas; se debe dejar fuera los argumentos religiosos para imponer conductas, entender que el debate sobre el aborto terapéutico no se trata de un asunto maniqueo: de buenos versus malos; de personas pro vida versus personas anti-vida”, señaló.
“En efecto, lo esencial para abrir un debate, con altura de miras, es saber que ambas posturas pueden perfectamente fundarse en el amor. La diferencia es que el amor se observa desde distintos prismas. Precisamente por eso, creo que debe ser una opción”, añadió.
RSMLAC lanzará en 2011, como cada año, la Campaña Permanente por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Mujeres y Niñas, en conmemoración del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
La coordinadora de comunicaciones señala que la campaña “pretende constituirse en un proceso continuo y sostenido, y articulado con todas las organizaciones de nuestra membresía, para lograr transformaciones estructurales que permitan mejorar sustancialmente la vida de mujeres y niñas”.
| RECUADRO Estadísticas: | ||
| Mortalidad materna 41 mujeres tasa de 16,5 (por 100.000 habs) (MINSAL 2008) | ||
| Mortalidad por aborto 5 mujeres tasa de 2,0 (por 100.000 habs) (MINSAL 2008) | ||
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Entre las 10 principales causas mortalidad mujeres se encuentra el cáncer de mama, cuello del útero y ovarios. (MINSAL 2008) |
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| En promedio una mujer muere semanalmente por feminicidio (Red contra la Violencia Doméstica y Sexual 2009) | ||
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El 2007 el sistema público atendió 23.000 casos de complicaciones por aborto provocado, detectando que por cada 100 partos se producen 14 abortos (MINSAL 2007) |
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| El 87 por ciento de los pacientes por depresión en el sistema e atención primaria corresponde a mujeres (OPS/OMS 2007) | ||
| Por cada vasectomía se producen 250 esterilizaciones a mujeres | ||
| El acceso al parto sin dolor excluye a zonas con menos de 500.000 habs (Humanas 2009) |
Colombia: La violencia tiene cara de mujer, pero la recuperación también
Por Ángela Castellanos Aranguren
Bogotá, agosto (Especial de SEMlac).- Como consecuencia del conflicto armado que vive Colombia desde hace 50 años, las mujeres son las más afectadas por diferentes formas de violencia, pero a la vez son las que más participan en los procesos de ayuda a las víctimas de hechos traumáticos.
Aunque según la fuente que se utilice difiere el número de personas en situación de desplazamiento, se calcula que no menos de cuatro millones 300.000 personas se han visto obligadas a abandonar su tierra por amenazas o como única forma de poner a salvo su vida, de las cuales más de la mitad son mujeres pobres de zonas rurales.
No obstante, las personas desplazadas no son la únicas víctimas del conflicto armado, también lo son las que han sufrido el secuestro, el asesinato de un familiar o el reclutamiento forzado de un hijo, entre tantos otros crímenes. El número de víctimas del conflicto armado se desconoce, pues muchas de ellas no han denunciado los hechos de violación de derechos humanos de que fueron objeto, particularmente las víctimas de violación sexual, en tanto que otras víctimas no están incluidas en las estadísticas de desplazamiento, pues siguen viviendo en sus tierras.
El desplazamiento forzado en sí mismo implica un trauma, pues al dejar su terruño las personas pierden también sus medios de producción (tierra y animales) y sus lazos sociales, lo cual se ve reemplazado intempestivamente por un entorno de pobreza en una ciudad que desconocen, sin protección ni trabajo.
En el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional ordenó que la atención a las mujeres desplazadas deberá estar compuesta por programas de prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria.
La agencia estatal Acción Social coordina estos programas, los cuales son ejecutados por 28 instituciones gubernamentales, entre Ministerios y Comités Territoriales departamentales, municipales y distritales.
La atención en salud está liderada por el Ministerio de la Protección Social (salud y trabajo) que ejecuta con apoyo de Pastoral Social-Cáritas Colombia, organización pionera de la atención a desplazados, la “estrategia con enfoque psicosocial para la atención y reparación de las víctimas, a través de la cual se busca mitigar el sufrimiento, brindar atención integral y diferencial y apoyarles en la reformulación de sus proyectos de vida”, según Sofía Gutiérrez, coordinadora de esta estrategia.
Esto implica ayudarles a recuperar la confianza, poder expresar lo que les sucedió, restablecer todos sus derechos y crear una nueva vida, todo ello en forma colectiva, aunque la transformación es individual.
De acuerdo con informaciones de Gutiérrez, desde 2008 a la fecha se han atendido 36 comunidades en 28 entidades territoriales y dos distritos de Colombia. Como resultado, la comunidad ha puesto en marcha 104 proyectos, entre económicos, culturales y organizativos. Además, se han formado 1.240 multiplicadores.
“Todo esto se hace en contextos de violencia -pues sigue el conflicto- y de pobreza, buscamos la inclusión social, no sólo económica sino de participación comunitaria, Por eso hacemos fortalecimiento organizativo”, aclara Gutiérrez. Las mujeres son las que más participan en los procesos de atención psicosocial y son 64 por ciento de los multiplicadores.
Salud mental y atención psicosocial
“En general, las víctimas tienen trastornos del sueño, depresión, disfunciones sexuales, gastritis, jaquecas”, asegura a SEMlac Bexi Cruz, coordinadora del área social del proyecto de atención psicosocial, que desarrolla la ONG Limpal en Cartagena de Indias, una de las ciudades que recibe más desplazadas en la región Caribe.
A diferencia de la atención en salud mental, referida a los trastornos de comportamiento y su tratamiento individual terapéutico, la atención psicosocial en contextos de conflictos bélicos implica el tratamiento de las afecciones emocionales que sufren las personas como consecuencia de violaciones de sus derechos y que atañen a una comunidad.
“Les pregunto qué es lo que les duele cuando recuerdan los hechos violentos. Muchas responden: el vientre. Y es que a muchas mujeres les mataron sus hijos. Les duele la espalda, y es que cargan muchas insatisfacciones, muchos dolores y también muchas necesidades. Les duele la cabeza: y es que no paran de pensar, de estar preocupadas”, explica a SEMlac Sofía Gutiérrez, funcionaria del Ministerio de la Protección Social a cargo de un programa de atención psicosocial para víctimas del conflicto armado.
“Además las mujeres tienen lesiones físicas producto de la violencia sexual, como infecciones urinarias y problemas ginecológicos derivados de abortos que se hicieron para interrumpir embarazos producto de violaciones”, afirmó a SEMlac Ivonne Wilches, psicóloga y diplomada de la Escuela de Estudios de Género, quien ha trabajado en atención psicosocial.
Como resultado del abuso sexual violento perpetrado por los grupos armados en conflicto, 26.453 mujeres resultaron embarazadas.
“Algunos grupos armados han usado, como estrategia militar, involucrarse afectivamente con mujeres civiles y tener hijos, especialmente con población indígena y afrodescendiente, lo que genera rupturas sociales; al no estar unida la comunidad, esta se hace más vulnerable”, asegura Andrea Guana, encargada del área psicosocial de la Corporación Avre, ONG especializada en brindar apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas del conflicto armado, a fin de que reconozcan sus derechos y estén en capacidad de exigirlos.
De la misma manera que los impactos del conflicto armado son diferentes para mujeres y hombres, también son diferentes entre las mujeres, según su edad.
“Las adultas presentan actitudes más desesperadas y apatía hacia los procesos organizativos, pero después de que se recuperan, superan el duelo y reconstruyen su identidad -que se ha roto con el desarraigo-, participan activamente en estos procesos”, asegura Andrés Bastidas, director de la Corporación Avre.
“Las mujeres víctimas de edad media se vinculan a organizaciones con más rapidez, pero su participación se da mayoritariamente en roles tradicionalmente femeninos, en tanto que las jóvenes, si bien participan, también optan por otros proyectos, e incluso algunas se involucran afectivamente con algún actor armado, para asegurar protección, aunque ello las convierta en blanco de otro grupo armado”, agrega Bastidas.
Según testimonios conocidos por la psicóloga Guana, las colombianas violadas temen denunciar, pues si lo hacen reciben represalias contra ellas y sus familias. Como consecuencia, se sienten doblemente culpables, primero por ser violadas -pues es el único delito en el que se presume que la víctima es la incitadora del delito- y luego por el desquite de los agresores. “Para que haya salud mental, tiene que haber procesos de justicia”, concluye.
Como comentó Wilches, a veces, las víctimas se hacen más fuertes porque desarrollan sus potencialidades, y esto es especialmente visible en las miles de colombianas que siguen adelante, secan el llanto, crean empresas y van a los tribunales a denunciar los hechos y a exigir justicia, reparación, restitución de sus tierras, indemnización y garantías de no repetición. Hoy existen unas 1.000 organizaciones, entre nacionales, regionales y locales, conformadas por personas desplazadas.
Mujeres en medio del conflicto
A la situación de desplazamiento se agregan otros hechos traumáticos que sufren las mujeres, como la violación, la esclavitud (servidumbre obligada), el asesinato de sus hijos y el abuso sexual de sus hijas, por parte de los actores armados. En no pocas ocasiones, todas estas formas de violencia las sufre una misma mujer.
Una de ellas es C.A., una colombiana de 32 años que vivía de la agricultura en uno de los municipios con presencia de grupos armados en conflicto. “Fui violada, sufrí cuatro desplazamientos, el asesinato de mi hermano, un secuestro por los paramilitares, donde me obligaban a servirles y me amenazaban. Allí vi cómo ’empalaban’ (violación con palos) a otras mujeres hasta morir desangradas”, relató a SEMlac, sin asomo de emoción alguna, mientras cambiaba el pañal a su hija.
Luego agregó: “He recibido apoyo psicológico de la organización Tierra de Hombres, pero dicen que necesito una atención más profunda”.
“Las mujeres quedan derrumbadas, su autoestima queda devastada, se afecta su sexualidad, pierden confianza en los demás y en sí mismas. Los intentos de suicidio son mucho más frecuentes de lo que se cree. Yo he escuchado testimonios de mujeres que han intentado quitarse la vida con veneno para ratones, que toman ellas y también le dan a sus hijos”, afirmó Wilches.
Entre 2001 a 2009, seis mujeres en promedio fueron víctimas de violencia sexual cada hora en el marco del conflicto armado, según reveló la encuesta de prevalencia que, sobre el tema, realizó la ONG Oxfam conjuntamente con nueve organizaciones de derechos humanos y de mujeres de Colombia.
Además de la violación carnal, las colombianas han sido víctimas de otras formas de violencia sexual tales como esterilización y acoso sexual, así como prostitución, aborto y servicios domésticos forzados.
“Generalmente, cuando una mujer dice que se fue a cocinar a un campamento (de alguno de los grupos armados ilegales) se sabe que también implicaba tener relaciones sexuales”, comentó la psicóloga Wilches.
“Hay dos características de este conflicto que se vuelven en contra de las mujeres: una, que no tenemos postconflicto, que no ha habido negociación, ni solución de la guerra, ni desmovilización efectiva, ni transición. Las mujeres deben convivir con sus agresores, los diferentes actores armados que siguen actuando en los territorios, imponiendo sus normas, manteniendo sus amenazas”, explicó Wilches.
“Y la otra: la militarización de la vida cotidiana, la intromisión de actores armados en el mundo social y político del país. La legitimación que se ha hecho de la guerra hace que las mujeres perciban que, al denunciar ante un organismo estatal, lo hacen ante aquellos que también representan a sus agresores” añadió.
“El mismo Estado que no las protegió, que omitió su deber y su responsabilidad de garantizarles sus derechos fundamentales, que en el caso de los paramilitares propició su creación y fortalecimiento, que actuó en complicidad con ellos, debe recibir sus denuncias, como si se juzgara a sí mismo. Y esto no da confianza”, sentenció Wilches. La investigación de OXFAM “Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del conflicto Armado Colombiano” concluyó que la prevalencia de este tipo de violencia fue de 17,58 por ciento en 407 municipios, con presencia de Fuerzas Armadas de Colombia, guerrilla y paramilitares.
Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorio en disputa y botín de guerra para los grupos en conflicto, ya que a través de la violencia sexual se genera terror en las comunidades y se facilita el control militar, al tiempo que es un medio para cobrar venganza.
“A mi esposo lo asesinaron delante de mí, tengo un hijo desaparecido, ellos se lo llevaron. A mí me violaron y a mis dos hijas. Mi nieto mayor es producto de esas violaciones. Tuvimos que desplazarnos, dejar todo: las cosas, los animales, la casita, todo. Nos vinimos con lo que teníamos puesto. A pesar de tanto tiempo, sigo con hemorragias y me duele, pero tengo que trabajar para poder comer, aunque a veces también pasamos hambre”, relata una mujer del grupo de autoayuda de la organización no gubernamental (ONG) Sisma Mujer.
Se estima que actualmente puede haber cerca de 300 ONG que brindan acompañamiento jurídico y psicosocial a la población desplazada. Pero esto no siempre fue así. La crisis humanitaria producto del desplazamiento forzado fue inicialmente advertida y atendida por el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombia a mediados de la pasada década del ochenta, a la que le siguieron organizaciones no gubernamentales, como CODHES y luego muchas otras organizaciones de la sociedad civil. En 1999, el gobierno aprobó el Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado, y en 2001 promulgó la Distribución Presupuestal Sectorial para el cumplimiento de dicho plan.
No obstante, el plan no mitigó el desplazamiento forzado, ni alivió la crisis humanitaria. En 1997, el Parlamento aprobó la Ley 387, que daba el marco de referencia para la atención, protección, consolidación y estabilización económica de las personas desplazadas.
Sin embargo, la vulneración de los derechos consagrados a la población desplazada generó que ésta se organizara e interpusiera miles de medidas judiciales para exigir el respeto a sus derechos. Como consecuencia, la Corte Constitucional profirió en 2004 la sentencia T-025, a través de la cual declaró un “Estado de Cosas Inconstitucionales” ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianas y colombianos víctimas de desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 y los recursos financieros destinados para tal efecto.
Esta sentencia ordenó la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y estableció un proceso de seguimiento en el que participan tanto el gobierno nacional, los organismos de control (Contralorías), las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de la población desplazada y las organizaciones de derechos humanos.
Tras cerca de 600 de querellas judiciales y foros de las organizaciones de mujeres desplazadas que pusieron en evidencia los crímenes de género, en 2008, la Corte Constitucional dictó el Auto 092, mediante el cual ordenó al Estado investigar las violaciones de derechos humanos cometidas específicamente contra las mujeres en el marco del conflicto armado y atender a las colombianas desplazadas.
Actualmente cursa en el Parlamento el proyecto de ley para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la restitución de sus tierras, que establece atención preferencial a las mujeres. Se trata de una ley mucho más amplia, pues recoge a todas las víctimas, no sólo a las personas desplazadas, e integra el tema de la devolución de las propiedades de las cuales fueron despojadas.
| RECUADRO Otros saldos en la vida de las mujeres |
| Del total de embarazos en el país, 19,5 por ciento ocurre en adolescentes, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 (ENDS) |
| El uso de métodos anticonceptivos en Colombia aumentó en 13 puntos porcentuales entre 1990 (66%) y 2010 (79%). |
| De 1.100.660 alumnos matriculados en el nivel de preescolar, 51,4 por ciento son hombres. Esta misma composición de la matrícula por sexo se presenta en el nivel básico de enseñanza primaria, debido a que 51,6 por ciento pertenece al sexo masculino. Por el contrario, 51,3 por ciento de la matrícula en Básica Secundaria y Media de 2009 son mujeres. (Fuente: Departamento Nacional de Estadística, DANE) |
| De acuerdo a estadísticas de la CEPAL, en Colombia la tasa de mortalidad materna es de 130 por cada 100.000 nacidos vivos. Un nivel muy alto, en un país que atiende más del 95 por ciento de los partos en instituciones de salud y donde 92 por ciento de las mujeres recibe atención prenatal, según la ENDS, de 2010. |
| Según datos del DANE, la tasa global de participación laboral a nivel nacional fue de 62,3 por ciento entre marzo y mayo de 2010, y desagregada por sexos, 73,7 por ciento corresponde a hombres y 51,5 por ciento a mujeres. Colombia era líder en América Latina en términos de participación laboral femenina, pero poco a poco el país ha perdido este logro. |
| Cada tres horas muere una mujer en Colombia como consecuencia del cáncer de cuello uterino y 61 por ciento se practica una citología anualmente, según la Encuesta nacional de Demografía y Salud |
| En “Costos de Implementar el Plan de Acción de Salud Sexual y Reproductiva (PASSR) en Colombia”, publicado en 2004, se calcula el número de abortos clandestinos y se estima en un rango que oscila entre 140.000 y 360.000 al año, mientras que para el Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe, si se hace un cálculo tomando como referencia la tasa de uso de anticonceptivos, el número de abortos para 2005 sería aproximadamente de 65.000. |
| En Colombia, anualmente 6.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno y unas 2.500 mueren como resultado de esta enfermedad, según la Liga Colombiana contra el Cáncer. La tasa de cáncer de mama es de 33 por cada 100.000. |
| La proporción de hombres seropositivos al VIH respecto a mujeres pasó en Colombia de 11,2 a 2,8 entre 1985 y 2004, lo que evidencia la tendencia hacia la feminización de la enfermedad. Se estima que habría unas 171.500 personas entre 15 y 49 años con VIH/sida, es decir, una prevalencia de 0,7 por ciento, según datos del Nacional de Respuesta al VIH-sida 2008 -2011. |
| El 40 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años dijo haberse realizado la prueba para detectar el VIH. |
Guatemala: Las mujeres siguen muriendo
Por Alba Trejo
Guatemala, agosto (Especial de SEMlac).- Nada ha cambiado: en 2000, el informe “Línea basal de Mortalidad Materno Infantil” aseguraba que más de la mitad de las muertes maternas en Guatemala se debía a sangrado excesivo, infecciones, hipertensión inducida por el embarazo y abortos inseguros, y que la mayoría de las muertes por gestación ocurrían en el hogar.
Una década después, el documento no ha perdido vigencia. En esta nación centroamericana, la maternidad sigue siendo sinónimo de temor, de incertidumbre, de muerte.
Aquí las mujeres gestan al filo de la muerte, y las hemorragias, las infecciones y el aborto persisten como las tres grandes causantes que arrebatan la vida a por lo menos 153 madres por cada 100.000 niños nacidos vivos.
El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), creado para monitorear los principales lugares del país donde hay más muertes por embarazos, da cuenta de que 52 por ciento de las muertes maternas sucede el mismo día del parto y que todavía hay lugares donde dejan de existir 266 mujeres por complicaciones en el parto.Silvia Palma, viceministra de Salud, admite que todavía, entre las causas principales, la hemorragia arrebata el último halo de vida a 53 por ciento de las gestantes y las infecciones interrumpen la existencia de 14 por ciento de estas víctimas.
Palma ve en la edad otro factor que, más recientemente, contribuye a la mortalidad materno-infantil. Y lo ejemplifica con datos: el año pasado fueron atendidos 45.000 partos a mujeres entre los 10 y 16 años, algo que considera alarmante porque los cuerpos no están preparados para dar a luz a esa edad.
Añadió que hace unos años se inició la capacitación de las comadronas, pues 43 por ciento de las mujeres que fallecieron fueron atendidas por las parteras.
Esa preparación consiste en información acerca de cómo detectar, durante el embarazo, las señales de edema en manos y cara, hemorragia, feto en mala posición, ruptura prematura de membranas, trabajo de parto prematuro y cesárea previa, así como aprender qué hacer en el caso de un parto prolongado, dolor de estómago y flujo con mal olor en el posparto.
“Las cifras nos muestran el perfil de la mortalidad materno infantil como un asunto de emergencia”, asegura Edwin Rodríguez, asesor del área de salud sexual y reproductiva del Hospital Rooseevelt, mientras Wagner Figueroa, médico de la asociación de Ginecología y Obstetricia, añade que los nacimientos también son constantes en madres que han traspasado los 45 años de edad, lo que igualmente implica un gran riesgo.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que, después de Haití y Guyana, Guatemala es el tercer país donde más mujeres mueren al tratar de dar a luz.
En la búsqueda de una respuesta más acertada al problema, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Ludwin Ovalle, ve en la educación un factor determinante que ocasiona la mortalidad materno-infantil.
Ovalle se refiere, principalmente, a las mujeres descendientes mayas, que conforman 60 por ciento de los 14 millones de habitantes. Por cada 10 hombres, solo dos mujeres indígenas acuden a las escuelas y aún así no terminan la primaria.
Eso las predispone a iniciar relaciones sexuales a temprana edad, a que ocurra la primera unión y, con ello, el nacimiento del primer hijo, antes de los 17 años, dice Ovalle.
Pero Carmen Cáceres, de Convergencia de Mujeres, llama a ello opresión, porque -según dice- todavía hay lugares en el país, en el área indígena, donde las guatemaltecas no tienen voz ni voto en la vida sexual y reproductiva, y para que ellas reciban uno de los métodos anticonceptivos deben llevar un documento de autorización del esposo.
La tasa de mortalidad materna para este grupo es de 211 muertes por cada 100.000 nacimientos, índice que en el grupo no indígena es de 70 por cada 100.000 nacimientos, según el informe Línea Basal de Mortalidad Materna.
De ahí que, también, el estudio “Estado de las Madres del Mundo en 2010”, presentado por Save The Children, describa una Guatemala donde tener hijos es poner en riesgo la vida.
De acuerdo con los datos considerados en ese análisis, una de cada 71 mujeres en esta nación podría morir en el parto. El nivel de atención calificada también es bajo, porque solamente 41 por ciento de las embarazadas es atendida en centros de salud, indica Amílcar Ordoñez, director del organismo para Guatemala.
En la lista, que incluye a 43 países desarrollados y 117 en desarrollo, la organización tuvo en consideración aspectos relacionados con niveles educacionales, políticos, económicos y de salud de las madres.
El ministro Ovalle reconoce que en Guatemala solo cuatro de cada 10 nacimientos son atendidos por médicos y enfermeras, y esas mujeres que llegan a los hospitales son las que tienen un nivel educativo de secundaria. Agrega que sólo 21,8 por ciento de las mujeres sin educación acudió al médico a recibir asistencia durante su embarazo, el restante 62,2 por ciento buscó a las comadronas.Mirna Montenegro, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, expresa que, pese a los avances en materia legal, el país presenta una de las tasas de fecundidad más alta en Centroamérica y una de las mayores de toda Latinoamérica.
En 2002, el tamaño promedio de la familia para Centroamérica bajó significativamente a 2,9 hijos por mujer en toda su vida, pero en el caso de Guatemala este promedio fue de 4,4 hijos por mujer, para ese mismo año.
Las indígenas tienen un tamaño promedio de familia significativamente más grande: 6,1 hijos, en comparación a las no indígenas, que es de 3,7 hijos, destaca la doctora.
Según reporta el estudio del Instituto Guttmacher “Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala, causas y consecuencias”, publicado en 2006, un programa de vigilancia de muerte materna realizado recientemente en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, encontró que, entre 1993 y 1996, el 10 por ciento del total de muertes entre mujeres de 15 a 49 años estaba relacionado con el embarazo o el parto.
Del total de esas muertes, 25 por ciento fue debido a infección y, de ellas, 32 por ciento estaba asociado al aborto inducido o espontáneo, algo que no ha variado mucho al día de hoy, confirma Edwin Rodríguez, asesor del Ministerio de Salud.
Este conjunto de indicadores lleva al otro tema fundamental dentro de la salud reproductiva: el aborto. Guatemala registra una tasa de 65.000 abortos ilegales al año, y en ese mismo período 70 mujeres mueren por prácticas de interrupción inseguras.
La religión influye, a juicio de María Eugenia Villareal, de ECPAT-Guatemala, porque este es un país donde el 50 por ciento de la población se reconoce católica, 40 por ciento como cristiano-evangélica y el 10 por ciento restante se divide en otras prácticas religiosas.
Edilzar Castro, de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), comenta que, en la actualidad, una proporción mayor de mujeres usa algún tipo de anticonceptivo en comparación con 15 años atrás, pero la brecha entre los hijos nacidos y los deseados no se ha frenado.
Castro comenta que esto se debe a que los patrones culturales no permiten a la mujer expresar el deseo de tener determinado número de hijos. Principalmente en el área indígena, donde los anticonceptivos son mal vistos porque los hombres los vinculan a la infidelidad.
En este país el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha planteado que el rango de edad fértil es entre los 15 a 54 años; sin embargo, aquí se empieza a tener hijos desde los 10 años.
Alma Chacón, defensora de los derechos reproductivos de las mujeres, considera urgente promover la contra concepción de emergencia.“Pero que la mujer se esterilice en las regiones indígenas significa para sus maridos una muestra de infidelidad”, destaca Castro, de APROFAM. “Y también acudir con un médico para colocarse un método intrauterino atenta contra su reputación”, precisa José Israel Contreras, ginecólogo especialista en cáncer de mama, quien laboró en el departamento de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud.
En su informe presentado en enero de 2011, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos relacionado con Guatemala manifestó preocupación por el número de partos de niñas entre 10 y 14 años de edad, que en 2010 se elevó a 1.086 casos más. En su informe señala, además, que no se ha cumplido la recomendación del Comité de Derechos Humanos de tomar medidas para garantizar el derecho a la vida de las embarazadas que deciden interrumpir su embarazo.
El estudio de línea basal de mortalidad materna realizado por el Ministerio de Salud Pública muestra que el aborto inseguro es un factor que contribuye a la mortalidad materna. Y prevé que 10 de cada 1.000 mujeres en edad reproductiva serán atendidas cada año en las instituciones de salud oficiales por complicaciones relacionadas con el aborto inducido o espontáneo.
En cuanto al estatus laboral, 32 por ciento de las mujeres que practican un aborto son estudiantes, 26 por ciento son amas de casa y 25 por ciento clasifica como otras trabajadoras.
Para Rodríguez, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, sigue siendo inconcebible que, a tres años de tratar de cumplir las metas del Milenio para reducir los índices de mortalidad de 153 a 55 fallecimientos, aún cinco de cada 10 madres pierdan la vida en el hogar, y cuatro de cada 10 dejen de existir en un hospital o clínica por intentar tener un hijo.
| RECUADRO Situación general de las guatemaltecas |
| En Guatemala, más del 52 por ciento de sus 14 millones de habitantes son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística. Eso significa que por cada 100 mujeres hay 95 hombres. |
| En este país de América Central, dos de cada tres guatemaltecas son analfabetas, señalan datos del ministerio de Educación. |
| La Oficina Panamericana de la Salud, en su informe “Estrategia de Cooperación con el País 2006-2010”, estipula que el cáncer cérvico uterino es uno de los principales males que arrebata la vida a las mujeres en este país. |
| La doctora Silvia Palma, viceministra de hospitales nacionales, destaca que al menos 12 casos de cáncer de cérvix se diagnostican a diario en Guatemala. |
| El Ministerio de Salud señala que los principales problemas de salud en la mujer son de índole sexual y reproductiva y que la prevalencia del VIH entre las de 15 y 24 años de edad es de 0,46 por cada 100.000 mujeres. |
| En el tema laboral, el Ministerio de Trabajo reporta que 30 por ciento de la fuerza laboral en Guatemala son mujeres, en total cuatro millones 260.000 guatemaltecas. |
| La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público denunció que en 2010 se presentaron 17.000 denuncias de violencia contra la mujer |
| En cuanto a niveles de representación política a nivel nacional, no hay una sola mujer dirigiendo los Ministerios de Estado, solo ocho diputadas ocupan una curul de las 158 existentes, y siete de los 22 cargos para gobernadores los ocupan mujeres, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. |
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El gobierno de Guatemala no ha aprobado el Proyecto de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se establecen las cuotas de participación para las mujeres; la Ley contra el Acoso Sexual; los cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, que contemplan actualmente, entre otros aspectos, la exención de la responsabilidad penal del agresor si contrae matrimonio con la agredida después de una violación, o si resuelve bajo el pago de cantidades ínfimas su responsabilidad legal. Tampoco la Ley de Consejos de Desarrollo, que constituye un ámbito de gran importancia para que participen las mujeres en el poder local. |
México: Violencia y criminalización del aborto, agresión contra las mujeres
Por Soledad Jarquín
México, agosto (Especial de SEMlac).- Dos fenómenos han marcado de forma negativa durante los últimos años la vida, la libertad y los derechos de las mujeres: la violencia que se generaliza en el país y las modificaciones legislativas encaminadas a criminalizar el aborto, con lo cual excluye que se trata de un problema de salud pública y de justicia social.
Ambas cuestiones son hoy el motivo de preocupación de las feministas y centran las tareas de los movimientos de mujeres.
La guerra contra la delincuencia arrebató condiciones fundamentales para la salud: la tranquilidad, la paz y la libertad, considerando que para la OMS “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
El llamado “daño colateral” ha cobrado la vida de más de 1.000 mujeres en sólo cuatro años y otras muchas viven secuelas de las agresiones. En el norteño estado de Chihuahua la tasa de asesinatos por cada 100.000 mujeres pasó de 3,6 a 13,1 entre 2005 y 2009. El incremento fue 361por ciento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las otras entidades que reportan las más altas tasas de feminicidio son Baja California y Guerrero, donde se incrementaron de manera abrupta al pasar de 2,5 a 10,11 y 2,53 a 10,07, en el mismo período, respectivamente. Peligrosas para las mujeres, por el “daño colateral” que provoca la guerra contra el narcotráfico en México, son también Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Aunque el fenómeno está presente en las 32 entidades; ciudades importantes se han convertido en escenario peligroso para ellas. Los ejemplos de esa violencia no siempre alcanzan los medios de comunicación, como sucede en la capital de Nuevo León o de Jalisco, donde so pretexto de esa guerra se asalta, secuestra, viola y asesina a las jóvenes en las calles, las universidades y en centros de ocio.
Por otro lado, entre 2008 Y 2010, congresos de 16 estados del país siguieron el ejemplo adoptado en Chihuahua desde 1994, al aprobar reformas constitucionales que reconocieron el derecho a la vida desde la concepción y/o fecundación. Es decir, se elevó a rango constitucional el derecho a la vida antes del nacimiento, violentando las garantías de las mujeres establecidas por la Constitución Mexicana y tratados internacionales ratificados por la nación.
Ello provocó que, el pasado mes de marzo, se expusieran las violaciones al derecho de las mujeres en una audiencia especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en abril, también se denunció este retroceso en la 44 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo sobre el tema de “Fertilidad, salud reproductiva y desarrollo” por la organización Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Así, mientras en el Distrito Federal hace cuatro años se despenalizó el aborto hasta la semana número 12, en Chiapas, Veracruz, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Campeche, Colima, Puebla, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca se constriñen las posibilidades, aun cuando en algunos casos quedaron “a salvo” las excepciones punitivas, como es el caso de aborto por violación.
El 28 de marzo pasado, en la CIDH, Vanessa Coria, del Grupo de Información en Reproducción Elegida de México, planteó ante los comisionados que “una de las principales y más graves consecuencias de la penalización del aborto es la morbi-mortalidad materna, a pesar de ser una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto inseguro provoca el 11 por ciento de las muertes de mujeres en América Latina y el Caribe, en tanto que en México es -de acuerdo con la Secretaría de Salud- la cuarta causa de muerte materna. En promedio, dice la diputada Enoé Uranga, la razón de muerte materna entre los años 2002 y 2009 fue de 60 por cada 100.000 nacidos vivos y tiene una relación directa con la pobreza, de ahí que se concentre en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Chiapas, el llamado sur de la República mexicana, con excepción de Chihuahua.
La representante mexicana refirió que las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, presentan el doble de probabilidad de morir a causa de complicaciones durante el embarazo que las mujeres entre los 20 y 24 años, mientras las menores de 15 años presentan cuatro veces más esta probabilidad.
Las cifras de embarazo adolescente, de acuerdo con el Censo de Población 2010, revelan que 16 entidades están en la media o por arriba de la media nacional (18,3%), siendo Chihuahua, Nayarit y Baja California las entidades que reportan mayores porcentajes con 22,8, 21,6 y 20,7, respectivamente.
Pese a que tanto el embarazo adolescente como el aborto son problemas de salud pública, como lo reconocen los organismos internacionales, en Baja California y Guanajuato criminalizaron esta práctica como “homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”.
Ambos estados contravienen lo que determina el Código Federal Penal, “que es el piso jurídico respecto a la legislación en los estados, que contempla tres excepciones de no punibilidad del aborto: por imprudencia de la mujer embarazada, por violación y cuando la vida de la mujer corra peligro de muerte”, señala la abogada Bárbara García Chávez1 , quien fuera concejala de Equidad y Género de Oaxaca.
En el caso de Baja California, se trata del artículo 127 del Código Penal y señala parentesco consanguíneo: “al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, o a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá de 20 a 50 años de prisión”.
En Guanajuato, desde 2001 se endurecieron los castigos hasta con 35 años de cárcel a quienes matan a sus hijos o padres. El Código Penal establece en el artículo 156 el homicidio en razón de parentesco o familiar: “A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de 25 a 35 y de 200 a 300 días multa”.
De ahí que, en ambas entidades, existan casos de mujeres sentenciadas a más de 20 años de prisión. Sin embargo, el aborto que es la muerte del feto -de forma provocada o imprudencial- antes del nacimiento, nada tiene que ver con el homicidio en razón de parentesco que, en realidad, es la muerte de una persona ya nacida.
En tanto, la diputada federal Enoé Uranga Muñoz, exigió al gobernador de Baja California, José Guadalupe Ozuna Millán, de extracción panista, respetar los derechos humanos de las mujeres y pidió decretar la excarcelación de Leslie Karina Díaz Zamora y de todas aquellas encarceladas “por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo”.
En el reconocimiento de que el embarazo forzado es violencia contra las mujeres, la diputada Uranga Muñoz demandó reformar el artículo séptimo de la Constitución de esa entidad “por ser una clara vulneración al derecho a la vida de las mujeres y al principio de igualdad y de no discriminación”.2
El caso de Leslie y otras bajacalifornianas, poblanas y siete guanajuatenses fue expuesto ante la CIDH, de la misma forma en que la situación de Paulina Ramírez, quien con apenas 13 años fue violada por un drogadicto la noche del 31 de julio de 1999, en presencia de sus dos sobrinos y su hermana, cuando el hombre ingresó al hogar de ésta para robar.
Al mes, la niña y su familia descubrieron que quedó embarazada producto de esa violación e intentan ejercer su derecho a abortar, puesto que en México esta práctica no está penalizada cuando se trata de este tipo de abuso o la vida de la madre esta en riesgo. El gobierno le negó ese derecho, pero después de una enorme movilización, se comprometió a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el estado de Guanajuato -revela el informe presentado en marzo pasado durante la audiencia temática Derechos Reproductivos de las Mujeres en América Latina y el Caribe ante la CIDH- el Centro Las Libres documentó la situación de siete mujeres recluidas por “Homicidio en Razón de parentesco en agravio de un producto en gestación” que presentaban patrones similares. Una de ellas estaba sentenciada con la pena máxima de 30 años de prisión.
En la 44 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, expuso que a 17 años de la inclusión de los conceptos de salud reproductiva y derechos reproductivos, como parte de los compromisos y estrategia para promover el desarrollo sustentable y reducir la pobreza, dentro de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, todavía son una meta por alcanzar y tiene implicaciones directas negativas en la vida de las mujeres.
Romero recordó que, sin la instrumentación de políticas y programas para promover los derechos y la salud sexual y reproductiva -que no sólo incluye la aplicación técnica sino también la inversión presupuestal apropiada- la población se enfrenta a situaciones que ponen en peligro su bienestar físico, mental y social e incrementan la pobreza.
Tal es el caso del aborto inseguro. Por la falta de una legislación adecuada, las mujeres y sobre todo las más pobres, son prácticamente obligadas a poner en peligro su salud y sus vidas, añadió Romero.
En entrevista con SEMlac, feministas que radican en la capital mexicana, Chiapas y Oaxaca coincidieron en que el problema del aborto es un asunto de salud pública y de justicia social que debe ser despenalizado.
María Luisa Sánchez Fuentes3, ex directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que mantener el aborto como un asunto penal es anticonstitucional y, a la vez, una asignatura pendiente con la sociedad que está en las manos de quienes toman las decisiones, ya que representa un acto de violencia reproductiva.
Desde Oaxaca, la codirectora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández Cárdenas4, señaló que penalizar el aborto genera mayor desigualdad social, porque no todas las ciudadanas tienen medios para realizarse un aborto seguro, con consecuencias malas para la salud y riesgo de muerte.
Martha Figueroa5, del Colectivo Mujeres de Chiapas, dijo que corresponde a las mujeres tomar la decisión de abortar. “Es nuestro cuerpo y se debe despenalizar”, remarcó.
Ejemplificó que “en el caso de Acteal (asesinato de indígenas en diciembre de 1997), hubo cuatro productos viables de siete y ocho meses de embarazo que no se contabilizaron como víctimas y la iglesia católica no dijo nada de esas cuatro víctimas… su posición se contrapone a esa política de proteger la vida”, por lo que – insistió- considero que la postura de penalizar el aborto resulta absurda y moralista.
A su vez, Alma Luz Beltrán y Puga6, ex becaria en la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, afirmó que las 17 reformas para proteger la vida desde la concepción, son altamente preocupantes porque desconocen los derechos fundamentales de las mujeres ya reconocidos en los tratados internacionales.
De acuerdo con Sánchez Fuentes, fueron una reacción a la despenalización del aborto en la ciudad de México, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ocurrió el 28 de agosto de 2008 y que el Grupo de Información en Reproducción Elegida considera que “…Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México”.
En diciembre de 2009 nació el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, convocado por Feministas Socialistas. Julia Escalante, de IPAS, relata que durante el 2010 realizaron movilizaciones mensuales en las representaciones de los 17 estados que ya habían aprobado reformas constitucionales otorgándole derechos al no nacido con el fin de blindar la posibilidad de despenalizar el aborto, más Chihuahua que ya había reformado su constitución desde el 1994. Este año el Pacto realizará una movilización el próximo 28 de mayo.
IPAS, como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, junto con GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia y Population Council, ha realizado acciones de cabildeo con tomadores de decisión en el marco de las reformas constitucionales.
Norma Reyes Terán7, ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, apunta que para la Red de Organizaciones Feministas, despenalizar el aborto no obliga a interrumpir el embarazo, sino que deja abierta una posibilidad, además de reconocer el derecho de las mujeres a no parir en contra de su voluntad o riesgo de su propia vida y que significaría cumplir con el deber que le compete al Estado de proteger la vida de las mujeres.
El pasado mes de abril se cumplieron cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana número 12 de gestación en el Distrito Federal, lo que ha permitido salvar la vida de más de 55.000 mujeres que tienen la posibilidad de abortar en condiciones seguras y sin riesgo.
Sin embargo, las organizaciones feministas coinciden que el camino aún es largo y que persisten las iniciativas que buscan la criminalización del aborto en todo el país. Existen, de igual forma, propuestas legislativas de la derecha como el proyecto de decreto que expide la Ley de Protección a la Salud Materna, presentada hace varias semanas, por la diputada panista Paz Gutiérrez Cortina8 y de la cual alertó la legisladora Enoé Uranga9.
Esta reforma, que aún se cabildea, reconoce que cuando el aborto no es contrario a la ley, deben realizarse en condiciones adecuadas, pero confirma la postura de la derecha en el sentido de seguir reconociendo que la maternidad se inicia en la concepción, otorgando atención médica especializada y gratuita y el apoyo necesario a través de programas asistenciales o de gobierno, con el fin de lograr pleno desarrollo y la culminación de su embarazo.
En ese sentido, Gisela Sánchez Díaz10, de la organización Salud y Género, sostiene que “no existen derechos de la mujer embarazada, sino derechos de la mujer cuando está embarazada y cuando decide no estar embarazada”.
La resistencia es permanente. La jerarquía católica de Xalapa, Veracruz, está solicitando firmas para enviar al Congreso del Estado de Veracruz, a fin de invitar a las y los integrantes del órgano legislativo “a considerar la contundencia de los argumentos científicos, jurídicos y filosóficos que establecen que la vida humana comienza desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide” y se pronuncian por la ley que despenalice o legisle el aborto en el estado de Veracruz, denunció Articulación por el Derecho a Decidir, que señala que continuará alerta ante la nueva embestida eclesiástica.
En Oaxaca, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, planteó la necesidad de despenalizar el aborto; se dieron algunas respuestas, pero volvió el silencio.
En el Congreso de esa entidad, la diputación considera que es suficiente el reconocimiento de cuatro causales de aborto e incluso la aprobación de las normas de operación del aborto por violación que en septiembre pasado realizó la pasada legislatura.
Feministas del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres prevén que la salud de las mujeres, y con ello la despenalización del aborto, será llevada al proceso electoral presidencial de 2012 con fines políticos, pero nunca para reconocer la ciudadanía de las mujeres, la jerarquía católica ni los conservadores lo van a permitirlo, como sucedió en los períodos gubernamentales de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
| Cifras; Principales causas de muerte de mujeres en 2008 |
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| Enfermedades del corazón 43.984 | |
| Enfermedades isquémicas del corazón 25.994 | |
| Diabetes mellitus 39.939 | |
| Tumores malignos 34.204 | De la mama 4.835 |
Del cuello del útero 4.036 |
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| Agresiones 1.425 | |
| Embarazo, parto y puerperio 1.108 | |
Embarazo adolescente |
8.000 menores de 14 años fueron madres en 2010 |
| 700.000 entre 15 y 19 que fueron madres el último año | |
| El estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar con 7% de embarazos | |
| Baja California Sur, Chiapas y Chihuahua alcanzan 6,9% | |
| De los 25.683 casos acumulados de mujeres con VIH/sida en México, el 93,4 por ciento (23.981) se concentra entre 14 y más de 45 años. (Fuente: CENSIDA hasta noviembre de 2010) | |
| Entre los 15 y 54 años se ubican los porcentajes más altos de homicidios con respecto al total de muertes violentas de mujeres en 2009 | Entre 35 y 39 años se ubicó el porcentaje más alto con 27,5 por ciento |
| Entre los 30 y 34 años, 26,9 por ciento | |
| De 20 a 24 años, los feminicidios alcanzaron al 26,4 por ciento |
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| De 25 a 29 años, fue de 23,9 por ciento | |
| En las mujeres los suicidios son más comunes entre los 10 y 44 años de edad. El porcentaje más alto se ubica entre los 15 y 19 años, con 22,2 por ciento 10 a 14 años de edad con el 17,4 por ciento |
10 a 14 años de edad con el 17,4 por ciento |
| 25 a 29 años con el 14,4 por ciento | |
| 30 a 34 años con el 12 por ciento | |
| 20 a 24 con el 11,7 por ciento
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| 45 a 49 años con el 11.1 por ciento | |
| 40 a 44 años con el 10 por ciento | |
| 35 a 39 años con el 9,9 por ciento del total de suicidios registrados en mujeres | |
| Fuente: INEGI, Estadística de Mortalidad | |
1 Abogada y maestra en Finanzas Púbicas por la UNAM, ex regidora de Equidad y Género del gobierno de la ciudad de Oaxaca. Conductora y productora de Mujeres en voz alta en canalgentelibre.
2 ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. (Constitución Política de Baja California)
3 María Luisa Sánchez Fuentes integra el equipo de GIRE desde sus inicios y fue directora de 2004 a marzo 2011. Feminista e integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres.
4 Ana María Hernández Cárdenas es directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres y por el derecho a decidir. Integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres.
5 Abogada y defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres. Reside en Chiapas e integrante del Colectivo de Mujeres de Chiapas. Defendió el caso de las mujeres tzeltales violadas por militares en 1994.
6.Alma Luz Beltrán Puga es abogada feminista y ex becaria de la CIDH.
7 Norma Reyes Terán feminista de la igualdad. Ex directora del Instituto de la Mujer de Oaxaca, fue diputada local y federal por el Partido de la Revolución Democrática.
8 Paz Gutiérrez Cortina es diputada federal del Partido Acción Nacional. Es integrante de las comisiones ordinarias de Cultura y Educación Pública. El pasado 30 de abril propuso crear una Fiscalía Especializada dedicada a dar atención integral a las víctimas de violencia y abuso sexual en contra de menores. En enero 2011 fue criticada por promover una iniciativa que buscaba que la publicidad relacionada con los condones se transmitiera después de las 10 de la noche, que no fuera vista por menores de 14 años y que especificara que usar preservativos no es tener “sexo seguro”.
9 Enoé Uranga Muñoz es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Activista del movimiento LGTBTTTI. Coautora y principal impulsora de la Ley de Sociedad de Convivencia, aprobada por la Asamblea del D.F. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Integrante de la Comisión de Justicia. Secretaria de la Comisión para la Familia e integrante del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
10 Gisela Sánchez Díaz es responsable del área educativa en Salud y Género A.C. Trabajando con mujeres jóvenes: empoderamiento, derechos y salud. Es integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres. Vive en Querétaro, México.
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Embestida contra el aborto legal traerá más muertes Por Alicia Yolanda Reyes |
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Las consecuencias de la embestida que a nivel nacional está dando la derecha contra el aborto legal en México, serán más abortos clandestinos y más muertes de mujeres de escasos recursos, señaló a SEMlac la abogada Ángela García Reyes11. Aunque las sanciones en los códigos penales son, en teoría, para todas aquellas que acuden a esta práctica, en realidad recaerán sobre quienes, por carecer de recursos, acuden a seudo médicos, o intentan ellas mismas terminar con el evento, tras lo cual sufren hemorragias y se ven obligadas a asistir a las clínicas del sector salud, con el riesgo de que el médico las denuncie y vayan a la cárcel, explica la jurista. Quienes poseen los recursos acuden a centros privados, marchan al extranjero o viajan a la ciudad de México, por lo que tienen la oportunidad de practicarse el aborto en condiciones de higiene adecuadas, abundó. Por su parte, Martha Villaseñor12, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y con una maestría en Ciencias de la Salud, aseveró que, en un país que fuera enteramente democrático, el que hubiera grupos de ultraderecha que manejaran una visión conservadora sobre el aborto no sería tan grave, ya que finalmente quienes se ubiquen dentro de estas tendencias podrían seguirlas o no. El problema, añadió, es cuando en los países no se tiene clara la división entre iglesia y Estado, y un sector utiliza mecanismos ilegales. Es el caso de las políticas públicas donde tenemos verdaderos problemas, señaló. No sería problema que un sector considere que el aborto no está permitido, moral o religiosamente, siempre que sus integrantes tengan la opción de seguir esa norma de manera voluntaria. La cuestión es que ese sector quiere imponer políticas públicas que abarcan a todos, porque hace que mujeres, católicas o no, que no estén de acuerdo con ese precepto, sean obligadas a seguirlo, o se arriesguen a ser castigadas, sostiene la investigadora. Otro problema, añade, es que se utilizan argumentos seudo médicos y seudo científicos, en los que se asevera que el aborto, necesariamente, tendrá consecuencias negativas para la salud de quienes se lo practican, lo cual no necesariamente tiene que ser así, dice. Cuando las mujeres se practican el aborto en condiciones insalubres, además de tener que cargar con el repudio social y familiar, están expuestas a que se les acuse de cometer un delito y se les encarcele, y eso sí deja secuelas emocionales y físicas. Ambas entrevistadas coinciden en que, si bien en Jalisco no se han dado casos de mujeres que vayan a la cárcel por abortar, en otros Estados sí ha sucedido, lo que nos habla de una política persecutoria tipo cacería de brujas. En ese sentido, García dice que le resulta alarmante la situación que se está dando en los Estados del Norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California. Y ejemplifica con el caso de una campesina presa, quien hizo este relato: “Salí y sentí dolor en la panza y fue como si me escurriera algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer en el pasto, comencé a pujar para que saliera y cuando pasé mi mano por su nariz noté que no respiraba. Esperé a que llorara, pero no lo hizo. Estaba muerto”. Pese a esas declaraciones, esta chica, que pertenece a una familia que vive en pobreza extrema, fue condenada por el asesinato de su hijo. De nada valió el testimonio de sus padres, quienes corroboraron su declaración. De acuerdo con datos recabados por la Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDSER), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010, la procuraduría de Justicia de Puebla inició 17 averiguaciones previas, incluida una contra una menor de 12 años. Del total, cuatro fueron denunciadas ante las autoridades y otras más han sido encarceladas. DDSER asevera que existen 30 casos de mujeres que esperan sentencia por esa situación. Por su parte, Adriana Jiménez13, dirigente de esa red, lamenta que en algunas entidades federativas el gobierno federal incumpla con el artículo 414 de la Constitución y de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un caso que calificó de paradigmático ocurrió en Guanajuato, donde se han iniciado 161 averiguaciones previas por el delito de aborto. En esa entidad actualmente hay 14 mujeres sujetas a un proceso penal y nueve de ellas están sentenciadas. Se trata de mujeres pobres, campesinas cuyas condenas rebasan los 25 años de cárcel. Es grave que encarcelen a las mujeres que han abortado, como ha ocurrido en Baja California y Guanajuato, donde han detenido a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, denuncia García, quien además forma parte del colectivo CLADEM. A los grupos denominados PRO VIDA debería llamárseles pro muerte, señala, ya que no les interesa en absoluto la vida ni la libertad de las mujeres, “puesto que para ellos una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo, es una pecadora y una criminal que merece ir a la cárcel”. Verónica Cruz Sánchez15, directora de la organización Las Libres, denuncia que en Guanajuato los jueces sentencian a las mujeres que abortan llevados por sus creencias personales, morales y católicas, y no desde la perspectiva de la justicia. Sobre las muertes maternas, Araceli Prieto16, presidenta del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, en Guadalajara, señala que la inequidad y la doble moral de quienes detentan el poder han contribuido a que muchas mujeres pierdan la vida durante el embarazo o el aborto, no necesariamente provocado. Sin embargo, ambas coincidieron en afirmar que, como activistas, también les importan las muertes por cáncer de mama y cérvico uterino, y las otras, que se incrementan por desnutrición crónica en las zonas y las periferias de las grandes ciudades. Asimismo, les preocupan y duelen las mujeres que mueren asesinadas y que quedan únicamente como “daños colaterales” en la llamada guerra contra el narcotráfico. En resumen, todas las especialistas entrevistadas por SEMlac aseveran que las muertes maternas, las enfermedades sexuales y la trata de mujeres tienen que ver con la falta de políticas públicas claras en los temas correspondientes, debido al desprecio del grupo del poder hacia las mujeres y su problemática. Son el reflejo de una manera de pensar, sus prejuicios y su sexismo, sentencian. |
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11 Ángela García Reyes es abogada feminista, una de las voceras de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos humanos de las mujeres (CLADEM) en Jalisco, especializada en salud sexual y salud reproductiva. Trabaja para prevenir el cáncer de mama y asesora a mujeres que han abortado.
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Nicaragua: “No cambiamos derechos por votos”
Por Sylvia R. Torres
Managua, agosto (Especial de SEMlac).- “No cambiamos derechos por votos”, se lee en la parte trasera de algunos buses de transporte colectivo en Managua, con la firma de varias organizaciones agrupadas en “El Movimiento Feminista”.
Generalmente, en las grandes contiendas públicas, ya sean guerras o elecciones, la clase política recuerda a las mujeres; bien para halagarlas con promesas, o bien usar sus derechos como moneda de cambio y atraer el apoyo de grupos de poder.
Esta es precisamente la explicación que la líder feminista Martha María Blandón1 ofrece sobre la acusación interpuesta contra nueve líderes feministas de varias redes sociales, en octubre de 2007, por una organización no gubernamental allegada al obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, por cuatro delitos graves:contra la administración de Justicia, encubrimiento de violación, asociación Ilícita para delinquir y apología del delito.
Dos años y tres meses después, en marzo de 2010, tras el reclamo de las mujeres y presiones internacionales de organizaciones de derechos humanos, la acusación fue desestimada por el Ministerio Público.
La imputación, según declararon a SEMlac en mayo de 2011 Blandón y Juanita Jiménez2, nunca debió ser admitida. Ambas líderes pertenecen al grupo de acusadas, representantes de redes de sociedad civil: Contra la violencia, Campaña 28 de septiembre, Coordinadora civil, Movimiento Autónomo de Mujeres, y Movimiento Feminista, sobre quienes pendieron amenazas de cárcel y retención migratoria.
Para Blandón, Nicaragua no escapó de la tendencia prevaleciente en América, incluyendo a Estados Unidos, de usar el tema del aborto para intentar desprestigiar a los y las políticas que favorecen el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad. “Ni el presidente Barack Obama se escapó de esta corriente, impulsada por los sectores más conservadores”, agregó Blandón a SEMlac.
Jiménez asegura que la resolución de no iniciar un proceso criminal contra las nueve mujeres fue posible “gracias a la batalla emprendida por las feministas, nacional e internacionalmente”, que logró sumar voces de repudio, incluida Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.
Para acusar a las defensoras de las mujeres en Nicaragua, los sectores conservadores usaron como precedente un emblemático caso ocurrido en 2003. En esa ocasión, feministas organizadas ayudaron a realizar un aborto terapéutico a la familia de una niña llamada por la prensa “Rosita”, de nueve años, violada y embarazada por ese hecho, supuestamente cometido por un vecino nacional de Costa Rica, donde la familia residía.
Que se tratara de una niña obligada a emigrar por la pobreza y los conflictos históricos entre estos dos países mantuvieron el caso en la prensa nacional e internacional.
Lo cierto es que, aunque entonces en ambas naciones se permitía la interrupción del embarazo por razones medicas, el procedimiento le fue negado. Las feministas declararon que habían practicado “un aborto legal, pero clandestino”, porque el Estado nicaragüense se había negado a proteger la vida de la niña, que peligraba de llevarse a término la preñez.
Los sectores conservadores, especialmente la jerarquía religiosa, iniciaron una ofensiva que terminó con la prohibición total del aborto, aun si peligra la vida de mujeres y niñas, el embarazo no es viable o es impuesto por violación o incesto.
En esta acción se confabularon los legisladores de los partidos Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Liberal y Conservador, con la excepción del Movimiento Renovador Sandinista. En la campaña electoral presidencial de 2006, el candidato de este partido, Edmundo Jarquín, se había pronunciado a favor de restituir este derecho.
En 2007, la madre de Rosita y la niña presentaron una denuncia por violación contra el padrastro, que antes había sido presentado como el padre biológico de la niña. La Red de Mujeres Contra la Violencia las acompañó en la denuncia y el juicio, en el cual el padrastro resultó culpable.
No obstante, la organización ligada a Mata presentó la denuncia por encubrimiento de violación y otros delitos, lo que, a juicio de Juanita Jiménez, era absurdo porque la Policía fue parte de las investigaciones realizadas en 2003.
“Si el Estado de Nicaragua se hubiera apegado a derecho, hubiera desestimado la denuncia porque todo lo actuado en 2003 estaba en el marco de la Ley”, coincide en expresar Martha María Blandón. No había ninguna base para la acusación y debió ser desestimada, porque tanto el Ministerio Público como la policía estuvieron involucrados en la investigación.
Las mujeres nunca recibieron copia de la denuncia y, por tanto, de las pruebas que acompañaban la denuncia, lo que les negó la posibilidad de defenderse y las dejó a merced de fuerzas para partidarias que estaban confrontadas con organizaciones de la sociedad civil.
Según Blandón, la denuncia despertó mucha solidaridad hacia las acusadas, de manera que personas honorables de la sociedad nicaragüense, como los doctores Carlos Tunermann, Vilma Núñez, Francisco Báez, en total de unas 20, hicieron que la coerción no se profundizara.
Organismos internacionales como Human Rights Wacht, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hicieron llamados públicos a las autoridades de gobierno a desestimar esas denuncias, pero no obtuvieron respuesta.
Aun cuando se supone que el Estado se rige por la separación de poderes, en un momento el Fiscal General dijo que el tema estaba designado a la Fiscal adjunta, por órdenes de la presidencia. La Fiscal adjunta pertenece al partido de gobierno.
Blandón no sabe a ciencia cierta qué llevo a las autoridades a cerrar el caso, pero piensa que pueda deberse a un cálculo político que, dada la solidaridad despertada hacia las acusadas, nacional e internacionalmente, les resultaba incómodo tener que dar declaraciones al respecto.
Aunque, obviamente, se sintió aliviada cuando el caso fue desestimado, porque al momento de prohibir el aborto terapéutico hubo muchos ataques públicos y en ese ambiente existía la posibilidad de que sufrieran acciones punitivas, “aleccionadoras”, lo que le llevó a tomar medidas de auto protección.
“El gobierno de Nicaragua, mediante el Ministerio Público, desestimó la acusación debido a que era insostenible jurídica y éticamente”, sostiene Violeta Delgado Sarmiento.
Las acciones en defensa de la vida y la salud de las mujeres no se detuvieron. Pese a esa “piedra en el camino”, la lucha por la restitución del aborto y otros derechos de las mujeres no se ha detenido. Por ejemplo Ipas, la organización no gubernamental donde labora Blandón, ha liderado con otras organizaciones el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto.
Esta articulación enfoca sus esfuerzos en la educación de las mujeres, según explica Blandón. Ha centrado sus acciones en la sensibilización de la población y los tomadores de decisiones.
El apoyo a la restitución del aborto ha subido: 25 por ciento de legisladores están a favor, mientras que Cid Galup señala, según una encuesta de finales del año 2009, que 65 por ciento de la población se pronuncia en el mismo sentido. El aborto realizado en condiciones inseguras es, a juicio de Blandón, una de las causas de muerte de las mujeres embarazadas.
En marzo de 2011, el gobierno nicaragüense, a través de uno de sus portales electrónicos, anunció la reducción de la “muerte materna” hasta en 60 por ciento en relación con los 16 años de “gobiernos neoliberales”, con lo cual, dijo, se acercaba al cumplimiento del quinto de los Objetivos del Milenio (ODM) adoptados por el país a inicios del presente siglo. Nicaragua acordó reducir la tasa de mortalidad materna de una base de 90 muertes registradas en 1999 por cada 100.000 nacimientos, a 27 en 2015.
Magaly Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), aseguró a SEMlac que la falta de información pública y la eliminación de una Comisión de Muerte Materna, en la que participaban organizaciones de la sociedad civil antes del arribo al poder del presidente Ortega, le hacen dudar de la veracidad de estos datos.
Quintana llama la atención sobre variaciones inexplicables en la información colocada en los portales electrónicos del gobierno, en uno de ellos se cambia la meta de reducción de muertes maternas de 27 por cada cien mil nacidos vivos, a 40.
También variaron cifras en relación con las muertes de mujeres embarazadas ocurridas cada año, pues mientras las estadísticas oficiales señalaban 107 durante 2007, el primer año del actual gobierno, en 2008 esa misma cifra había bajado milagrosamente a 70. El año anterior a la toma de posesión del nuevo presidente, la cifra de muertes maternas fue de 140, una de las más altas de América Latina.
Las especialistas no creen que sean posibles saltos tan grandes en la problemática, puesto que además de situaciones médicas, como que se reportan anualmente unos 400 embarazos ectópicos, influyen factores culturales.
En su favor, el gobierno ha divulgado la realización de acciones como el envió de brigadas médicas, que han visitado más de un millón de hogares en el campo; la capacitación de 500 enfermeras y la creación de casas maternas en las cuales se atienden, antes del parto, a mujeres con embarazo de alto riesgo.
Un informe de Human Rights Watch, con sede en Washington, titulado “Escucha sus voces y actúa: No mas violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua”, publicado en noviembre de 2010, refleja que en ese año 2010 fallecieron en Nicaragua por razones asociadas al embarazo 170 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos, como promedio anual.
Por su parte, Amnistía Internacional demandó la restitución de aborto terapéutico en razón de que “la reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia”, resumió el organismo en un informe de 51 páginas, hecho público a mediados del año pasado.
El método de calcular la razón de muerte materna enmascara algunos de los efectos de la interdicción del aborto terapéutico, asegura la respuesta del Movimiento Autónomo de Mujeres al cuarto informe periódico de Nicaragua presentado durante el 55º período de sesiones del Comité de Derechos del Niño, celebrado en Ginebra, Suiza, del 13 de septiembre al primero de octubre de 2010.
La misma fuente indica que la tasa de mortalidad materna incluye solamente muertes “directas”, resultado de complicaciones de embarazos, partos o posparto, y muertes “indirectas” debido a condiciones pre-existentes agravadas por el embarazo, o condiciones no obstétricas que surgen durante el embarazo, con riesgo para la vida o la salud.
Sin embargo, excluye muertes “no obstétricas” de mujeres embarazadas, que no son causadas por condiciones obstétricas, incluyendo el suicidio, el homicidio o la muerte accidental.
La proporción de muertes maternas atribuible a causas “indirectas” como cáncer, hipotiroidismo y trombosis venosa profunda ha aumentado 10 por ciento de 2006 a 2007, precisa el informe.
De las 30 muertes en 2007, 12 eran atribuibles a las condiciones preexistentes exacerbadas por el embarazo, que probablemente habrían podido mejorarse por un aborto terapéutico.
“Estas mujeres eran, en su mayoría, menores de 30 años y procedentes de zonas rurales; sus muertes evitables colectivamente han dejado 30 huérfanos”, agrega la misma fuente, que cita al informe “La Muerte Materna en Nicaragua: La vida de cada mujer cuenta”3.
El impacto de la mortalidad materna en las familias nicaragüenses es severo: de las 115 mujeres que murieron por causas relacionadas con el embarazo en 2007, 87 eran madres que dejaron a 305 niños y niñas en la orfandad.
Analistas estiman que, mientras prosiga la prohibición del aborto terapéutico, seguirá aumentando la mortalidad materna por causas evitables y consideran que la ley que establece dicha negación es una pena de muerte para las mujeres.
El informe del Movimiento Autónomo resume sus efectos en que niega el acceso a servicios de aborto que salvan vidas y salud; retrasa o se opone a otras atenciones obstétricas de emergencia, incluidas las complicaciones de abortos clandestinos; y genera temor entre las mujeres a buscar tratamiento por emergencias obstétricas, por una parte, y de los médicos a atenderlas, por otra.
Para Violeta Delgado Sarmiento, la eliminación del Código Penal del artículo que eximía de pena a la mujer por interrumpir el embarazo por razones terapéuticas colocó al movimiento reivindicativo en una posición de retroceso.
“Las campañas nacionales e internacionales, justamente se han centrado en la restitución del artículo antes mencionado, reduciendo, en muchos casos, la demanda y el debate sobre la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos a la así llamada ‘despenalización del aborto terapéutico'”, declaró Delgado a SEMlac.
En su opinión, aún falta dimensionar el impacto que la penalización del aborto ha tenido en la vida de las mujeres que son sometidas a violencia sexual.
La “Investigación de Estadísticas Nacionales sobre Violencia Sexual”, realizada por la Asociación Probienestar de la Familia (Profamilia) en 2008 arrojó que de 4.736 denuncias de violencia sexual, apenas 172 (3,6%) logran una sentencia condenatoria.
El estudio no pudo establecer el porcentaje de las denuncias de violencia sexual que tuvieron como resultado embarazos no deseados, teniendo en cuenta que un elevado número de víctimas son mujeres en edad reproductiva.
Sin embargo, señala que aproximadamente una de cada cuatro denuncias de violencia sexual fue cometida por la persona encargada de su tutela y protección (padre y/o padrastro).
En tanto, uno de cada dos peritajes de violencia sexual fue realizado a mujeres que reportaron al novio como el victimario, lo que revela el comportamiento abusivo en las relaciones de noviazgo, entre víctimas que, en el 85 por ciento de los casos, son menores de 18 años.
Entre las consecuencias más comunes de la violencia sexual el estudio menciona las relativas a la salud reproductiva y mental y el bienestar social, incluyendo el suicidio, el síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales y embarazos no deseados.
A la lista agrega las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, las lesiones autoinflingidas y, en el caso de abuso sexual de menores, la adopción de conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales y consumir drogas.
Monitoreos de los medios de comunicación masiva dan cuenta que de las niñas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual, entre 2005 y 2007, 198 resultaron embarazadas producto de la violación, 172 de estas niñas tenían entre 10 y 14 años y fueron obligadas, en algunos casos, a ser madres de sus propios hermanos, se informó durante la Audiencia sobre la situación de las mujeres en Nicaragua ante la Comisión Interamericana, en marzo de 2011.
Delgado es partidaria de promover acciones de comunicación e información como una forma de educar e incidir gradualmente en la opinión pública a favor de la denuncia sobre la falta de institucionalidad que favorece los altos índices de impunidad existentes en el país y la violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente del derecho fundamental a su propia vida.
Aboga además por la construcción de alianzas con otros actores de la sociedad, “de manera que la reivindicación por la despenalización del aborto trascienda a los grupos de mujeres y pueda ser reconocida como un problema y una demanda de la sociedad en general”, sostuvo.
| . ” Los registros de las comisarías de la mujer de Nicaragua indican que se han incrementado las denuncias específicas por violencia intrafamiliar, de 8.856 en 2007 a 24.647 en 2008. El 76 por ciento de estos delitos ocurrieron dentro de la familia y en la propia casa. |
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. ” La policía reporta que, entre 1998 y 2008, se denunciaron 14.377 casos de abuso sexual, es decir casi cuatro casos diarios de violación o abuso. Las dos terceras partes se trató de víctimas menores de 17 años y, de estos, la mitad correspondía a niñas menores de 14 años4. |
| . ” El Instituto de Medicina Legal (IML) reporta un incremento de 43,7 por ciento en los peritajes forenses por violencia sexual, al comparar 2005 con 20095. Según el análisis de los grupos de edad, el mayor porcentaje de peritajes se dio en el grupo de 11 a 17 años (60%), seguido del grupo de 0 a 10 años (25%). Es decir, 85 por ciento de peritajes se practicó en menores de 18 años, lo que resulta sumamente preocupante, teniendo en cuenta el daño físico y psicológico que significa para la víctima. |
| . ” En 2009 el IML realizó 413 peritajes de violencia sexual por mes, lo que equivale a un caso cada dos horas, aunque estimaciones del mismo instituto señalan que estas estadísticas solamente representan 10 por ciento de la totalidad de casos en el país.6 |
| . ” Niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en Nicaragua que resultan embarazadas producto de la violación, no tienen opción a la interrupción, debido a la derogación en el Código Penal del Aborto Terapéutico desde 2007. |
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. “Los casos de violencia aumentan en cantidad y en saña, mientras la impunidad es una constante. Los casos que reciben condena son mínimos y mínimas son también las penas que se aplican. En 2007, solo 25 por ciento de los casos denunciados fue conocido por los tribunales de justicia (29.489), porcentaje que disminuyó a 16 por ciento en 2008 (28.451)7 |
| . ” La mortalidad materna en adolescentes en 2005 fue de 16,8% del total y aumentó a 20 por ciento en 2007, según datos del Ministerio de Salud. |
| . ” Los suicidios relacionados a embarazos entre mujeres y niñas son especialmente preocupantes, ya que 30 por ciento de los embarazos corresponde a adolescentes y buena aparte resultan de violaciones. Algunos médicos denotan preocupación ante el número de mujeres jóvenes que ha muerto por pastillas insertadas en la vagina. Aunque el Ministerio de Salud clasifica estas muertes trágicas como suicidios, el perfil fuera de lo corriente ha llevado a muchos médicos a creer que estos quizás fueron envenenamientos accidentales por intentar abortar8. |
1 Martha María Blandón, feminista de larga trayectoria, directora de IPAS
2 Juanita Jiménez, abogada feminista, coordinadora del Movimiento Autónomo de Mujeres.
3 Ver Karen Padilla K: “La muerte materna en Nicaragua: la vida de cada mujer cuenta”, Ipas Centroamérica, Managua, 2008.
4 Anuario Estadístico Policial 2008, citado por Amnistía Internacional. “No más violación ni violencia sexual contra niñas en Nicaragua”, 2010, p. 5
5 Departamento de Estadísticas del instituto de Medicina Legal. 2005: 3,450 peritajes y 2009: 4,961 peritajes.
6 Dr. Zacarías Duarte Castellón, Director IML. Presentación sobre Tendencia de la Violencia Intrafamiliar en Nicaragua 2005-2009
7 Informe presentado a la Audiencia sobre la situación de las mujeres en Nicaragua ante la Comisión Interamericana, marzo de 2011.
8 “Informe sobre violaciones del interés superior de la niña y la adolescente por la penalización del aborto terapéutico en respuesta al Cuarto Informe Periódico de Nicaragua. Movimiento Autónomo de Mujeres. 55º Período de sesiones del Comité de Derechos del Niño, celebrado en Ginebra, Suiza, del 13 de septiembre al primero de octubre de 2010.
Perú: Maternidad no deseada podría costar la vida a las mujeres
Por Julia Vicuña Yacarine
Lima, agosto (Especial de SEMlac).- “Estaba desesperada, un hijo más sería un gran problema. Tenía cuatro. Mi marido me iba a echar la culpa: ‘por no cuidarte’, iba a decir. Así que le dije a Juana, mi amiga. Ella me contó que conocía a una curiosa que la ayudó cuando ella salió encinta. Me fui con ella. Tenía miedo de morirme. No sé qué me puso ahí y a las horas se me vino. Diosito no quiso que me pasara nada”, recuerda, aún con angustia, María.
En Perú, de cada 100 mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), cada año 5,2 en promedio termina voluntariamente su embarazo no deseado, señala una investigación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder Internacional, titulada “El aborto clandestino en el Perú”.
Si bien la práctica del aborto, con excepción del terapéutico, es ilegal en este país andino, al año se producen 352.000 abortos en pésimas condiciones, lo que genera muertes maternas y problemas de salud derivados de la clandestinidad.
El aborto terapéutico, legal desde 1924, es practicado con el consentimiento de la mujer embarazada, para salvar su vida o evitarle un mal grave de salud y permanente; sin embargo, hasta hoy, después de 87 años, no hay una norma que regule su procedimiento, por lo cual, quienes tienen embarazos de riesgo quedan expuestas al peligro de morir o de sufrir graves secuelas en su salud física y mental.
La mortalidad materna y la muerte por abortos inseguros están íntimamente asociadas a la negación del ejercicio de los derechos reproductivos, y afectan fundamentalmente a adolescentes, mujeres pobres, rurales y nativas que no pueden acceder a los servicios de salud, señala el “Perfil de género y salud de la subregión Andina 2010”, estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Mientras que el embarazo adolescente representa una carga importante para el riesgo de muerte materna y perinatal, detalla el Ministerio de Salud (MINSA), en su Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009 -2015.
La muerte materna en adolescente representa entre 12 y 16 por ciento del total de las muertes maternas, apreciándose un preocupante aumento en las edades más jóvenes de 10 a 14 años, de acuerdo a los Registros de muerte materna 2007 – 2008 realizados por el MINSA.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2004-2006, en 2006 el 12,7 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años alguna vez habían estado embarazadas. En el sector urbano la cifra se reduce a 9,5 por ciento, mientras que en la zona rural asciende a 20,3 por ciento.
En la selva, el 29,2 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez. Continúa el resto de la costa (11,8%), sierra (11,2%) y Lima Metropolitana (8,7%). La mayoría de ellas solo tiene estudios primarios y es pobre.
En Perú, el interés por la sexualidad y la reproducción en la agenda pública nacional data de hace casi dos décadas y la historia ha demostrado el impacto nefasto que puede tener sobre la salud y la vida de las mujeres políticas impulsadas por el Estado de manera arbitraria.
Entre 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tenía como una de sus metas “llegar al año 2000 habiendo alcanzado la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos y seguros necesarios para lograr una tasa general de fertilidad de 2,5 hijos por mujer”.
Las esterilizaciones forzadas estuvieron dirigidas a un sector poblacional específico: personas sumidas en la pobreza o pobreza extrema, campesinos e indígenas.
Para alcanzar esa meta, el Estado impuso objetivos numéricos de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV): cuotas de captación de usuarias por establecimiento y por agente de salud. A cambio, ofrecía dinero o especies al personal, estímulos y hasta amenazas de remoción en caso de incumplimiento, según un informe presentado por el Centro Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
A muchas mujeres les ligaron las trompas sin su consentimiento luego de otra intervención quirúrgica (post- parto, post-aborto), inducidas por agentes de salud. A otras se les practicó la ligadura pese a que habían desistido antes del inicio de la operación. En la mayoría de los casos no se les informó las contraindicaciones, los riesgos ni los cuidados que debían tener luego de la intervención.
En otros casos fueron intimidadas, recibieron trato humillante, terminaron encerradas en las salas de operación y hasta hubo casos de usuarias con un número elevado de hijos que fueron amenazadas a no ser atendidas en el siguiente parto. En muchos casos se obvió el requisito fundamental de que la paciente firmase personalmente un formato de autorización, o éste fue firmado sin el plazo reglamentario de meditación (72 horas entre la charla y la aceptación).
Hasta hubo ligaduras de mujeres embarazadas, según una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo y que consta en el Informe Defensorial Nº 27 “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II”.
Para María Jennie Dador1, directora del Movimiento Manuela Ramos, la insensibilidad de las autoridades ante el drama del aborto y la muerte materna estaría asociada, por un lado, a los dogmas religiosos que lo consideran un pecado. “Por lo tanto, la mujer que se lo practica debe ser sancionada, condenada”, señala.
Jennie Dador dijo a SEMlac que también influye que un porcentaje considerable de autoridades sea de sexo masculino, pues “por un lado, anteponen su dogma moral y, por otro, por más que traten de entender y ponerse en el lugar de la mujer que decide abortar, no lo pueden hacer”.
“No toda la maternidad es voluntaria; hay violaciones, incluso dentro del matrimonio, y generan embarazos no deseados. En países como los nuestros, la maternidad y el amor las llevan a la muerte, porque en su afán de desligarse de una maternidad no deseada, no querida o inoportuna, ellas exponen su salud y vida en un aborto clandestino”, señaló.
Muchas peruanas con vida sexual activa y en edad reproductiva se ven en peligro no solo por los embarazos no deseados, sino también por las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente la del VIH/sida.
En 1986, por cada mujer con la infección había nueve varones en igual situación, lo que ha variado significativamente. En la actualidad se vive un proceso de feminización del VIH y las infecciones se mantienen en el rango de una mujer por cada tres varones, lo que revela el incremento de la transmisión heterosexual, debido a conductas de riesgo.
Según el Ministerio de Salud, la vía sexual es la mayor fuente de contagio del VIH/sida con 97 por ciento, seguida por la contaminación vertical (madre-hijo) con dos por ciento y el medio parenteral (transfusión o contagio de agujas contaminadas) con uno por ciento. Más del 50 por ciento de las personas infectadas con el VIH no saben su diagnostico, por la naturaleza asintomática de la evolución de la infección.
Consecuencias de las inequidades
Una de las razones más comunes de mortalidad femenina en el Perú es el cáncer de mama y el de cuello uterino. Ambas suman 70 por ciento. Según la Agencia Internacional de Investigación Contra el Cáncer (IARC), una de cada 25 limeñas que viva hasta los 85 años tendría la posibilidad de desarrollar el cáncer de cuello uterino.
En los últimos 30 años, el cáncer de mama ha incrementado su incidencia a 26,5 por 100.000 mujeres, y la tasa de mortalidad es de 9,3 por 100.000, de acuerdo con estadísticas del MINSA.
La alta incidencia de estas enfermedades, que son curables si son detectadas en su fase inicial, está vinculada a la pobreza, pues un gran porcentaje de las afectadas son mujeres de bajos recursos económicos. Por otro lado, no se cuenta con una política desde el Estado que garantice acceso a servicios de detección temprana.
Según una proyección de la IARC para el año 2000, se presentarían 4,101 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y el tratamiento de estos casos demandaría un gasto de 11.888.186,2 dólares anuales.
Eliana Cano2, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Perú, dijo a SEMlac que “la jerarquía de la Iglesia católica ha demostrado insensibilidad, primacía de sus intereses y falta de compasión por el sufrimiento de muchas mujeres que, por diversos factores, tienen que afrontar una situación de interrupción de una gestación”.
Para Cano, las resistencias de la jerarquía católica refuerzan un discurso hegemónico y totalizador respecto a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, con fines de control y poderío.
“Las manifestaciones públicas en defensa de la familia, las presiones a los gobernantes para evitar la sanción de derechos sexuales y reproductivos, el dictado de instrucciones sobre el posicionamiento que deben tener las y los legisladores católicos frente a estos derechos, son algunos ejemplos de la obsesión del Vaticano sobre la sexualidad”, agregó.
Por su parte, Miguel Gutiérrez Ramos, presidente del Comité Especial Mortalidad Materna de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explica que el artículo 30 de la Ley 26842, Ley General de Salud, plantea un conflicto entre el derecho o deber del secreto profesional de médicos, médicas y pacientes.
En la publicación “Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia, artículo 30 análisis de constitucionalidad de la Ley General de Salud sobre la obligación de médicos y médicas de denunciar” señala que atenta contra los derechos a la intimidad, libertad, vida y salud de las personas que acuden a los servicios médicos.
La legislación establece que “el personal médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de autoridad competente”.
Problema de salud pública
El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el Ministerio de Salud; sin embargo, numerosos estudios sostienen que entre las muertes por hemorragias (60%) e infecciones (13%) se encuentran subregistradas muchas defunciones por aborto.
Esta práctica constituye un problema de salud pública sumamente grave en el Perú, que afecta de manera directa e indirecta a la economía nacional, porque se da en condiciones inseguras, clandestinas, y llega complicada a los servicios, destacó Dador.
“La atención de abortos incompletos y problemas de salud derivados de la clandestinidad generan altos costos para los servicios de salud. Tiene que ver con horas/hombre, horas/mujer que atienden estos casos; cuesta camas y medicinas. También impacta en la economía porque las mujeres en edad reproductiva que mueren lo hacen justamente en el momento más productivo de sus vidas y dejan de aportar o de producir”, comentó.
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Cifras para considerar |
| –Se estima que en el Perú se realizan 40 abortos cada hora y unos 1.000 cada día. Las protagonistas son mujeres de toda condición socioeconómica y social. |
| –-La mayor cantidad de abortos clandestinos ocurre en la sierra, con 32 por ciento, en tanto Lima Metropolitana ocupa el segundo lugar, con 28; y la selva, el tercero con 14 por ciento. |
| –-Según estadísticas de los servicios de salud, poco más de 62 por ciento de las mujeres que abortan es menor de 30 años. De este porcentaje, 14 por ciento es menor de 20 años. |
| –– El 54 por ciento de las mujeres recurre al aborto porque no desea ese embarazo, principalmente porque al momento de la concepción consideró que su familia estaba completa, y 28 por ciento lo hizo por razones económicas. |
| –-La probabilidad de hospitalización por complicaciones postaborto es más alta si la mujer es pobre: 13,6 por ciento entre las pobres urbanas y 18,5 por ciento entre las rurales; y más baja si la mujer pertenece a la ciudad y cuenta con recursos (1,5%); pero la probabilidad de hospitalización es también alta entre las mujeres rurales económicamente pudientes (9,4%). |
| –-Por cada aborto hospitalizado, hay siete no hospitalizados. (Fuente: Ferrando, Delicia: “El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras”. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2002). |
| –-Ocho por ciento de las mujeres alguna vez unidas declaró haber sido obligada por su esposo o compañero a tener relaciones sexuales contra su voluntad. El mayor porcentaje se presentó en divorciadas, separadas o viudas (20,2%). En el área urbana, 7,8 por ciento, y en el área rural, 8,4. (Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2009. Lima: INEI, 201 |
| –-El 4,3 por ciento de las víctimas de feminicidio durante 2009 fueron asesinadas por su pareja, por no estar de acuerdo con el embarazo o para silenciar un aborto. (Fuente: Registro de Feminicidio del Ministerio Público). |
1 María Jennie Dador Tozzini es feminista, abogada, magíster en Ciencias Políticas y diplomada en Género, Procesos de Democratización y Derechos Humanos. Docente universitaria, investigadora y autora de diversas publicaciones, ensayos y artículos de opinión, actualmente es la directora del Movimiento Manuela Ramos.
2 Eliana Cano es psicóloga, coordinadora de “Católicas por el Derecho a Decidir-Perú
