OPINIÓN
El presupuesto 2021 acordado por la Cámara de Diputados desapareció 13 programas destinados a la igualdad.
Disminuyó recursos a la Secretaría de Gobernación para la violencia contra las mujeres, redujo el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) para la prevención de la violencia y recortó 350 millones para 35 casas de las Mujeres Indígenas y Afrodesendientes (Camis).
Es un contrasentido, abandonan los tímidos esfuerzos continuados para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, dirigidos a atemperar el ominoso fenómeno, de dimensiones alarmantes: la violencia contra las mujeres y las niñas.
Menos para los Centros de Justicia para las mujeres, para las Alertas de Violencia de Género, afectación generalizada a los recursos dejando en el abandono, presupuestario y de política pública, a la mitad de la población. Choca con las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que en México vivimos un gobierno feminista.
La violencia de género es –entre nuestras desgracias– espejo clarísimo de una crisis humanitaria expresada en la protesta de miles de jóvenes en todo el país, manifestando su hartazgo y desesperación, martillo en mano, por los asesinatos imparables, la violación, el acoso y la desaparición forzada.
La respuesta: el recorte y la indiferencia. Y este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, oiremos, nuevamente discursos, promesas y anuncios para erradicar esa violencia.
La fecha elegida en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981, en Bogotá, Colombia, rememora ese día de 1960, cuando Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas por el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, como reprimenda a su participación en un movimiento contra la tiranía. Eso conmovió a la sociedad y fue fundamental para la posterior caída del dictador en 1961.
Dieciocho años después, diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU declaró al 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, para definir la responsabilidad de los Estados. Así dejó de verse como un asunto privado para ser asunto de Estado.
Desde entonces, se hicieron miles de acciones, desde los gobiernos y la sociedad. México pionero en muchas de ellas, algunas de relumbrón, muchas simuladas –sin duda– pero hoy, cuando el discurso y anuncios espectaculares de acciones emergentes menudean, no se entiende el contrasentido avalado por la mayoría en el Congreso.
Ni valen ni consideran las protestas, ni estos hechos: tres de cada diez mexicanas han vivido un evento de violencia; los abusos a las niñas nos mantienen en el primer lugar entre los países de la OCDE por embarazo infantil, y todos los días once mujeres pierden la vida por feminicidio.
Inadmisible esta conducta de las y los diputados. No les interesa, a pesar de la bancada femenina y su compromiso por defender los necesarios y urgentes recursos para amainar la violencia contra las mujeres. Veremos.
