Suspensión de España por el
incumplimiento del convenio europeo
de violencia hacia la mujer
EDITORIAL
La Independent ve necesario hacer un recuento histórico
relacionado a esta fecha y su significado
Un año más se recuerda el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de género y en el caso de España, con su repercusión en Cataluña, lo hace con una suspensión de España por el incumplimiento del convenio europeo de violencia hacia la mujer que lo sanciona una reconocida plataforma internacional. Por ello, La Independent ve necesario hacer un recuento histórico relacionado a esta fecha y su significado.
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la violencia de género durante el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en 1981. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia y género en el ámbito doméstico y la violación y el acoso sexual en el ámbito de los gobiernos, incluyendo la tortura y los abusos que sufrían muchas prisioneras políticas.
Se escogió este día para conmemorar el violento asesinato de las hermanas y activistas dominicanas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, que murieron el 25 de noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana, mientras iban a visitar a sus maridos presos. Adela Mirabal fue la única hermana que sobrevivió y murió en Bélgica a los 88 años.
El asesinato de estas hermanas, fue el detonante para que el movimiento popular feminista dominicano, y Latinoamérica en general, hayan simbolizado la lucha y la resistencia contra la violencia. En 1999, la ONU dio carácter oficial a esta fecha.
Han pasado prácticamente 20 años desde la internacionalización de esta fecha. ¿En qué situación nos encontramos?
El feminicidio en Latinoamérica ha llegado a cifras increíbles y nada soportables para una sociedad que vive inmersa dentro de las contradicciones de un mundo global en pleno siglo XXI. En el conjunto de nuestro país y Estado la violencia de género tampoco se ha detenido.
Hasta fecha de hoy, en Cataluña han sido asesinadas 15 mujeres y en el conjunto del Estado hay 89 feminicidios (según Feminicidio.net que hace un recuento más amplio que los datos oficiales). A pesar de las Leyes específicas aprobadas tan en el Congreso o en el Parlamento, el grado de cumplimiento de las mismas sufre de la falta de ambición y de puesta en marcha.
Sin embargo, la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista aprobada en el Parlamento de Cataluña cumple 10 años este 2018.
Esta Ley, que todo el mundo puede encontrar resumida en la web del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD), “recoge las actuaciones que los poderes públicos catalanes deben llevar a cabo contra la violencia machista y pone en el centro de la misma las mujeres como sujetos de derecho y considera la violencia machista, como una gran vulneración de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como un impedimento para alcanzar la plena ciudadanía, su autonomía y su libertad.”
En el año 2002 la Fundación “La Caixa”, dentro de su Colección Estudios Sociales (volumen nº 10), publicó: La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. Un muy serio y profundo estudio que elaboraron Inés Alberdi y Natalia Matas y que, a mi modesto juicio, es el mejor informe que se ha hecho sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y que retrata con profundidad y rigor todos los aspectos políticos y sociales, entre ellos el de la función de los medios de comunicación, culturales, laborales, etc., que deben incidir y cambiar la lucha contra la violencia machista hacia las mujeres.
Subrayan que en la Declaración de Naciones Unidas de Beijing (1995) señalaba que “La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por parte del hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital proviene especialmente de pautas culturales, concretamente de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, en comunidad y la sociedad”.
Beijing y posterior encuentros a NNUU sobre las diversas cuestiones que afectan a la desigualdad que se hacen de manera periódica, han tratado en varias ocasiones el estado de la cuestión y de cómo se han implementado los acuerdos de Beijing de 1995 en cada uno de los Estados miembros y que firmaron el Plan de Acción correspondiente habiendo constatado el parcial cumplimiento de los mismos.
El 7 de abril del año 2011 se firmaba en Estambul (Turquía), previo estudio de dos años por una comisión de personas expertas en la problemática, el “Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica”. Siendo este el primer instrumento legal de fuerza obligatoria que crea un marco legal comprensible y una aproximación para combatir la violencia contra las mujeres, además de prevenir la violencia COMEST, proteger a las víctimas y castigando a los infractores.
Algunos datos del Consejo de Europa referentes al año 2017 indican que “una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de un adulto durante la infancia.”
A pesar de todas estas herramientas disponibles ya sean en forma de Leyes o de otros decretos o normas (NNUU, UE, Estados o Comunidades Autónomas) no han sido del todo eficaces para combatir ni la violencia ni la desigualdad. Por este motivo, ha surgido en el ámbito de todo el Estado la Plataforma Estambul Sombra que ha elaborado un documento con 20 reivindicaciones sobre la aplicación del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra las contra las mujeres y contra la violencia doméstica) antes mencionado. Turquía fue el primer país en firmarlo (2012) y le siguieron entre 2013 y 2015, dieciocho países más entre los que se encontraba España.
Más de 100 ONG’S feministas de todo el Estado han firmado ya este informe “Sombra” sobre la aplicación del Convenio en España en el período comprendido entre 2014 hasta 2018.
Estos 20 puntos piden: más financiación, participación activa de las ONG’S, seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas; más prevención de la violencia de género, especialmente en el mundo educativo; más atención jurídica, psicológica y social y que ésta se dé antes y no después y que no esté sujeto a la presentación de denuncia judicial.
Además de que la Conferencia Sectorial de Igualdad apruebe con urgencia el procedimiento y acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género; que el Estado levante la prohibición de crear puestos de trabajo público tanto en el administración central, autonómica y local, para los servicios de atención a las víctimas de violencia de género; acabar con la dependencia económica de las mujeres; promover a pensión de orfandad para las niñas y niños víctimas de la violencia y suspender las visitas y custodias en situaciones de violencia.
También equiparar las ayudas a víctimas de deleitando violentos y contra la libertad sexual a las de las víctimas de terrorismo; revisar el sistema VioGén, que en la actualidad se valora como prácticamente nulo o bajo riesgo y no incluye a las niñas y los niños; los Juzgados sólo dictan sentencia condenatoria sólo en dos de cada diez casos de violencia de género denunciados y sólo otorgan orden de protección a 16 de cada 100; ayuda jurídica calificada antes y no sujeto a la denuncia; transparencia en los datos; que tan España como la UE garantizan mejor la protección internacional del Convenio de Estambul a todas las víctimas que estén en territorio español; que se garantice el cumplimiento de la medida 153 del Pacto de Estado para “otorgar protección a las víctimas que se encuentren en situaciones internacionales de sustracción de menores el origen sea violencia de género.
Incluye adecuar la normativa de extranjería a la VG, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes; mejorar los resultados en la persecución de la trata de mujeres y en la protección de sus víctimas; mejorar la percepción de la persecución de género con motivo de la concesión de asilo; revertir las retalladles de la Cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres; tratar judicialmente y socialmente las 120.640 agresiones sexuales anuales como violencia machista.
Finalmente, sobre el asedio sexual: pasar del MeeToo de las redes requiere un cambio social y políticas públicas; y tratamiento real y no sólo punitivo sino que preventivo y reparador de la mutilación genital femenina.
Este año, la Plataforma Estambul Sombra, que ha publicado un informe firmado por 200 colectivos, feministas, ONG de derechos humanos y cooperación suspende en España en el cumplimiento del convenio europeo de violencia machista en no tener datos actualizados y segregados, que es la reivindicación más urgente.
En este sentido, Begoña San José, una de las portavoces de esta Plataforma señalaba a un medio estatal: “Todas las reivindicaciones son importantísimas, pero si tenemos que elegir una, necesitamos ya datos actualizados, segregados y trabajados que nos ayuden a visibilizar la magnitud de las violencias machistas”. Sin esta información, no es posible realizar evaluaciones ni mucho menos establecer políticas públicas necesarias. “Si todo el tiempo debemos remitirnos a la macro encuesta de 2015 [el último gran análisis oficial al respecto], difícilmente podemos avanzar”, añadía.
Punto final a este extenso e intenso recorrido que, como demuestran estos 20 puntos de ONG’S, feministas firmantes de este informe Sombra plantean la necesidad de que el gobierno del Estado (trasladable a las autonomías con Leyes propias, caso de Cataluña) tenga en cuenta las graves carencias de incumplimiento que el Informe ha detectado y que hay que corregir en un futuro más inmediato. No en vano estas reivindicaciones se presentan con motivo del 25 Noviembre, día internacional contra la violencia machista.
