La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), exigimos al Estado mexicano y a las autoridades estatales de Guerrero generen e implementen medidas urgentes de seguridad y protección para salvaguardar la integridad personal y el ejercicio periodístico de nuestras compañeras y compañeros de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que se encuentran cubriendo la situación de violencia por la que atraviesa esta entidad federativa.
El gremio periodístico en Guerrero necesita de nuestra atención debido a que su labor está enfocada en hacer visible la situación de violencia e inseguridad y es esa misma situación la que ha condicionado y vulnerado al periodismo. Hechos como el terror y el miedo generalizado que en el caso de las compañeras impide salir a cubrir a ciertas horas o zonas, la detención y encañonamiento por parte de un grupo armado de policías federales a una caravana de periodistas que se dirigía a cubrir la localización de osamentas en el municipio de Cocula, la censura y el bloqueo a la información por parte de servidores públicos son un claro ejemplo del nivel de riesgo y los tipos de violencia al que el periodismo se enfrenta día con día.
Éste contexto exacerbado de violencia se intensifico después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal del municipio de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos en el municipio de Iguala, seis personas más murieron y 25 fueron heridas por parte de elementos de la policía municipal quienes hicieron uso excesivo de la fuerza y presuntamente entregaron a los 43 normalistas detenidos al grupo delictivo. Ante estos hechos, familiares, compañeras y compañeros de los normalistas desaparecidos, sociedad civil y organizaciones civiles han implementado diferentes acciones de apoyo ante la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que ha imperado en esta entidad.
La situación de violencia que ha prevalecido en el Estado se demuestra en antecedentes como la matanza de 17 campesinos en el municipio de Aguas Blancas en 1995, en el que policías dispararon en contra de ellos cuando se dirigían a un mitin para exigir mejoras a su comunidad; la masacre de la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena del Charco en el municipio de Ayutla de Los Libres, cuando el Ejército Federal rodeo, disparo y lanzó 2 granadas de fragmentación a una escuela primaria en donde se llevaría a cabo una asamblea comunitaria, dando como resultado 11 muertos, 5 heridos y 22 detenidos que fueron torturados durante 2 días en la 9ª Región Militar.
La ineficacia, la acción u omisión y las irregularidades en las investigaciones de las autoridades han sido una constante alrededor de estos hechos, ante esta situación el descontento social se ha incrementado. La situación de inseguridad ha desatado una crisis de ingobernabilidad que afecta y vulnera drásticamente el ejercicio periodístico.
Compañeras periodistas de la entidad han expresado la situación sumamente preocupante y peligrosa para la realización del ejercicio periodístico, la forma en la que el miedo se ha convertido en la constante y como en contextos de extrema violencia su integridad se ve doblemente vulnerada. CIMAC ha registrado de 2012 a 2013 seis casos de violencia contra mujeres periodistas que cubrían la fuente de política y seguridad en Guerrero quienes han sido violentadas por medio de amenazas para que dejaran de investigar, estas situaciones dejan ver las nulas condiciones para ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información que deja a la sociedad desprotegida y por lo tanto genera un daño en el tejido social.
Los hechos contravienen lo expresado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Ante este contexto hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales así como a los organismos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas, exhortamos también a servidores públicos y específicamente a las áreas de comunicación social generen las condiciones idóneas y permitan el acceso a la información a nuestras compañeras y compañeros.
Mexico 3 de Noviembre 2014
