La analogía de la esterilización como arma de guerra describe la lógica detrás del contexto internacional que definía las políticas de control demográfico, pero no sólo eso: el contexto en el que se dieron las esterilizaciones forzadas en Perú fue el conflicto armado interno. Entonces ¿porqué el caso no se ha incluido hasta la fecha dentro de las políticas de memoria del país?
Esta semana, La Independent dialogó con Alejandra Ballón Gutiérrez, artista e investigadora peruana que, hace poco, ha publicado el libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada“, donde recopila una serie de artículos analíticos que explican las causas y consecuencias de las esterilizaciones forzadas que, a modo de violencia sistemática, atentó contra los cuerpos de las mujeres indígenas y altoandinas del Perú.
Sin duda, “Memorias del caso peruano de esterilización forzada” es una publicación pertinente en un contexto político adverso a la demanda de Verdad, Justicia y Reparación de las cerca de 300 mil mujeres y 20 mil hombres esterilizados de manera forzosa en el Perú. ¿Qué te motivó a emprender esta iniciativa?
En 1999, cuando era aún estudiante en la facultad de artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y formaba parte del colectivo artístico Aguaitones que trabajaba propuestas artísticas en el espacio público, la organización DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) nos convocó a realizar una intervención en la calle sobre las esterilizaciones forzadas. Así es como me enteré del caso con profunda indignación. En el año 2011 decidí hacer un doctorado sobre el tema en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) en Paris. Posteriormente, inicié la digitalización de cuanta información pudiera recopilar sobre el caso para difundirla gratuitamente en el Archivo PNSRPF (Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar), entable relación con la investigadora Giulia Tamayo en Madrid y convoqué a diversos investigadores para realizar el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, publicado recientemente por la Biblioteca Nacional del Perú. Este libro inaugura una nueva colección dedicada al pensamiento poscolonial: Las palabras del mudo.
Como sabemos, las esterilizaciones que afectaron a más de 300,000 mujeres, se dieron durante la década del noventa bajo el periodo gubernamental de Fujimori, quien desde el 2009 cumple condena por crímenes de lesa humanidad, cometidos al margen del caso de esterilizaciones forzadas, por el cual aún nadie ha sido juzgado. Hasta la fecha han fallecido más de 18 personas por causas directas de la esterilización y actualmente son más de 2,000 mujeres que han denunciado este delito, número que continúa en aumento. Recordemos que el Fiscal Marco Guzmán reconoció que son 10,000 las mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en todo el territorio nacional. Incluso un total de 1,448 mujeres (Cuzco 830, Piura 410 y Cajamarca 208) fueron llamadas a declarar.
¿Por qué crees que en el Perú continúa habiendo indiferencia y olvido de parte del Estado peruano frente al tema de las esterilizaciones forzadas?. Ya han pasado cerca de dos décadas, desde que la abogada feminista Giulia Tamayo y su equipo de investigadoras, junto al Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional y organizaciones como el IAMAMC, CLADEM, denunciaran este delito de lesa humanidad y aún el silencio y complicidad persiste. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Tanto el contexto de los noventas que lo permitió, como el contexto actual que no investiga ni sanciona ni repara, constituyen lo que Kimberly Theidon denomina la arquitectura de la impunidad. Recordemos que dicha arquitectura, –tomando en cuenta el gobierno constitucional interino de Valentín Paniagua– ha sido sustentada y mantenida durante más de cuatro gobiernos consecutivos (Paniagua, Toledo, García y Humala) a vista y paciencia de la indignación de las afectadas, del movimiento feminista, del movimiento de lucha por los derechos humanos, de los medios de comunicación nacionales e internacionales y de los movimientos organizados de la sociedad civil del país.
Como señala Tamayo, el tiempo apremia. La falta de voluntad política por parte del Estado durante dieciocho años indica, de un lado, una corrupción sistemática del poder judicial que nuestra recuperada (2000) pero débil democracia no ha sabido desmantelar. Es también evidente que para el Estado y para un gran sector de la población (incluyendo a ciudadanos de todos los estratos sociales), las afectadas son ciudadanas sin derechos y merecedoras de discriminación racial; pero además –y es lo más grave– que el cuerpo de las mujeres es un territorio sujeto a control. Digo mujeres debido a la evidente discriminación por género que el PNSRPF ejerció como reacción de un profundo machismo patriarcal.
En el libro se incorpora un artículo sobre ética médica. Poco se ha hablado al respecto, sin embargo, fue el personal de salud, sobre todo en zonas altoandinas el que estuvo implicado en su integralidad en acciones de intervención directa y de convencimiento y hasta amenaza hacia las mujeres para que se dejen esterilizar. Si bien recibían órdenes, pero pudieron haber hecho objeción de conciencia. ¿Qué piensas?
Hay un peligro latente sobre el hecho de que los fundamentos de la eugenesia contemporánea sean los instrumentos con los que operan los médicos del sector salud (en su mayoría hombres) por décadas. Ya en el informe Silencio y complicidad. Violencia contra las mujeres en los servicios públicos de salud en el Perú de Giulia Tamayo se afirma que el Sector Salud «realiza actos de violencia y discriminación contra las mujeres con una frecuencia alarmante». No es sorprendente por ello que Gianella señale la corresponsabilidad de la institución médica y explica en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada que la ética médica está divorciada de los derechos humanos. Gianella nos recuerda que «no hay historias de médicos resistiéndose a realizar esterilizaciones quirúrgicas. Tampoco hay historias de excusas técnicas dadas por estos expertos ni de numerosas operaciones canceladas». De estos hechos se desprende que para poder entender lo que ocurrió en la década final del siglo XX en el Perú, necesariamente se entra en conflicto con nociones arraigadas en ese muy importante grupo de poder que es la propia corporación médica peruana. Es lamentable que el Colegio Médico no coopere con las investigaciones y que no sancione a los responsables de dichas políticas de salud pública, ni al personal responsable de crímenes de lesa humanidad.
Sin duda el control de la natalidad como mecanismo para combatir la pobreza ha sido una acción sistemática, no sólo en el Perú, sino en países como Puerto Rico, actualmente en México y la India. Evidenciamos una vez más el control de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, ¿pero no cualquier mujer verdad?
El caso de esterilizaciones forzadas en Perú pone en evidencia que el control demográfico se justifica – como bien proponen las investigaciones de Christina Ewig en el mencionado libro así como, el demógrafo Carlos Aramburú en el documental Vientre de mujer de Mathilde Demoisel– en términos de medición de la pobreza, es decir, bajo la lógica económica neomaltusiana, antinatalista. Esto quiere decir que para responder a una economía neoliberal, el «desarrollo económico» nacional debe situarse por encima de los derechos humanos. La lógica del gobierno y de las instituciones internacionales era que una reducción en la población conduciría a un aumento del PBI per cápita, aumento requerido para cumplir con los estándares internacionales de inversión. Queda claro entonces, que el PNSRPF no respondió a una voluntad real de desarrollar los programas de planificación familiar ni a devolverles a las mujeres el derecho de decidir sobre su cuerpo, como cínicamente pregonaba Fujimori en Beijín.
Lamentablemente este no es un panorama aislado; las investigaciones en el terreno internacional señalan múltiples formas ideológicas de eugenesia contemporánea basadas sobre todo en dos factores de discriminación: el género y la raza. Los programas de control demográfico no suceden por igual en el territorio del género; éstos se introducen y se aplican sobre todo en el cuerpo de la mujer. Bajo el PNSRPF se esterilizó a 314,605 mujeres y «solamente» a 24,563 varones. Pero como bien adviertes en tu pregunta, estás no sucedieron en el cuerpo de cualquier mujer sino en el de las mujeres rurales, indígenas, quechuahablantes. El patrón se corrobora en América cuando los estudios nos muestran que en E.E.U.U. son afectadas sobre todo las nativas americanas, latinoamericanas, afroamericanas y que el Estado norteamericano influenció en la esterilización del 34% de las mujeres puertorriqueñas; en Brasil y México las mujeres indígenas fueron las más afectadas y en Canadá las que sufren algún desorden mental, las métis y las mujeres de las naciones originarias.
¿Qué sucede en el Perú con el tema de la memoria en el caso de las esterilizaciones forzadas?
El historiador Matthew Connelly nos recuerda que «en los años sesentas y setentas el personal de la asociación para la esterilización voluntaria decía que cuando intentaban promocionar el dispositivo intrauterino, el DIU, era como disparar balas de fuego era una munición en una guerra, pero una munición que iba a permitir ganar la guerra. Decían que la esterilización era como la artillería y creían que la artillería sería más efectiva para vencer a su enemigo: el crecimiento de la población». La analogía de la esterilización como arma de guerra describe la lógica detrás del contexto internacional que definía las políticas de control demográfico, pero no sólo eso: el contexto en el que se dieron las esterilizaciones forzadas en Perú fue el conflicto armado interno. Entonces ¿porqué el caso no se ha incluido hasta la fecha dentro de las políticas de memoria del país?
Las más de 300,000 víctimas no existen en nuestra memoria nacional, no son parte del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), no están incluidas dentro del Lugar de la memoria (LUM) ni en el museo itinerante Arte por la memoria ni en el memorial El ojo que llora. Por ejemplo, el hecho que el caso en mención no se haya incluido por el Consejo de Reparaciones en el Registro Único de Victimas (RUV) ni en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) que la CVR planteó, ha contribuido a la obstaculización de la justicia que merece esta situación y no puede ser hasta ahora reparada. Todo esto sucede a pesar de que las esterilizaciones forzadas sucedidas en los noventas son claros crímenes de violencia sexual tal como lo afirma Gabriella Citroni en el libro, quien además considera de relevancia nacional que dicho caso integre la currícula escolar y sea parte de nuestra historia.
¿Por qué la persistente renuencia a investigar este crimen de lesa humanidad? Además del Gobierno de Fujimori, Giulia Tamayo, en su artículo incorporado en el libro señala que las Agencias de Cooperación como organizaciones a través de la cooperación técnica y económica estuvieron directa o indirectamente implicadas en la aplicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar.
Comenta Connelly que «el Banco Mundial (BM) no se ha contentado con apoyar los programas de planificación familiar sino que ha exigido a los países que recibían prestamos del BM, que controlaran el crecimiento de su población». En palabras de Armeane Choksi (vicepresidente del BM,1992-1996) la pregunta principal era cómo resolver la deuda que el Perú mantenía frente a las instituciones internacionales tales como el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así fue cómo el Perú se comprometió a someter a su población a un fuerte control demográfico para obtener un préstamo de 150 millones de dólares destinados a ese fin, cosa que ciertamente logró. Luego siguieron las ayudas económicas de USAID (alrededor de 30 millones además de su experiencia en implementación a través de la AVSC), UN Fund for population (institución que aporta también legitimidad), Nippon foundation, las agencias de cooperación, los gobiernos Norteamericano, Suizo, Japonés, etcétera. Todos apoyaron la lucha contra la pobreza disminuyendo los nacimientos de los niños y niñas de las mujeres rurales e indígenas del país. En suma, las organizaciones de cooperación contribuyeron a la cooptación y legitimación del discurso humanitario, a la cooptación del discurso feminista, a la cooptación del discurso de desarrollo y del discurso de los derechos humanos.
¿Cómo se está planteando el movimiento feminista en el Perú la vindicación por verdad, justicia y reparación de las víctimas de esterilización forzada? ¿Qué desafíos queda por superar?
En general, en el territorio del feminismo falta que la resistencia sea conjunta y permanente. Que las organizaciones de mujeres esterilizadas se articulen con la sociedad civil y con las ONGs feministas así como con el movimiento de derechos humanos per se y con los colectivos artísticos que han puesto el tema de nuevo en plena vigencia. Esto quiere decir también que la lucha del feminismo podría integrar a la sociedad civil, cosa que hoy lamentablemente se encuentra disociada. Proyectos como Quipu, Artículo 6 y el movimiento Alfombra Roja Perú que desde el arte y el activismo aportan a la lucha conjunta podrían participar dentro de una agenda bien articulada.
Al hablar del caso de esterilización forzada estamos hablando del mayor crimen cometido desde el genocidio conquistador contra nuestra población rural sobre todo contra las mujeres, y sus implicancias van incluso mucho más allá de lo que ya revelan las contundentes cifras. Por ello, es sin duda importante exigir que el caso sea narrado como parte de la historia del Perú a través de los lineamientos generales de la educación nacional y dentro de la agenda de educación sexual. El feminismo podría también crear nuevas alianzas internacionales que, como señala Tamayo, permitan ejercer el derecho universal de compensación del daño sufrido. Esto además de los esfuerzos privados que deberían ser apoyados por el Estado como parte de su política de reparación y búsqueda de justicia.
Alejandra Ballón Guitiérrez
