OPINIÓN
Una década de machismo: 658 asesinadas. Éste es el titular con el que El País titulaba un extenso artículo el pasado 20 de marzo.
Una cifra insoportable, detrás de la cual hay mujeres de carne y hueso que han perdido la vida, criaturas que han quedado huérfanas, familiares desconsolados y un hombre asesino.
Una cifra que, de hecho, ya conocíamos, porque cada año los medios de comunicación trasnmiten los datos: 54 asesinadas en el año 2013, 52 en el 2012, 61 en el 2011. Pero sumando los diez años, somos mucho más conscientes de la magnitud del problema.
Los asesinatos son la punta del iceberg de la violencia existente contra las mujeres. Recordemos los datos de la macroencuesta que efectuó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad el año 2012: un 10,9% de las mujeres encuestadas decían haber padecido violencia en algún momento de su vida (equivalente a 2.154.705) y un 3% decía estar siendo maltratada (equivalente a 595.038 mujeres). La encuesta realizada a escala de la Unión Europea y que se ha dado a conocer recientemente, muestra que una de cada cuatro mujeres ha padecido violencia física o sexual. Y estos datos no incluyen las múltiples formas de micro-violencia que se dan en el día a día y que no son denunciadas. La persistencia de actitudes patriarcales, que contrasta con la autonomía y libertad conseguida por las mujeres, explica esta situación. La raíz de todo ello está en la incapacidad de algunos hombres en aceptar que las mujeres tienen los mismos derechos y libertad que ellos mismos. Imbuidos de la lógica patriarcal no pueden admitir que quien es o ha sido su pareja tenga vida propia, pueda tomar decisiones por su cuenta y pueda también optar por cortar la relación. Su masculinidad se siente cuestionada si no pueden controlar y dominar a las mujeres de su entorno. La vida de las mujeres ha cambiado mucho, pero hay mentalidades que no han cambiado nada.
Pronto hará diez años que se aprobó la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y poco después todas las Comunidades Autónomas aprobaron sus propias leyes para fortalecer las medidas de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia (en el caso de Cataluña, la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista). España se situó así entre los países más avanzados en este terreno. Un estudio del Consejo de Europa del año 2010 subraya el esfuerzo hecho en legislación, creación de juzgados especializados, recursos (346 millones de euros el 2010, y sólo 3,6 en Francia, servicios asistenciales (2.896 plazas de acogida), programas para el agresor (193 en España, 2 en Reino Unido) y campañas de sensibilización. Hay que dar valor a la magnitud de las medidas que se pusieron en marcha y al consenso que tuvieron. También hay que dar valor al conocimiento y sensibilidad sobre esta cuestión de una parte de la ciudadanía gracias al papel de los medios de comunicación.
No sabemos cuántos asesinatos se han podido evitar con las leyes existentes hoy. En todo caso, el 31 de enero de 2014 había 15.419 mujeres con protección policial. Además, 5.461 hombres estaban en prisión por delitos de violencia de género. No hay pues impunidad para los agresores. Y habría que difundir más este hecho y tener conciencia de ello para generar más rechazo social contra los asesinos.
Pero a pesar de todos estos esfuerzos es evidente que se siguen produciendo asesinatos de mujeres y sigue habiendo maltratos. Diferentes factores pueden incidir en ello.
Uno de ellos es que desgraciadamente diez años son pocos para erradicar actitudes patriarcales que están profundamente arraigadas. La asistencia y protección a las víctimas, la prisión para el agresor, la recuperación de una vida normalizada, los programas de sensibilización son medidas necesarias e imprescindibles pero, para poner un símil del ecologismo, son actuaciones en el final de la tubería. Mientras no se modifiquen los patrones de género que sustentan las formas de desigualdad y poder patriarcal, difícilmente se conseguirá erradicar la violencia machista. Y en este sentido hay que hacer actuaciones en profundidad: en la educación, en los medios de comunicación, y en todo aquello que genera desigualdades entre hombres y mujeres.
Otra dimensión se relaciona con la crisis económica, que convierte a muchas mujeres en dependientes de su pareja y la violencia puede agravarse en situaciones extremas. Ésta es la interpretación que se da al descenso en el número de denuncias que, desde el año 2008, caen de forma sostenida (142.125 denuncias el 2008; 128.477 el 2012). Y es alarmante que ante el riesgo objetivo de incremento de la violencia estén disminuyendo los dispositivos de protección. A 31 de agosto de 2012, 17.070 mujeres tenían medidas de protección policial, mientras que poco más de un año después, a 31 de enero de 2014, disminuyen a 15.419. Lo mismo sucede con los dispositivos electrónicos de seguimiento: de 787 pasan a 718.
Otro factor tiene que ver con las actuaciones políticas. El gobierno del PP ha rebajado la importancia política de la lucha contra la violencia de género y el actual gobierno se estrenó rebajando en un 71% los recursos para campañas de sensibilización. La Generalitat Valenciana cerró el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia. Y los recortes presupuestarios afectan a los dispositivos asistenciales de las Comunidades Autónomas, que han disminuido plazas de acogida, algunos programas y subvenciones a entidades especializadas. Una cierta relajación en estas cuestiones aleja del sentido y objetivos de la Ley Integral, lo cual abre brechas en que se cuela un machismo latente y difuso, comoes el caso de la reciente sentencia de un juez de Jaén obligando a una mujer a vivir con su maltratador, así como la reacción de jueces y magistrados contra la fiscal de Violencia contra la Mujer por las declaraciones que hizo al respecto.
Finalmente hay que mencionar el incremento de brotes machistas, que cuestionan las leyes y su aplicación, poniendo énfasis en las supuestas denuncias falsas, inventado un síndrome de alienación parental que médicamente no existe, y denunciando un supuesto complot de género para vengarse de los hombres. Todavía recuerdo las palabras de un personaje que había sido Defensor del Pueblo Andaluz diciendo que“ la Ley Integral era la culpable de que hubiera hombres en la cárcel”.
Todas estas dificultades no han de ocultar la importancia de unas consecuciones sociales y políticas en la lucha contra la violencia de género y que el movimiento feminista consiguió situar en la agenda política. Hay que exigir la aplicación de las leyes y proteger a las mujeres más vulnerables. Pero en una situación como ésta hay que ir más allá. Hay que conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Y que la violencia sea tratada como una vulneración de derechos fundamentales. No se trata sólo de un problema social: hay que situar la lucha contra la violencia de género como una verdadera cuestión de Estado.
