El 6 de junio se realizó en San Sebastián la Jornada Inmigración y violencia machista, organizada por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco, que tuvo entre sus objetivos analizar los factores de exclusión y discriminación que vulneran la condición y posición de las mujeres frente a la violencia machista, y más aun en mujeres que viven contextos de migración, además de visibilizar algunas propuestas que pueden fortalecer las estrategias e iniciativas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin duda, podemos afirmar que la violencia machista es un problema estructural cuya causa principal es el sistema patriarcal, que sustenta su poder en el control que ejerce sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, es decir, se las considera propiedad de los hombres. No existen causas de la violencia contra las mujeres, más que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. El alcoholismo, las enfermedades mentales, las drogas, la pobreza, la falta de educación no son las causas o factores de riesgo. El factor de riesgo es ser mujer es una sociedad que discrimina a las mujeres. Por tanto, la violencia contra las mujeres es una violencia específica, por la causa, por las manifestaciones, por las dinámicas.
El análisis y las soluciones a la violencia contra las mujeres han de partir de esa especificidad, del desbalance de poder, no de la violencia en forma abstracta o general. Esta violencia no es privativa sólo de un sector de mujeres (las pobres, las excluídas), sino que atraviesa todos los niveles: el social, político, económico y cultural. Es decir, se da en cualquier contexto que delimita la vida de las mujeres: el laboral, la clase social, la etnia, la migración, la religión, etc.
Miguel Angel Mateo, profesor titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante, señaló que “la violencia contra las mujeres no nos ha de ser indiferentes, sobre todo por dos principales motivos. Primero, porque se trata de una situación de urgencia humanitaria debido al feminicidio y, segundo, porque atenta contra la dignidad humana pues nada puede justificar su existencia, menos los factores de exclusión. Las cifras del 2011 son esclarecedoras, 106 mujeres asesinadas en ese año, y hoy en el 2012, hasta la fecha, 6 de junio, ya van 51 mujeres asesinadas”.
“La violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja es quizá la violación de derechos humanos más habitual, que permanece silenciada e impune. La cara más visible de esta violencia son los femicidios que cada año se cobran la vida de entre 60 a 80 mujeres en el conjunto del Estado español”, señaló la jurista e investigadora, María Naredo. En esta realidad, se ha hecho más evidente la cifra de mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o exparejas masculinas. Naredo señala que “según datos oficiales, la tasa de mujeres extranjeras asesinadas es cinco veces superior a la de las españolas”.
Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 214 millones es el número estimado de personas migradas internacionales a nivel mundial. 3.1% es el porcentaje de la población mundial constituido por personas migrantes. Es decir, hoy una de cada 33 personas en el mundo es una persona migrante. Las personas migrantes constituirían el quinto país más poblado del mundo. De las cuales el 49% son mujeres. Esta realidad hace énfasis en la necesidad de visibilizar específicamente la violencia machista en el contexto de la migración.
Tal como se está gestionando la migración en países como España, desde verla como un problema social, de considerar a las personas migradas como ciudadanas de segunda categoría o mantenerlas en situación de irregularidad, de considerarlas responsables de la crisis, de promover la precariedad laboral de las mujeres o restringir cada vez más las normativas de extranjería, se genera un contexto adverso que puede poner en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres migradas frente a la violencia machista.
Aun así, es imprescindible aclarar que la situación de vulnerabilidad de las mujeres migradas frente a la violencia machista, para nada debe hacer alusión a que las condicionantes de esta vulnerabilidad llegaron sólo con ellas desde su país de origen, de su cultura y que por tanto la violencia contra las mujeres migradas es debido a las tensiones que se producen en los cambios de roles, cuando asumen el rol de proveedoras y ya no dependen económicamente de sus parejas, sino más bien al contexto del país de destino. Para la jurista María Naredo, “se ha de hilar fino en el análisis de las causas que contribuyen mayor riesgo de este sector de mujeres y destacar el impacto que normas, políticas y prácticas administrativas del Estado receptor de migración pueden tener en la creación de condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia machista”
Naredo se pregunta si las normas y políticas en materia de violencia de género y extranjería desarrolladas por el Estado español en los últimos años han promovido condiciones de empoderamiento o de vulnerabilidad frente a la violencia machista.
Si bien existen algunos aspectos positivos en las política públicas, por ejemplo, la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, Ley 1/2004) que establece un principio de “no discriminación” en el acceso de las mujeres a los derechos, y reconoce que las mujeres migradas presentan obstáculos añadidos para salir de la violencia de género que los poderes públicos debían eliminar. O como en la normativa de Extranjería que otorga una autorización de cinco años de residencia y trabajo dirigida a mujeres migradas víctimas de violencia de machista y sus hijos e hijas dependientes de ellas, tanto reagrupadas por sus agresores como en situación irregular, lo cual facilita el acceso posterior a una autorización de residencia permanente, aun existen mecanismos que vulneran los derechos humanos de las mujeres en las normativas.
Por ejemplo, según la normativa de Extranjería las mujeres migradas en situación irregular no pueden acceder a cualquier ayuda económica de las previstas para las víctimas de violencia de género, además de generar en ellas miedo a que la denuncia al agresor tenga consecuencias sancionadoras por estancia irregular. Pues según la normativa se puede dar apertura de expediente de expulsión a las mujeres migradas en situación irregular que, tras denunciar por violencia de género, no logren acreditar los hechos en el proceso penal. Y es que la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer, que propicia que buena parte de las denuncias no termine en sentencia condenatoria, y por tanto, este mecanismo no protege los derechos humanos de todas las mujeres. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el 49% de las denuncias por violencia de género en 2010 fueron archivadas y cerca de la mitad de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en la materia, en el mismo año, fueron absolutorias.
De otro lado, con la reforma sanitaria Española de recortar la atención básica a las personas en situación de irregularidad, dificultará la protección de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista que viven en España, pues quedarán excluidas del sistema de salud y no podrán aportar pruebas imprescindibles en caso de que necesiten una orden de alejamiento de su agresor.
Frente a esta situación, la Fundación Indera hizo énfasis en algunas formas de prevenir la violencia machista contra las mujeres migradas a nivel personal, profesional, educativo, comunitario y reivindicativo. A nivel personal se enfatizó en la necesidad de entender que la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, es la lucha contra el patriarcado. Que es necesario abordar el amor romántico y poner en práctica el amor desde una perspectiva del desapego, el diálogo, la confianza mutua, la corresponsabilidad, desde la autonomía y la no dependencia. Que se han de fortalecer las capacidades y habilidades sociales y personales en la resolución de conflictos e interactuar con mujeres de diversos orígenes para generar sinergias desde el reconocimiento y la revaloración de sus capacidades.
A nivel profesional se hizo un llamado a que el funcionariado y personal técnico que trabaja en la prevención de la violencia machista ha de entender que las mujeres que viven situaciones de violencia machista no son cifras, o casos, son seres humanas, sujetas de derechos. Que la práctica profesional debe dejar de ser asistencialista, victimista y etnocéntrica, que se han de implicar desde la indignación (movilizar el corazón y no sólo la razón), no desde la neutralidad sino desde la empatía, tener capacidad de escucha y de diálogo intercultural horizontal con las mujeres. Porque la superación de la violencia requiere una profesional activista y comprometida, no un analista de su casos o que se mantiene al margen y finalmente impregnar de la ética feminista la práctica profesional.
A nivel educativo, se hizo énfasis en generar procesos de fortalecimiento de capacidades y risilencia de las mujeres migradas en sus propios espacios organizativos. También en que es imperativo superar el currículo androcéntrico y etnocéntrico y promover una coeducación desde la perspectiva intercultural. Además, abordar a jóvenes y adolescentes con dinámicas participativas que motiven la cohesión intercultural y prácticas inclusivas e igualitarias y promover acciones de empoderamiento de las mujeres migradas que revaloren y visibilicen sus estrategias de resistencia hacia la violencia contra las mujeres y les generen capacidades y habilidades para hacer valer sus derechos.
Desde la acción comunitaria también se dieron algunas pautas como el generar redes sociales de apoyo mutuo entre mujeres en grupos multiculturales, el posibilitar espacios propios para las mujeres migradas y contribuir a visibilizar nuevos referentes de mujeres migradas, con voz propia y autonomía, que puedan participar activamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y poner en práctica la cohesión social desde la interculturalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género.
Finalmente desde la acción reivindicativa se expresó la necesidad de que la ciudadanía no esté condicionada a papeles y mecanismos administrativos, sino que sea inherente a la condición humana de las personas, sobre todo de las mujeres migradas, que se promuevan espacios de incidencia y denuncia desde las organizaciones de mujeres migradas desde sus propias iniciativas, de hacer incidencia con los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos para poner en cuestión la violencia contra las mujeres y evidenciar que es un problema estructural y que alimenta el sistema patriarcal e implicar a mujeres de diversos orígenes en acciones reivindicativas con protagonismo propio y visibilidad pública y política.
Y como bien dice Victoria Sendón León, “debemos romper con los estereotipos culturales que quieren que la violencia contra las mujeres se asuma como violencias “familiares”, y se mantengan entre las cuatro paredes de la casa y no se denuncien, y se muestre el silencio como factor más importante de perpetración e impunidad de estos delitos”. Porque Una vida sin violencia es un derecho humano fundamental.
