El asesinato de una concejala indígena impulsa una ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres en Bolivia
En 12 años se registraron 13 mil denuncias de mujeres. La nueva norma establece penas de 2 a 8 años de cárcel para los infractores
El asesinato de Juana Quispe, una concejala indígena del pueblo de Ancoraimes del altiplano boliviano, desarchivó el proyecto de Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres y, luego de 11 años de haberse presentado, esta semana ha sido aprobado en la Cámara de Diputados de Bolivia y se espera un rápido tratamiento en el Senado y su posterior promulgación.
Con un constante acoso, amenazas y violencia, a Juana Quispe, de 41 años, por 20 meses se le impidió ejercer el cargo de concejala y finalmente pudo desempeñar la función que por voto popular le correspondía por solamente un mes. El 12 de marzo de este año su cuerpo fue encontrado a la orilla de un río de la ciudad de La Paz, había sido ahorcada.
Este caso no es el primero, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) ha informado que en 12 años se han recibido más de 13 mil denuncias de acoso y violencia política ejercida contra autoridades ediles mujeres. Estas denuncias son hechas verbalmente en su mayoría, ya que sólo existen 240 escritas y documentadas. Las agresiones fueron realizadas por varones en el 67% de los casos, mientras que el 33% las ejercieron otras mujeres.
Estas denuncias se refieren a amenazas, acoso, violencia sexual, impedimento para ejercer el cargo, impedimento a hacer uso de la palabra, no poder cobrar sus sueldos, entre otros.
Por ley, en Bolivia las candidaturas para cargos municipales deben ser paritarias entre hombres y mujeres. Cuando las concejalas son elegidas, muchas veces son impedidas de ejercer los cargos, hecho que se produce principalmente en poblaciones rurales, tal como lo documenta Acobol, donde el machismo es más acentuado y donde la principal autoridad la ejerce el Alcalde y “los” concejales.
El proyecto de Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres fue presentado el año 2001 y tardó tres legislaturas en ser atendido. Agrupaciones defensoras de la mujer valoran esta ley, pero critican que la comisión legislativa, integrada mayoritariamente por hombres, haya reducido las condenas máximas.
Respecto al acoso político, la norma establece: “Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer y/o de sus familiares durante o después del proceso electoral, electa, designada o en el ejercicio de la función política-pública, que impida el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.
En cuanto a la violencia política, afirma: “Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política-pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de la función política-pública, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a ocho años”.
Si bien los datos indican que se registran mayores casos de acoso y violencia política en las poblaciones rurales, éstos también se presentan en niveles más altos, ya que, al parecer, actos de agresión machista están normalizados.
Hace pocas semanas, varios medios mostraron cómo, haciéndose el gracioso, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra –la segunda ciudad más importante de Bolivia-, Percy Fernández, manoseaba en un acto público a la ex presidenta del Consejo Municipal, Desirée Bravo, cuando ella hacía uso de la palabra. Ella, se piensa que midiendo consecuencias políticas, dijo que él, que era como un padre para ella, en realidad estaba quitándole un papel que se le había pegado al pantalón a la altura del trasero.
El presidente Evo Morales fue protagonista de una celebración carnavalera tradicional en la que se cantan coplas “picantes”, muy tradicionales y muy machistas, en las que, en medio de risas de sus acompañantes hombres y mujeres, dijo cantando que se llevaba a la cama a dirigentes indígenas y que les quita el calzón a sus ministras. Ante las críticas recibidas, posteriormente se disculpó.
La Fiscalía investiga lo ocurrido con Juana Quispe, una mujer indígena que forjó su presencia política a codazos en una pequeña población del Altiplano de Bolivia. Su muerte, al parecer, servirá para que otras mujeres tengan un instrumento legal con el cual defender su derecho a la participación política activa.
(Con información de publicaciones de: La Razón, La Prensa y Oxígeno)
